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    A inicios de 2017, luego de abrir un debate sobre la procedencia de infladas pensiones en manos de altos funcionarios en retiro de Gendarmería, con “jubilazos” que en muchos casos superaban los cuatro millones de pesos, la Contraloría General de la República volvió a poner una lápida sobre malas prácticas que, desde un sector de la institución, leen como simples errores administrativos y, desde otro, como graves hechos de corrupción.

    A través del Informe Final 769/2016, el contralor Jorge Bermúdez solicitó poner fin a pagos sin justificación mediante asignaciones críticas entregadas al personal, fórmula que permitió abultar las previsiones. De acuerdo al análisis del organismo fiscalizador, el servicio no acreditó que ocho funcionarios desempeñaran tareas “relevantes o estratégicas” para aumentar sus sueldos, por lo que ordenó abrir un sumario.

    La Contraloría miró además los cajones de la Unidad de Auditoría Interna de Gendarmería, advirtiendo situaciones que solo fueron corregidas cuando el ente pidió cuentas: errores en el cálculo de bonificaciones por zona extrema, licencias médicas excesivas y pago irregular de viáticos. La persona encargada de la repartición que manejaba esos registros a la fecha de su revisión, y a la cual correspondía “efectuar las auditorías y colaborar en el control interno de la gestión” institucional, era Gemma Paillao.

    En el marco de una investigación de nuestro diario online, que el año pasado reflotó cuestionamientos efectuados en 2013 al proceso de selección que la dejó en el cargo, Paillao no quiso ser entrevistada. En una carta al Consejo para la Transparencia (CPLT), el cual intervino para exigir que Gendarmería proporcionara copia del sumario que investigó el nombramiento a petición de El Ciudadano, la contadora señaló que el reportaje difundió “acciones que afectan mi reputación, sin tener antecedentes que permitan validar lo allí indicado, sólo a través de información obtenida de un ex profesional de este Servicio que actuaría por posible venganza”.

    Esto, en referencia a Iván Salgado, psicólogo que denunció un presunto despido arbitrario de la institución por negarse a adulterar informes para que Paillao asumiera como jefa de Auditorías sin aprobar los exámenes psicológicos.

    Aunque la protagonista de esta historia argumentó que la entrega de documentos a la prensa afectaría “su derecho a la seguridad, salud y esfera de su vida privada”, el CPLT acogió la solicitud de El Ciudadano, recordando que la privacidad, en lo relativo al ejercicio de la función pública, “debe ceder en pos del necesario control social que debe ejercerse para garantizar el debido cumplimiento de la ley”.

    ENEMISTADOS

    Como publicó este medio en diciembre de 2016, Iván Salgado trabajaba en la Unidad de Reinserción Social de Sistema Abierto de Gendarmería cuando le ordenaron evaluar la personalidad de postulantes a cargos del tercer nivel jerárquico en las áreas de informática, jurídica, salud y auditoría. Anteriormente ya había sido felicitado por participar en un proceso de la misma índole.

    Según el escrito que dirigió en noviembre de 2013 al entonces contralor Ramiro Mendoza, la jefa de Recursos Humanos Silvia López y el jefe de gabinete del director nacional de la época, coronel Christian Alveal, lo citaron al edificio de calle Rosas Nº 1264 para revisar los test psicológicos de los candidatos que habían sido calificados como “no aptos”, momento en el cual se le habría ordenado modificar algunos a “aptos con reservas”.

    Siempre de acuerdo a esta versión, López tomó de las manos de Salgado una hoja con la tabla de los resultados, borrando el “no” a la observación de “no apto” para el caso de Gemma Paillao. Posteriormente, el psicólogo firmó las evaluaciones con los resultados cambiados “por temor a ser desvinculado”, lo que se cumplió cuando la Dirección Nacional abrió un sumario contra él por supuestas amenazas a López, a quien trató de “enemigo” en un mensaje de texto.

    Antes de verse obligado a atender los dichos de Salgado que apuntaban a anomalías previas, el director nacional Marco Fuentes nombró como instructor del expediente al subdirector operativo de ese entonces, Luis Camino, a la postre retirado con una pensión irregular de seis millones de pesos. El nombre del oficial resonó inmediatamente en la cabeza de Salgado como alguien carente de imparcialidad para aclarar la legalidad del concurso público de Gemma Paillao, según explicó al director.

    Lo curioso es que la fecha de la recusación planteada por Salgado coincidió con el día en que se le informó que su contrato no sería renovado.

    CORONEL RESPONDE

    Aunque no lo admite públicamente, en Gendarmería circula un fuerte comentario que posiciona al coronel Christian Alveal, director regional del Biobío y ex jefe de gabinete mencionado en la denuncia del psicólogo Iván Salgado, como el hombre que podría reemplazar al actual mandamás de las cárceles de Chile, Jaime Rojas, una vez que se produzca el cambio de gobierno.

    Caracterizado desde La Moneda como un agitador de los gremios que protestaron durante la primera administración de Bachelet en favor de cambios estructurales para el servicio, a Alveal se le ha vinculado con el mundo político por su amistad de 20 años con Bernardo Caro, asesor del senador Antonio Horvath que figura en la carpeta del caso Corpesca.

    Luego de acceder a una entrevista con El Ciudadano, que a través de la decisión del Consejo para la Transparencia logró obtener el sumario completo del episodio que cuestionó la nominación de la jefa de auditorías, el uniformado respondió también a este punto.

    “Si hay algo que yo quiero abrazar en Gendarmería es el principio de apoliticidad. Yo no milito en ningún partido político. Creo que la única forma de que Gendarmería despegue es cuando quienes lideren Gendarmería tengan una mirada de Estado y no partidista de lo que es Gendarmería”, indicó.

    -Como jefe de gabinete en 2013, ¿es efectivo que el denunciante fue llamado a su oficina para chequear los test psicológicos de personas que postulaban a cargos de tercera jerarquía?

    -En todos los temas que son importantes para el Director Nacional uno obviamente tiene que solicitar antecedentes precisos. En ese contexto, se llamó a la jefa de Recursos Humanos, quien vino y se hizo acompañar de Iván Salgado, el psicólogo. Lo único que se le pide era un estado actual de cómo estaba el concurso y ahí surgió el tema de que, revisando los antecedentes con él en la mesa, había algunos errores en la sumatoria de las distintas tabulaciones que hacían ellos para considerar a una persona “apta”, “apta con reparos” o “no apta”. Él mismo verifica que en el caso puntual de Gemma Paillao, la sumatoria que daba el puntaje del test estaba mal. Él responsabiliza en ese mismo acto a la psicóloga que trabajó con él por la inexperiencia que tenía.

    -¿Él atribuyó haber colocado “no apta” a un error de la psicóloga?

    -Correcto… Los psicólogos y los ingenieros comerciales a veces tenemos pugnas, porque creemos que, desde el punto de vista organizacional, uno sabe más que otro, pero creo que aquí la experiencia también es un antecedente importante para evaluar a alguien. Ella (Paillao) era una funcionaria que llevaba más de 15 años de servicio. Cuando llegué a Santiago a trabajar como ayudante en 2004, ella era jefa de auditorías de la Dirección Regional Metropolitana y te puedo dar fe que era una persona muy proba y valorada por el coronel Montanares, director regional de la época. Pero aun así el conocimiento que yo tenía de ella no me permitía corregir un test que está mal hecho, porque una de las cosas que creo que tenemos que garantizar es la probidad. Aquí nunca hubo una instrucción de que modificara ese resultado. Cuando estás presente ante una orden de carácter ilegal tienes la obligación de representarla. Fíjate que él recién cuando se va del servicio aparece con este tipo de antecedentes. ¿Por qué no lo hizo antes?

    -Él señala que informó de esto al entonces subdirector de Administración y Finanzas, Carlos Esteffan, y a Andrea Castillo, su superior.

    Yo no me puedo hacer cargo de lo que él dice que hizo o dice que dijo, más bien. Él debería haberlo hecho por escrito. Yo trabajé toda mi vida en consejos técnicos, no soy un aparecido en Gendarmería. Tengo una historia, muchas reuniones con psicólogos en distintas unidades y jamás he tenido un problema con un psicólogo ni con un profesional.

    -¿Usted vio en algún momento a Silvia López tarjando el “no” para “no apto” en el papel?

    -Es que ese detalle, mira… tú tienes tantas cosas. Como jefe de gabinete te sientas, ves los papeles rápido, te paras y sales a una reunión. No recuerdo ese detalle. Jamás voy a pretender que un concurso se empañe, se tergiverse. También lamento mucho que personas honestas, que han hecho toda una carrera dentro de Gendarmería, con bastante esfuerzo como en el caso puntual de la Gemma, se enlode su imagen. Mira yo… y no quiero referirme más al tema porque te voy a decir algo. Traje tres correos electrónicos para que tú los veas.

    -A ver…

    -Me lo escribió (Iván Salgado) del correo de él, me lo manda a [email protected]ía.cl. Esto es el 6 de mayo de 2016, cerca de la una de la mañana. Dice “no murieron 81, fueron 82, ¿cierto? Falta un reo que tenía una hermana que cumplió condena en San Miguel”. Ese tipo de correos. “Saludos, lo quiero desafiar porque usted es gendarme y masón, y acuérdese”. Tengo otros correos que me gustaría entregártelos, donde él me señala incluso “si quiere ser director nacional de Gendarmería, llámeme” y me deja su teléfono celular, y me dice más abajo “si no, es mejor un civil”.

    -¿Usted supo los motivos por los que no se renovó su contrato?

    -Hubo un sumario administrativo que se le hizo por amenazas, una amenaza directa que se investigó, más otras situaciones que se generaron en el área de Recursos Humanos, de personas con años de servicio, que hicieron en su minuto recomendable su no renovación, de la cual yo no participé. Esa es una decisión del director nacional Marco Fuentes.

    -¿Usted nunca fue citado a declarar en el sumario?

    -No.

    -¿Se enteró que lo estuvieron buscando para declarar?

    -Tampoco. Tú me ubicaste de Concepción a Santiago y me interesó venir para acá a hablar contigo. ¿Crees que un fiscal no me iba a ubicar a mí cuando era director de Escuela, con domicilio fijo en Matta con Artemio Gutiérrez?

    SUMARIO AL SUMARIO

    El Ciudadano leyó el expediente obtenido por Ley de Transparencia y detectó una serie de diligencias que no se realizaron. Entre ellas, la toma de declaración al coronel Alveal y a dirigentes gremiales que presuntamente fueron testigos de que Silvia López intentó ocultar pruebas del hecho. Ubicada para ser consultada al respecto, López dijo que ello no era efectivo.

    Con la versión del director regional del Biobío solicitamos conversar con el denunciante, Iván Salgado, quien dijo estar evaluando colocar otra vez los antecedentes a disposición de la Contraloría producto de los vicios que habría en el proceso.

    -¿Es efectivo que usted dijo al coronel Alveal que la otra psicóloga se había equivocado?

    -Lo que te señala a ti el coronel Christian Alveal es total y absolutamente falso, ya que jamás le dije que la psicóloga Valeria Sanzana cometió algún error en la revisión de los test psicológicos. Yo les mostré (a Alveal y López) los test de las personas que lo habían aprobado, y el coronel me dice “no, yo quiero revisar las personas que no lo aprobaron, para no tener problemas con la Contraloría”. Le empiezo a presentar todos los casos hasta que salta el nombre de la funcionaria Gemma Paillao y él me dice “¿por qué no está apta?”. Yo le explico, y me dice que él conoce a la funcionaria y el test no se condice con lo que ella es como persona, a lo cual le digo “coronel, lamentablemente a ella le fue muy mal en el test psicológico, si me lo da por escrito…”, y ahí se molestó.

    -En la declaración que prestó en el sumario, usted habla de una situación posterior que involucraría a Silvia López.

    -Claro, lo que ocurrió es que dos funcionarios de ADIPTGEN (la Asociación de Directivos, Profesionales, Técnicos, Administrativos y Auxiliares de Gendamería) fueron a hablar con Silvia López y le mostraron la hoja donde ella escribió y borró el “no apto” de Gemma Paillao, en cuyo encabezado aparece la letra de Andrés Espinoza, quien todavía trabaja en el Departamento de RRHH. Los dirigentes le preguntaron a López por qué me iba a desvincular. López se asustó delante de ellos, no le quedó otra opción que reconocer que lo había escrito ella y les solicitó “díganle a Iván Salgado que si viene mañana a primera hora con la hoja original y la rompe delante de nosotros tres, yo en el sumario voy a declarar que todo es un mal entendido y le vamos a renovar el contrato para 2014”.

    -¿Ella pidió que eliminaran la evidencia?

    -Exactamente, pero no accedí.

    -¿Se le hizo un peritaje caligráfico a esa hoja?

    -No, porque la Contraloría y Gendarmería no realizan peritajes caligráficos. Tiene que ser mediante una ordenanza judicial. Hay que señalar también que estos dos dirigentes no fueron citados a declarar por el fiscal del sumario.

    -¿Quién era el fiscal en ese momento?

    -El señor Maurice Grimalt, actual subdirector operativo. Eso fue después de recusar a Luis Camino, que había sido miembro del comité de selección. Él (Grimalt) dice a grandes rasgos que no se pueden hallar culpables y quedé sobreseído, igual que Christian Alveal y Silvia López. El ex director Marcos Fuentes derechamente se negó a declarar y el caso más preocupante es el del coronel Alveal, porque aún tiene calidad de funcionario público. En el sumario dicen que no declaró porque se encontraba de vacaciones, pero el fiscal tiene la facultad de designar a un fiscal ad hoc para que lo entreviste. Ahí encuentro que hay una irregularidad por parte de la institución.

    -Usted también duda de lo que hizo la Contraloría bajo la administración de Ramiro Mendoza, que en su momento cerró este caso. ¿Existen irregularidades en esa decisión, como posiblemente lo hubo con las pensiones?

    -No tengo datos exactos, pero a mí me da para pensar mal, porque justo la persona que estaba a cargo del área administrativa fue desvinculada por el actual contralor Bermúdez, por mala gestión. La Contraloría dice que yo me demoré en denunciar, pero lamentablemente lo hice porque tenía que juntar todos los antecedentes.

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