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    En 2002, por millonarias defraudaciones cometidas durante el corrupto mandato del mexicano Carlos Salinas de Gortati, cayó detenido en España el empresario David Peñaloza, presidente de la constructora Tribasa. Pese a su mala fama y solvencia, la empresa no había tenido obstáculos para adjudicarse en Chile suculentos contratos con el Ministerio de Obras Públicas bajo la presidencia de Eduardo Frei Ruiz-Tagle.

    Según escribe el Premio Nacional de Periodismo, Juan Pablo Cárdenas, en ese tiempo existía en La Moneda la sospecha de que Tribasa “estuviera comprando con coimas” las concesiones otorgadas por el MOP. Cárdenas habría escuchado cuando el propio Peñaloza reconoció su amistad con el entonces titular de la cartera, Ricardo Lagos Escobar, y cuando se ufanó de “haberle enviado mucho dinero para su próxima campaña electoral”.

    Una solicitud de información pública, realizada por este medio en junio de 2014, buscó acceder a la investigación sumaria que el Ministerio instruyó para indagar las irregularidades en contratos de concesión vial asignados a Tribasa durante los años 1997 y 1998, consistentes en la remodelación de la Ruta 5 y el Acceso Norte a Concepción.

    Con fecha 24 de junio, el MOP respondió a El Ciudadano que “revisados los archivos y antecedentes documentales de la Dirección General de Obras Públicas, el expediente sumarial no se encuentra en su poder”. Asimismo no existía constancia de que los documentos hubieren sido derivados al Archivo Nacional, por lo que se dieron por desaparecidos.

    mop-tribasa-sumariosEstimándose incompleta, la contestación fue puesta en conocimiento del Consejo para la Transparencia (CPLT), el que con fecha 3 de septiembre determinó que no había quedado “acreditado el estándar de búsqueda de la información ni que (el MOP) hubiere agotado todos los medios a su disposición para hallar la información solicitada”.

    El fallo del CPLT obligó a que se incoara una nueva investigación interna a cargo del abogado José Saavedra Cruz, tendiente a establecer las responsabilidades de los funcionarios del MOP que debían custodiar el expediente.

    Cabe destacar que la magistrado Ana Gloria Chevesich, mediante Oficio Nº 2685-2010 del Décimo Juzgado del Crimen de Santiago, fechado el 2 de agosto de 2010, había devuelto al ministro de la época, Hernán de Solminihac, un total de nueve archivadores del Sumario Administrativo que se instruyó en el MOP por órdenes de la Contraloría General de la República.

    Hasta ahora no hay una secuencia lógica que permita establecer el paredero de la documentación.

    La arista de la droga

    En este caso es imposible dejar fuera lo también denunciado por el periodista Juan Pablo Cárdenas, con respecto al eventual uso de Tribasa como una pantalla para las operaciones ilícitas del narcotraficante mexicano Amado Carrillo Fuentes.

    En su libro “Peligro para la sociedad”, Cárdenas cuenta su paso por la embajada chilena en México, cuando un reo del penal de Puebla se acercó a entregar información sobre la extensa red que “El Señor de los Cielos” había tejido en Chile con la ayuda de funcionarios públicos, entre ellos, un subsecretario de Estado.

    Cárdenas señala que hasta México llegó el ahora jefe de la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI), Gustavo Villalobos, para decirle que “no se metiera en la pata de los caballos”, y que el dinero que el reo pedía a cambio de entregar más antecedentes nunca iba a ser remitido por el Ministerio del Interior.

    El Ciudadano también pidió esclarecer este incidente haciendo uso de la Ley 20.285 de Acceso a la Información Pública. Actualmente se encuentra pendiente un pronunciamiento del Consejo para la Transparencia dado que el Ministerio de Relaciones Exteriores negó tener documentos, comunicaciones diplomáticas o actas administrativas que avalen lo aseverado por el director de Radio Universidad de Chile.

    Matías Rojas

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