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    En el banquillo de los acusados sentaron a dos hombres que la Fiscalía de Área de Gijón, busca condenar a 13 de años de cárcel, por los delitos de trata de personas, coaccionar a una tercera persona y violar los derechos de una mujer nigeriana, quien era obligada a desenvolverse como trabajadora sexual.

    El órgano de justicia, también solicita que sea condenado un tercer hombre con tres años de prisión. Se tiene previsto que este miércoles a las 10:30 am (hora local), se lleve a cabo la vista oral, en la Sección Octava de la Audiencia Provincial, con sede en Gijón, según la Fiscalía del Principado de Asturias.

    El fiscal, relató que una víctima, que es testigo y está protegida fue captada a principios del 2015 en su país de origen, Nigeria, por una mujer que no identificada, presuntamente hermana de una de las procesadas. Esta ofreció la posibilidad de viajar a Europa para tener mejores condiciones de vida y un pago de 35 mil euros, además del trámite del pasaporte.

    Sigue comentando el funcionario, que como garantía del pago de la deuda realizaron el viaje hasta Libia, donde permaneció unos 8 ó 9 meses, tiempo que fue obligada a prostituirse.

    Después viajó a Italia y desde allí a Gijón, en estas tierras, los acusados informaron a la nigeriana que debía cancelar toda la deuda contraída con estos sujetos, mediante la prostitución.

    La víctima, en situación de ilegalidad en España, confesó lo que ocurría a un amigo y éste le ofreció irse a su casa a vivir, pero los sujetos al enterarse exigieron al hombre, el pago de 20.000 euros, con el compromiso de tramitarle el pasaporte.

    De acuerdo a la Fiscalía, los hechos son constitutivos de un delito de trata de seres humanos, en concurso medial con un delito de prostitución coactiva. Explica el organismo que existe otro delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros y un tercero de coacciones.

    En ese sentido, la Fiscalía exige que los principales acusados cumplan pena de cárcel a 13 años y una multa de 18 meses con cuota diaria de 12 euros y responsabilidad personal subsidiaria en caso de incumplimiento. En cambio, el tercer procesado, debería solo pagar 3 años de pena.

    También, el Fiscal solicita que se imponga a los tres procesados la medida de libertad vigilada durante 10 años, obligando a comunicar cada cambio del lugar de residencia o del lugar o puesto de trabajo, así como deberán participar en programas formativos, laborales, culturales, de educación sexual u otros similares.

    Además, exige responsabilidad civil y que los principales procesados,  indemnicen a la víctima con 35.000 euros por daños morales y al hombre que ayuda a la mujer con 11.400 euros por el dinero entregado y con otros 3.000 euros por daños morales. Más los intereses legales correspondientes.

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