Fue a raíz del millonario fraude al interior de Carabineros que el Ministerio Público y algunos miembros de la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados solicitaron aclarar la composición, funciones, objetivos y financiamiento de distintas corporaciones vinculadas a la institución, y que estarían exentas de ser fiscalizadas por la Contraloría.

Entre ellas, el Club Aéreo del Personal de Carabineros, la cual, en palabras del diputado Leonardo Soto, “maneja recursos gigantescos, administra y opera los aviones que tiene (la policía uniformada)… y lo hace con fondos fiscales, pero es una organización privada, y por consiguiente, en esa dualidad está el riesgo de que ocurran varios delitos vinculados a corrupción”.

A mediados de este año, la Fiscalía Metropolitana Oriente inició una investigación para dilucidar posibles irregularidades en el club detectadas por el Ministerio de Justicia y el Servicio de Impuestos Internos (SII) bajo la presidencia del subdirector Marcos Tello –en la fotografía-, general que abandonará la institución a partir de 2018.

Por mano de algunos testigos, el fiscal de la causa, Roberto Contreras, ha tenido acceso a nuevos antecedentes que darían cuenta de ilícitos de malversación y falsificación de instrumento público, abriendo nuevas aristas que podrían complicar a miembros del Alto Mando.

Documentos recabados por El Ciudadano constatan que la existencia de facturas fraudulentas y desvíos de dinero en la corporación, que por estatuto se financia con descuentos por planilla a cada funcionario activo -registrando cifras cercanas a los $46 millones mensuales durante 2017-, data al menos del año 1998.

En 2001, contradiciendo la versión que fue entregada a la comisión del “Pacogate” en lo relativo a la presunta carencia de atribuciones para auditar al Club Aéreo, la Subdirección General de Carabineros ordenó, mediante el Oficio (R) Nº 25 del 15 de marzo de ese año, que la Inspectoría General revisara la situación financiera del organismo, pudiendo verificar una serie de anomalías.

Según los archivos, el vicepresidente de la época, coronel Daniel Carrasco Sepúlveda, comunicó al mando que cuatro oficiales envueltos en la gestión del club habían sido incapaces de subsanar las numerosas inconsistencias reflejadas en el informe, demostrando “una mala administración, desorden, falta de control y fiscalización en los diversos niveles”.

La auditoría halló una compra irregular de 5.800 litros de bencina de 97 octanos, equivalente a 290 cupones de 20 litros, que no figuraba en las Actas de Entrega. El hecho involucró al entonces teniente coronel y gerente, Luis Crespo Zamorano.

Según el coronel Carrasco, Crespo no explicó “quién autorizó esta compra y cuál fue el destino del combustible, ya que el Gerente Administrativo actual, Teniente Coronel Sr. Manuel Salazar Gutiérrez, manifestó no haber recibido estos cupones”. Asimismo, “no quedó aclarado el consumo mensual de combustible que se compraba a granel directamente en Servicentro”.

La responsabilidad por esta adquisición de $2.335.695 también arrastró al oficial Andrés Pietrantoni Jara, quien habría suscrito “ingresos, egresos y traspasos del período comprendido entre el 16 de noviembre y diciembre del año 2000”, superiores a 50 UF, a espaldas del Presidente de la corporación, general Azis Saleh Saleh.

Otro oficial que recibió un llamado de atención por no respaldar documentalmente las decisiones adoptadas por el Directorio del Club Aéreo de Carabineros entre mayo de 1998 y diciembre de 1999, fue el teniente coronel de la época, Luis Tapia Gatica.

Además se cuestionó al capitán de Intendencia y tesorero, Carlos de la Cerda Valenzuela, quien no fundamentó la compra de tres relojes para Pietrantoni, Crespo y él mismo; el extravío de $1.127.386 en dólares -que debió restituir-, la entrega de $2.312.387 por la reparación de una techumbre sin contrato, y la inversión no cotizada de $5.890.572 en trabajos de limpieza.

De la Cerda tampoco logró explicar un sobreprecio en labores de jardinería por $4 millones y el pago de facturas “sin el respectivo timbraje en el Servicio de Impuestos Internos”.

Según averiguaciones realizadas por El Ciudadano, el hoy coronel en retiro Luis Crespo Zamorano -al que recomendaron sancionar con dos días de arresto por el caso- fue recontratado como empleado civil por Carabineros. En busca de descargos, este medio envió una consulta al Departamento de Comunicaciones Sociales, pero indicaron que “no disponían de antecedentes” para ahondar en los motivos de la contratación.

En la actualidad, Crespo se desempeña como asesor de la Prefectura Marga Marga. En marzo de 1985 ejercía como jefe de la Tenencia Alessandri cuando los hermanos Rafael y Eduardo Vergara Toledo fueron asesinados, dando nacimiento al “Día del Joven Combatiente”.

Matías Rojas – [email protected]

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