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    Conmoción causó entre los transeúntes que cruzaban la plaza Irarrázabal, la gran cantidad de carteles y letreros que señalaban, entre otras cosas, “Queremos a Bachelet”, “Tenemos hijos” o “No nos quieten las casas”; algunos de ellos ubicados en las puertas del municipio.

    Quienes protestaban eran los vecinos de la población Argentina, del sector Pompeya Norte, quienes recibieron una orden de lanzamiento emanada del tribunal, ante una querella interpuesta por la Sucesión Doré, propietarios históricos de los terrenos donde se ubican sus viviendas.
    Los hechos se remontan al año 1999 cuando los vecinos de la población Argentina comenzaron a regularizar su situación habitacional, ellos comentan que “no somos de una toma, ya que la Junta de Vecinos de la población nos permitió ocupar esos terrenos”. Los trámites de regularización comenzaron en el municipio, continuando en el Ministerio de Bienes Nacionales. Ese año, a las familias que viven en el sector les fueron entregados sus Títulos de Dominio de los terrenos que habitaban, posteriormente los inscribieron en el Conservador de Bienes Raíces.
    Hasta ahí, todo bien. Salvo un pequeño detalle, como lo comenta la presidenta del comité, Jacqueline Briones, “luego de entregarnos los Títulos de Propiedad, nadie en Bienes Nacionales, ni en la SEREMI, acá en Valparaíso, nos señaló que los antiguos dueños tenían plazo un año para demandar por sus terrenos y faltando un día para que se cumpliera el plazo, un abogado lo presentó y ahora estamos como usted nos ve”, señala apesadumbrada.
    En efecto, la Sucesión Doré, por medio de sus abogados, presentó una demanda por apropiación de terrenos, inscripción fraudulenta de las viviendas en el Conservador de Bienes raíces, y solicitó la restitución inmediata de los terrenos ocupados, los que según la dirigente, “eran terrenos pelados que no valían nada. Nosotros, con nuestro esfuerzo, les pusimos agua, luz, alcantarillado y hemos arreglado el sector que antes era un peladero”.
    Los vecinos, por medio del municipio, participaron en una reunión de urgencia solicitada por el alcalde Mauricio Viñambres, en la que participaron el Gobernador Provincial, Ricardo Bravo y el SEREMI de Bienes Nacionales, Rodrigo Uribe, junto a representantes de la sucesión, para buscar una solución al problema. De partida, los abogados defensores de los vecinos lograron una prórroga para el desalojo, mientras se encuentra una solución definitiva.

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