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    Graves denuncias realizó a este medio la ex asesora jurídica de la Prefectura de Carabineros de Aysén, Paula Cubillos.

    Según afirma, en 2016, como integrante del Departamento de Defensoría Administrativa (J3) de la institución, fue hostigada para ocultar hechos irregulares que involucraban al jefe de Zona de la época, Gerardo Concha, acoso que la afectó emocionalmente al punto de perder un bebé en gestación.

    La situación se habría generado cuando la abogada participó en la defensa del cabo primero Germán Sepúlveda, quien sufrió un accidente al manipular químicos de limpieza en la casa fiscal del general, superior que desconoció el hecho y negó beneficios médicos para evitar sanciones de la Contraloría General de la República, indica la profesional.

    El uso indebido de funcionarios para labores particulares fue revelado en septiembre del año pasado por El Ciudadano. El caso llegó a manos de la Subdirección General de Carabineros y motivó un viaje inspectivo a la Región de Aysén por el general Nabih Soza, tercer hombre en la línea de mando.

    Durante su visita, el hoy contralor de Carabineros no solo tomó contacto con la abogada Cubillos, sino que también indagó la eventual existencia de una red de protección a favor de un prostíbulo relacionado con colombianos.

    Por Ley de Transparencia, El Ciudadano accedió a la investigación realizada por Soza, constatando que ningún oficial de Coyhaique fue interrogado.

    En sus conclusiones, la autoridad descartó que el night club “Acapulco”, indagado por supuesta corrupción de menores en una causa que la Fiscalía posteriormente archivó sin víctimas ni culpables, tuviera vinculación con personal de Carabineros.

    No obstante, en cuanto a la negativa del general Concha a pagar los costos del tratamiento médico del cabo accidentado, el dictamen confirmó la denuncia de El Ciudadano y observó que “inicialmente, no se advirtieron, por parte de la entonces Jefatura de Aysén, los alcances y consecuencias” de la lesión.

    LIBRE DE POLVO Y PAJA

    Todo lo anterior quedó en nada cuando el sumario llegó al escritorio del general subdirector Marcos Tello, quien optó por eximir de culpa al jefe de Zona.

    General Gerardo Concha Ortega.

    En la Resolución Exenta Nº 289 del 19 de diciembre de 2016, Tello colocó paños fríos al tema, señalando que las conductas del inculpado habían prescrito y la sanción no podía “hacerse efectiva”, ya que Concha había presentado su retiro voluntario.

    En conversación con este medio, la abogada Paula Cubillos sostuvo que el ex general de Aysén, reemplazado hoy por el jefe de Zona Máximo Lira, en realidad fue “sacado” de las filas por las denuncias que había en su contra.

    Enfatiza que ella no solo presentó documentos a la Dirección de Justicia de Carabineros alertando un acoso laboral de Concha, sino que también hizo presente apremios de índole sexual cometidos por el prefecto a esa fecha, Miguel Ángel Ortiz.

    Cubillos recuerda: “Una vez entré a la oficina del coronel, quien me dijo que hace tiempo quería hablar conmigo. Se acomodó en su silla y me planteó que me iba a molestar menos si me sentaba más cerca de él. También dijo que los permisos administrativos los tenía que ver con el mayor Picón”.

    El testimonio alude a Hans Picón, encargado de Finanzas de la Prefectura que fue citado en la investigación del “Pacogate” como el potencial proveedor de gastos reservados a la ex subsecretaria de Carabineros, Javiera Blanco.

    Picón sigue activo. No así el coronel Ortiz. Luego que este medio recordara una condena por violación a los derechos humanos contra el prefecto, involucrado en el baleo del menor Sergio Albornoz Matus en agosto de 1988, el oficial también se jubiló.

    VIOLENCIA PSICOLÓGICA

    Años de matrimonio llevaban Cubillos y el fiscal adjunto de Puerto Aysén, Pedro Poblete, cuando el clima laboral en Carabineros empezó a complicarse. “Todo lo que hacía, hasta como me vestía, era motivo de cahuín al interior de la Prefectura”, evoca la jurista.

    El tema sobrepasó los límites cuando el rumor de una presunta infidelidad comenzó a mermar su relación con el persecutor. “El comentario empieza en Carabineros y termina en manos de una asistente (del Ministerio Público), que se lo transmite a Pedro. En octubre él me interroga hasta las cinco de la mañana, como si fuera un imputado“, acusa.

    Cubillos relata que toda su vivencia en la policía fue comentada con el fiscal Poblete. Sin embargo, éste nunca le recomendó llevar sus denuncias a la Fiscalía: “Para él, la solución era que yo renunciara a Carabineros. El veía como yo lloraba constantemente y estaba cada vez más deprimida. Llegué a pesar 36 kilos”.

    En la actualidad está distanciada de su marido, quien hace días envío un documento al Tribunal de Familia de Puerto Aysén para prohibir que la abogada vea a sus hijos. “Carabineros destruyó mi vida laboral y familiar, y ahora él no me deja ser mamá. ¿Con qué cara defienden a Nabila Rifo?“, indica.

    Pedro Poblete Viejo, fiscal de Puerto Aysén.

    El Ciudadano consultó a la Fiscalía Regional de Aysén respecto a las medidas adoptadas por el fiscal Pedro Poblete “en su condición de funcionario público encargado de perseguir eventuales delitos”.

    Ello en vista de los posibles hechos de prevaricación que Cubillos dice haber presenciado y comunicado a su marido.

    Desde la Patagonia dijeron que “el contexto de los temas abordados se relacionan -en general- con la esfera familiar y privada de las personas, por ende la Fiscalía no emitirá comentarios“. Además, precisaron que “la Fiscalía no registra ni ha recibido denuncia alguna en relación a posibles hechos de violencia intrafamiliar psicológica hacia la Sra. Paula Cubillos”.

    CELULAR FISCAL

    Poblete no contestó el correo que enviamos a su cuenta institucional.

    En febrero de 2017, la abogada Cubillos reclamó formalmente ante el fiscal nacional Jorge Abbot por el supuesto uso indebido de un teléfono fiscal del Ministerio Público para insultarla con groserías. El hecho habría sido protagonizado por una funcionaria que trabaja con su esposo.

    En marzo, el fiscal regional de la época, Pedro Salgado, contestó que “la vida privada de Fiscales y funcionarios excede al ámbito de competencias de esta Fiscalía Regional y, en particular, de este Fiscal Regional, en la medida que no se afecte la gestión institucional”.

    Pese a ello, Salgado manifestó que en relación “al uso del dispositivo celular, efectivamente su utilización solo debe ajustarse al fin para el cual está destinado, razón por la cual este número ha sido actualizado monitoreándose permanentemente su utilización“.

    “Desde luego, lamento la situación personal y familiar, y por ello he sostenido personalmente entrevista de retroalimentación con las personas sobre las cuales se ha reclamado su actuar, con el objetivo de prever que situaciones de índole personal no deben, bajo ningún respecto, impactar en los procesos de trabajo propios de la Fiscalía local de Puerto Aysén”, concluyó.

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