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    Trabajadores del sector público costarricense bloquearon temporalmente varias carreteras de la capital, San José, y otras ciudades, en el segundo día de una huelga indefinida contra un proyecto de reforma fiscal en discusión en el Congreso.

    El Gobierno aseguró que, durante la jornada, la mayoría de los servicios públicos funcionaron con normalidad, a excepción de los sectores de educación y salud, cuyos trabajadores fueron los que más adhirieron a la protesta.

    Los manifestantes realizaron paros esporádicos en el Paseo Colón, la principal vía de acceso al centro de San José, mientras que en la ciudad vecina de Alajuela se realizó un bloqueo en el acceso al aeropuerto que atiende a la capital.

    En el muelle caribeño de Moín, los trabajadores portuarios interrumpieron el ingreso a la terminal, y una multitud marchó contra la reforma fiscal en la localidad de Barranca, en el Pacífico.

    La empresa estatal de petróleo denunció en un comunicado que huelguistas “violentaron” el sistema de plantas eléctricas de sus instalaciones en Moín.

    En Heredia, ubicada al noroeste de la capital, centenares de personas bloquearon vías en una marcha en la que muchos portaron pancartas en las que se leía: “No al paquetazo fiscal”.

    No es justo que solamente los pobres paguemos. Es cierto que el país tiene un déficit, pero paguemos de forma equitativa”, dijo Roberto Mora, uno de los manifestantes.

    Después de horas de protestas, las vías quedaron liberadas.

    El ministro de Seguridad Pública, Michael Soto, expresó que las autoridades optaron por una actitud conciliadora: “La posición del gobierno es de conciliación y diálogo, y no queremos usar la fuerza o agentes químicos como gases. Hemos optado por el diálogo, hacerles ver que están afectando a otros ciudadanos, a turistas y a la economía del país”.

    La huelga indefinida que dio lugar a las protestas la iniciaron el lunes los sindicatos del sector público, contra el proyecto de reforma fiscal. Para el miércoles, programaron una concentración de escala nacional en el centro de la capital, para expresar su rechazo a la iniciativa.

    La reforma fiscal contempla un incremento de impuestos para hacer frente a un déficit fiscal de 6,2% del Producto Interno Bruto (PIB) en 2017. Proyecciones del Banco Central indican que el déficit alcanzará 7,2% del PIB este año, si no se avanza en la reforma y ni en medidas de contención de gastos.

    Unas 27 instituciones del gobierno pidieron a los tribunales de trabajo declarar ilegal la huelga.

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