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    El presidente nacional de la Asociación de Funcionarios del INP, Anatrinp, declara a la opinión pública:


    La Asociación ha sido víctima de una nueva acción antisindical, esta vez proveniente de la máxima autoridad de este Servicio Público dependiente del Ministerio del Trabajo.

    Dicha acción de franca intervención en nuestro quehacer sindical se manifestó, esta vez, a través de una instrucción vía correo electrónico dirigida por el director nacional del INP, Rafael del Campo Mullins, a jefaturas institucionales de todo el país, donde desautorizó la realización de la consulta nacional que Anatrinp encabeza, junto a otras organizaciones sociales, para conocer la opinión de la gente respecto a la Reforma Previsional que se tramita en el Congreso.

    El oficio al que hacemos mención señala que “No existe autorización para desarrollar esta actividad en ninguna Sucursal o Centro de atención . Esta es una actividad privada de algunos directivos de ANATRINP, para la que pueden hacer uso de sus horarios sindicales , fuera de la institución”,

    Lo anterior, refiriéndose a la participación de dirigentes nacionales, regionales y provinciales en actividades en torno al Plebiscito Previsional, actualmente en desarrollo, convocado por Anatrinp y un amplio conjunto de organizaciones de la sociedad civil, invitadas por la primera ante la imposibilidad de asumir por si sola la organización y costos de una empresa de tal envergadura, ordenada por su última Asamblea Nacional de Socios realizada en el mes de marzo pasado.

    El director del INP sabe fehacientemente que aquella actividad obedece a un mandato de esa Asamblea Nacional, en parte de la cual estuvo presente como invitado, y que el Directorio Nacional y todos los dirigentes y asociados tienen el deber de cumplir. El acuerdo de la Asamblea Nacional incluye, adicionalmente, rechazar la desintegración del Instituto y exigir la reparación ¡Aquí y Ahora! a la deteriorada situación de precariedad laboral, bajos sueldos y condición previsional que afecta desde siempre a los funcionarios y funcionarias del INP.

    Respecto de dichas arbitrariedades, expresamos que la totalidad de los Directorios Regionales y provinciales Anatrinp, funcionan dentro de las dependencias del Instituto, por lo que prohibir la actividad dentro de ellas es coartar las posibilidades de su realización. Decir que se trata de “una actividad privada” y que es sólo “de algunos dirigentes” no puede sino interpretarse como una clara maniobra de coacción induciendo a los dirigentes de base a desvincularse de las directrices emanadas del ente directivo superior de la Asociación en cumplimiento de dichas obligaciones.

    Por otra parte, los dirigentes no pueden sólo “hacer uso de sus horarios sindicales, fuera de la institución”, y no dentro de ella, como se pretende con la mencionada orden.

    Sin duda, a través de estas y otras acciones, se busca obstaculizar el ejercicio democrático convocado y debilitar a la Asociación en su empeño de impedir que, al igual como ocurrió cuando se cerraron las Antiguas Cajas de Previsión, los funcionarios sean simplemente reubicados en las nuevas instituciones que crea la Reforma Previsional que se tramita en el Congreso, junto con poner fin a la existencia del INP.

    Ante ello, nuestro principal esfuerzo, como representantes de los trabajadores del INP, es exigir que se corrija la abusiva situación de deterioro histórico en materias de planta de personal, remuneraciones y previsión que los funcionarios y funcionarias arrastran desde las fusiones de las Ex Cajas, iniciadas en 1981.

    Recordamos que anteriormente ya se han constatado presiones contra dirigentes sindicales de los funcionarios del INP en distintos puntos del país, no descartándose que en este cuadro se enmarque, además, la destitución del presidente Anatrinp de Puerto Montt, por un hecho menor a nuestro juicio nunca suficientemente comprobado, y a través de una rebuscada interpretación de la Ley de Probidad, lamentablemente no impedida por la Contraloría General de La República. Da la coincidencia que poco antes el mencionado funcionario y dirigente había formalizado serias denuncias de acoso laboral en contra del director del INP de Puerto Montt.

    Cabe señalar, en relación con estos temas, que mientras al común de los funcionarios se les tramita por años para concederles un traslado de Unidad, no ha faltado el caso de la concesión de este beneficio a dirigentes de un día para otro, y no importando el déficit de personal de la oficina de origen, destinándolos, en algún caso, a departamentos de auspicioso futuro en el Proyecto de Ley de Reforma Provisional, y con la posibilidad, además, de realizar cometidos funcionarios con viáticos.

    Hace un par de semanas, a pesar que la Ley prohíbe expresamente este tipo de medidas en contra de dirigentes, la recién asumida Dirección Regional INP de Concepción dispuso la reubicación y cambio de funciones del secretario de la Asociación en esa provincia, medida que fue anulada ante la intervención del Directorio Nacional Anatrinp.

    Recientemente, el Director Regional INP de Puerto Montt, Hernán Guíñez M. ha incurrido en la flagrante acción antisindical de objetar la presencia del presidente nacional de Anatrinp en un Encuentro organizado por él y los dirigentes de la Región, indicando expresamente en un mensaje de correo electrónico distribuido a todos esos dirigentes que: “… objeto la participación del señor Hernán Gonzáles, (sic) quien de manera desafortunada y protegiendo a una persona con faltas a la probidad…”

    El citado funcionario se refiere a la coherente visita realizada por el presidente de la Asociación a Puerto Montt, para respaldar a su presidente provincial ante el acoso laboral que denunciaba.
    En la misma fecha de esa visita se produjo un oscuro capítulo de intervención de los mensajes de E-mail del Directorio Nacional Anatrinp y posible traspaso de la información sindical a altas autoridades institucionales y políticas, lo que obligó a la Asociación a presentar una acción judicial, derecho que nos encontramos evaluando asumir, también, ante lo que aquí denunciamos.

    Lo expuesto y otros hechos referidos a concursos y ascensos, dejan en entredicho la pretendida “imparcialidad y carácter técnico” de las actuales autoridades del INP; son contrarios a la conocida política de relaciones laborales del Ministro del Trabajo y Previsión Social, Osvaldo Andrade, de quien depende el INP; y llevan a la condición de letra muerta el Código de Buenas Prácticas Laborales de la Presidenta de la República, Michelle Bachelet, cuyo control de avance dentro del INP la Asociación se negó a firmar recientemente , por las situaciones denunciadas y otras causas.

    Cabe recordar, a la ciudadanía, que las Organizaciones Sociales como la nuestra, señaladas como “Grupos Intermedios”, tienen reconocimiento y se encuentran amparadas en la Constitución Política de la República.

    HERNÁN GONZÁLEZ BARRERA

    Constructor Civil

    Presidente Nacional Anatrinp

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