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    Se les espera en Río Negro el 25, 26 y 27 de enero de 2007


    Introducción

    En Mayo del 2004 se efectuó en Iquique el Primer Encuentro Nacional e internacional de Ex Prisioneros Políticos de Chile, vinculado al término de recepción de antecedentes por la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura y la urgencia de aunar criterios en materia de Reparación Integral a las víctimas de la prisión y tortura.

    Se logró hacer un amplio análisis de la precaria situación en que se encuentran las víctimas, a pesar de que la legislación humanitaria internacional obliga a garantizar en la legislación la reparación y el derecho a una indemnización justa y adecuada, unida a los medios para su rehabilitación lo más completa posible. Con mucha claridad concluimos que la indemnización es un derecho irrenunciable y que el Estado de Chile sigue en deuda con nosotros los ex prisioneros políticos de la dictadura militar de Pinochet.

    El Segundo Encuentro celebrado en Octubre de 2004 bajo un ambiente muy fraterno en Osorno fortaleció nuestra organización, clarificando nuestros objetivos. Sin embargo, nuestras aprensiones se vieron confirmadas al legislarse apresuradamente otorgando una reparación incompleta y exigua, austera y simbólica, que frustra nuestras expectativas y derechos. La estrategia de lucha acordada en Osorno mantiene su vigencia: demandar judicialmente la indemnización que corresponde, pensando llegar a la Corte Interamericana.

    El Tercer Encuentro convocado en Tomé, en enero de 2006, analizamos el nuevo escenario luego de la elección presidencial. Acordamos insistir frente a la clase política que no admite mayor espera una digna solución legislativa. Para ello es preciso que la Presidenta Bachelet patrocine un nuevo proyecto de ley de Indemnización, que asuma la enorme deuda con los ex prisioneros políticos y satisfaga nuestras justas reivindicaciones. No hacerlo, constituye una violación permanente del Estado chileno a Tratados y Convenciones Internacionales de Derechos Humanos.

    Se estableció como eje central de la política de la UNEXPP, el reconocimiento y derecho a una indemnización justa y adecuada a las víctimas de la prisión política, en armonía con los instrumentos internacionales de DD.HH., e incluso teniendo en cuenta la normativa constitucional chilena al respecto.

    Se hizo hincapié en la distinción existente entre Pensiones e Indemnizaciones, argumentando que la naturaleza de una y otra son totalmente diferentes, tanto en la forma que estas se entregan, como en la heredabilidad de las mismas. Por esta razón, se señala que una política de reparación consecuente con los tratados internacionales no puede sino velar por indemnizar todo daño causado producto de los tratos crueles, inhumanos y degradantes que conlleva la prisión política. Se recalcó que estas exigencias de reparación son solamente el ejercicio del derecho legítimo que posee toda víctima de estos actos. Solicitar judicialmente las indemnizaciones pertinentes no es sinónimo de contrariar al gobierno de turno, sino que se trata simplemente de exigir al Estado chileno que cumpla con su responsabilidad.

    Se escoge mantener la línea de movilización judicial como medio de presión para que se dicte una Ley de Indemnizaciones. Las demandas que se presentan para obtener indemnizaciones justas y adecuadas son la concreción de la vía judicial que hemos estado siguiendo. Se hace hincapié en las permanentes trabas que el CDE ha puesto a las demandas colectivas de las víctimas. Se explica que nuestro propósito es agotar las instancias jurisdiccionales nacionales para que, de producirse “denegación de justicia”, finalmente, sean las Cortes Internacionales quienes obliguen al Estado chileno a otorgarnos la indemnización justa y adecuada, correspondiente.

    Modificación sustantiva de la Ley 19.992: Se señaló que una reparación integral hace imperativo modificar los graves errores, falencias y omisiones de este cuerpo legal. Profundizando este punto, se reclama que se debe reparar a las víctimas por medio de indemnizaciones, y no solo mediante pensiones que no cumplen este fin. Por esta razón, es una farsa la manipulación de términos que ha realizado el gobierno al hablar de “pensiones reparatorias” austeras y simbólicas, ya que dicho fin puede sólo ser cumplido legislando para que se otorguen indemnizaciones justas y adecuadas a las víctimas (art.14 de la Convención Internacional contra la Tortura y Otros Tratos Crueles Inhumanos y Degradantes). Por otra parte, se hace hincapié en exigir que el otorgamiento de los beneficios sea extensivo a viudas y familiares directos de quienes sufrieron prisión política, que los beneficios sociales entregados sean compatibles, exigiendo que las pensiones entregadas por distintos motivos sean sumatorias y no electivas.

    Constituye un hecho gravísimo, además, que se haya establecido un verdadero encubrimiento oficial al decretar por 50 años el secreto sobre los antecedentes recogidos por la Comisión Valech y la información relativa a los nombres de los torturadores y los centros de detención en que actuaron.

    Asimismo, se planteó que en el proyectado Instituto Nacional de Derechos Humanos se otorgue una representatividad relevante a las organizaciones de ex prisioneros políticos; y que, al mismo tiempo, dicho Instituto se transforme en un canal permanente de recepción de testimonios y reconocimiento de las víctimas de prisión política y tortura de la dictadura, que les permita acceder a los derechos y beneficios que corresponden. Es una inconsecuencia parcelar la investigación de la Verdad en plazos restringidos.

    Se reafirmó la idea de que se legisle para un cambio del procedimiento de los juicios civiles que demandan la responsabilidad del Estado en el terreno que nos interesa, con el fin de evitar ceñirse a las normas del lato juicio de hacienda, y hacerlo en cambio bajo el procedimiento sumario, modificando para ello la Ley de Bases Generales de Administración del Estado. La Justicia civil tiene procedimientos excesivamente engorrosos y que eternizan la espera de las víctimas que demandan reparación en graves violaciones a los derechos humanos esenciales. El objetivo es obtener mayor celeridad en la resolución de nuestras demandas. Se propone hacerles llegar nuestras propuestas a parlamentarios, haciéndoles ver el deber moral de legislar al respecto;

    Prisión política y tortura: Se hace hincapié en hacer ver la prisión política y la tortura como elementos inseparables de una práctica represiva sistemática. Se hace énfasis en la real dimensión que tuvo la prisión política en la persona de quienes la sufrieron, truncando proyectos de vida en el más amplio de sus sentidos, y dejando secuelas que no necesariamente son constatables mediante marcas físicas. De esta forma, no podemos sino asimilar la prisión política a una forma típica de tortura.

    En el Cuarto Encuentro celebrado en Panguipulli, provincia de Valdivia, reiteramos frente al Gobierno, la clase política y la ciudadanía, que no admite mayor espera una solución legislativa. Reclamar nuestro DERECHO no es una actitud meramente economicista, es una protesta fundada en la Justicia que se nos ha estado negando. Por eso, es necesario reaccionar con mayor fuerza, recordar que la Presidente Michelle Bachelet prometió que propiciará todas las medidas de reencuentro y reparación que sean necesarias y que su gobierno seguirá apoyando a las víctimas y sus familiares. Concretamente, admitió que “si alguno de los programas de reparación presenta falencias o requiere perfeccionamientos, se mejorarán”.

    Se estudió y aplaudió la Resolución 60/147 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, adoptada el 21 de marzo de 2006. Dicha resolución de la ONU establece principios y directrices básicos para todos los Estados del Mundo referente al trato que deben recibir las víctimas de graves violaciones a los Derechos Humanos en materia de acceso a una justicia rápida y eficaz para reclamar una reparación digna. En ella se establece claramente los diferentes rubros que comprende la reparación y en qué debe consistir y se explicitan concretamente los derechos a Restitución, Compensación, Indemnización, Rehabilitación, Garantías de No Repetición, etc. En mérito a ello se acordó preparar una propuesta de reforma procesal civil que favorezca a las víctimas y les permita acceso a un procedimiento rápido para hacer valer su derecho a una reparación completa, estableciendo categóricamente que el Estado no puede eximirse de reparar con el innoble pretexto de que ya ha transcurrido mucho tiempo desde que se cometieron los crímenes de lesa humanidad. Tales crímenes están fuera de toda prescripción que extinga la responsabilidad.

    Al mismo tiempo, en el Encuentro de Panguipulli, ratificamos la Plataforma Unitaria de reparación acordada en el evento Regional celebrado en Puerto Montt, en que se contiene las aspiraciones reivindicativas básicas de los ex prisioneros políticos.

    Consideramos que la movilización es una herramienta central para lograr nuestros objetivos. Por lo tanto es de suma importancia que las organizaciones tomen en cuenta los siguientes aspectos: Fortalecer cada una de las Organizaciones existentes dentro y fuera del País a través de la comunicación e información permanente, creando equipos de trabajo dentro de cada una de las orgánicas de acuerdo a las áreas definidas en éste y otros encuentros. Crear organización en todos aquellos lugares donde no existen aún e invitar a todos los compañeros EXPP a incorporarse a nuestra lucha. Fortalecer las demandas civiles en contra del Estado como una forma de presión política para lograr nuestros objetivos. Cada demanda que se presente debe ser acompañada de movilizaciones a nivel nacional y en forma concertada. Ante la necesidad de estar siempre presente en la opinión pública se deben realizar acciones planificadas y concertadas a nivel nacional e internacional. Estar presente en los medios de comunicación social como; radio, prensa, TV e Internet. Buscar formas de protesta creativas formando equipos especiales para eso, que llamen la atención a la opinión pública y al gobierno, además socializarlo con otras organizaciones hasta lograr nuestros objetivos. Comprometer a autoridades y parlamentarios en apoyo a nuestra propuesta, en particular la reforma procesal civil que nos garantice acceso a Justicia rápida y eficaz para recibir la reparación que nos corresponde. Ello requiere intensificar los contactos y relaciones de nuestra organización en todas las localidades
    Objetivos específicos del Encuentro de Río Negro

    El objetivo de este Quinto Encuentro es precisamente reclamar y denunciar la postergación injustificada a las víctimas sobrevivientes de las prisiones de la dictadura. Denunciar, nacional e internacionalmente como se atropellan Tratados y Convenciones de Derechos Humanos suscritos y ratificados por Chile. Estudiaremos el modo de ampliar nuestras acciones de movilización en defensa de nuestros derechos. Desde el extranjero, debe surgir también una solidaria presión internacional para que Chile respete sus compromisos en Derechos Humanos en orden a indemnizar en forma adecuada y justa a todas las victimas, como manda la Resolución 60/147 de la Asamblea de la ONU..

    En Chile no debemos permanecer impávidos frente a cada nueva postergación de nuestras expectativas y derechos, sino denunciar cómo nuestro tema se ha ocultado deliberadamente, se nos ignora e incluso se afirma con desvergüenza por autoridades de Gobierno a los medios informativos que “Chile como ningún otro país ha reparado los perjuicios y los daños cometidos”. Estamos viendo ahora cada mes sentencias de Cortes de Apelaciones que rechazan las demandas civiles interpuestas por familiares de las víctimas, aduciendo prescripción o acogiendo la excepción de incompetencia formulada por el Consejo de Defensa del Estado, en juicios que ya llevan 21 años de tramitación. Por su parte, la sala Penal de la Corte Suprema está variando su posición a favor de los criminales, cuando acoge la prescripción incluso en casos de secuestro calificado, como en el llamado episodio Río Negro, del que son víctimas los hermanos Barría Bassay detenidos desaparecidos. La responsabilidad de esto no es sólo de la administración de justicia, sino que es compartida también por los poderes Ejecutivo y Legislativo que siguen haciendo caso omiso de sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que prohibe a nuestro país se aplique la prescripción en estos crímenes y ello se garantice en la legislación chilena.

    De ahí que es cada día más urgente trabajar todos juntos CON CLARIDAD para que nuestros derechos sean reconocidos y garantizados en la legislación, como manda entre otras la Convención contra la Tortura. Más que nunca se requiere de una real UNIDAD de todas las víctimas sobrevivientes y familiares de las víctimas, constituyendo un frente común para enfrentar las iniquidades e inconsecuencias. En materia de reparación será indispensable que todos los sectores perjudicados exijamos que la ley chilena establezca la imprescriptibilidad de las acciones judiciales por crímenes de guerra o de lesa humanidad y se facilite a toda víctima o sus familiares acceso una justicia rápida y eficaz para obtener una real e idónea reparación.

    Hay que activar nuestra presión nacional e internacionalmente para que se conozca el atropello a los derechos humanos que por omisión y negligencia han estado cometiendo los gobiernos post dictadura. La ley Valech es fruto de un compromiso entre el presidente Lagos y el general Cheyre para cerrar el tema de la tortura con una reparación miserable a cambio del secreto del nombre de los torturadores por cincuenta años. En nuestro país gozan de plena impunidad los torturadores. Haremos el llamado a acciones, tanto nacionales como en el exterior, que contribuyan a que se nos haga Justicia

    O.N.G. Corporación “UNExPP DE CHILE”y Agrupación de Ex Prisioneros Políticos de Río Negro

    PROGRAMA DEL QUINTO ENCUENTRO

    “GUIDO Y HÉCTOR BARRÍA BASSAY”

    Viernes 25:

    10,00 horas: Desayuno. Recepción, acreditación y ubicación de Delegados.

    Entrega del Programa y carpetas.

    13,00 horas: Almuerzo

    Palabras de bienvenida y presentación de los delegados y participantes.

    15,00 horas Cuenta de la Directiva Nacional

    15,45 horas: Cuenta de organizaciones regionales y locales

    17,15 horas: Discusión y aprobación de la Cuenta

    17,45 horas: Café y galletas

    18, 15 horas: Primer panel. El tema Jurídico.

    Legislación en Derechos Humanos. Derecho Internacional Humanitario

    20,00 horas: Cena

    Sábado 26:

    O8,00 horas: Desayuno

    O9,30 horas: Segundo Panel. Reforma procesal civil. Acciones Judiciales, demandas

    11,30 horas: Tercer Panel. Movilización

    13,00 horas: Almuerzo

    15,00 horas: Redacción de propuestas de acuerdo en cada panel

    17,00 horas: Café y galletas

    17,30 horas: Inicio de la Plenaria. Lectura de propuestas de los paneles, discusión y acuerdos

    20,00 horas Cena. Programa de esparcimiento

    Domingo 27:

    8,30 horas: Desayuno

    9.00 horas: Plenaria.

    Conclusiones finales y acuerdos del Cuarto Encuentro. Saludos

    13,00 horas: Almuerzo de clausura del Encuentro y convivencia

    Tarde Programa de esparcimiento

    Despedidas y Regreso
    Todas las reuniones, alojamiento y comidas serán en el liceo Mixto José Toribio Medina de Río Negro, ubicado al lado del túnel de acceso a Río Negro. Comunicar nombres de delegados hasta el 20 de enero 2008. Cuota de participante $4.000.- (gastos de viaje por cuenta de cada uno); se debe traer sus sábanas
    Teléfonos de contacto: Elizabeth Montecinos, Río Negro (64) 362858 y cel. 09-8476122;

    Víctor Rosas, Santiago (02) 6643676;

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