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    Estamos frente a una realidad que viven a diario los funcionarios de salud, donde los trabajadores que realizan estos cuidados, se ven expuestos -sobre todo en la sala de urgencias- a un alto riesgo de recibir violencia física de parte de los atendidos y/o sus familiares.

    Y a partir de esta problemática, nace la interrogante: ¿cuál es el punto cúspide para que funcionarios del área de la salud puedan discutir sobre la legitimidad que tiene exigir mejores condiciones laborales en su trabajo?

    Sabemos que normalmente a los médicos se les enjuicia por ser una de las profesiones que entregan mayor remuneración económica, de hecho, muchas veces nos encontramos frente a personas que señalan que mientras más plata se gane, mayor es el aguante que debiéramos tener frente a un trabajo, independiente cuán agotador e inconsecuente puede ser esto.

    Por ejemplo,  los trabajadores del área de salud pública y privada están todos los días en contacto con personas que permanentemente y progresivamente exigen una atención oportuna, estándares de calidad en la atención médica, respeto a los derechos de los pacientes y una serie de reclamos y requerimientos que si bien no son de otro planeta; mientras que, existen otros que creen que  personal de salud, por trabajar en esa área y ganar más lucas que otro profesional, tiene que responder a cada pataleta o alegato que se les ocurra y el obrero, o el profesor porque gana menos, tiene más derecho y criterio social para demandar este tipo de maltratos.

    He ahí el dilema para quienes no tienen el derecho o la aprobación ciudadana de justificar la petición de lo que -creemos- es justo en la democracia y libertad que supuestamente tenemos como país. Pero ese no es el problema en cuestión, la responsabilidad cae netamente en el sector empresarial, porque la desigualdad social en realidad depende de ellos.

    De esta forma, denigrar y culpar a un profesional por exigencias que no tienen cabida no hace más que fomentar e incrementar el odio y la poca empatía entre los que cumplen su labor y los que usan los distintos servicios, tanto públicos como privados. Sin embargo, no podemos dejar de mirar y reprochar a quienes sí cometen faltas éticas y maniobras condenables hacia la comunidad.

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    Por el momento, se está llevando a cabo un proyecto de ley que condenaría hasta por 10 años de cárcel a quienes agredan al personal de salud. La iniciativa, comandada por los diputados Marcela Hernando y Felipe Letelier, está bien planteada y ha lugar, pero aún no se considera quizás la medida de una mejora sustancial en la atención pública y obviamente el alivio de la carga laboral del personal de la salud, que no por tener una red de apoyo legal y administrativo eficiente deben callar frente a las injusticias y la inseguridad de su entorno de trabajo.

    Su calidad de doctores no los hace inmortales. Que se presenten frente al pueblo como los únicos capaces de salvar una vida no genera una élite selectiva, si bien muchos de ellos sí pertenecen a la casta social privilegiada, existen aquellos que, al igual que cualquier otro profesional, costearon la carrera en base a créditos y ayudas estamentales que seguramente siguen pagando.

    El llamado es a no generalizar y ser empáticos con quienes día a día comparten sus horas con desconocidos llenos de bacterias, virus y enfermedades donde además de correr el riesgo de contagiarse, temen también ser agredidos, apuñalados, insultados y denigrados durante varias horas al día y el escenario se complica para quienes vienen recién saliendo de la carrera, donde normalmente los mandan a kilómetros de sus casas con turnos eternos y la tremenda deuda universitaria por delante.

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