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    El fiscal general de la República, Tarek William Saab, reveló este miércoles en rueda de prensa que algunos ex funcionarios venezolanos ejecutaron una trama de corrupción que generó un desfalco a la nación por unos 100 millones de dólares en la administración irregular de Pdvsa Gas Colombia, durante ocho años consecutivos.

    El daño patrimonial a la nación surcaribeña ocurrió entre 2007-2015 con la participación activa de la gerente general de Pdvsa Gas Colombia, Sarah Moya, quien durante ese lapso manejó sin supervisión 221,9 millones de dólares.

    Precisó que 112,9 millones fueron generados por el convenio de suministro de combustible entre Pdvsa y Ecopetrol, recursos que no le correspondía a la funcionaria manejar.

    La línea de la lucha contra la corrupción será dentro y fuera del país venezolano

    En ese sentido, anunció que la Fiscalía dictaminó una orden de aprehensión contra los siguientes venezolanos: Sarah Alicia Moya Machado, José Alberto Cabrera, José Márquez, Daniel Chirinos y Luis Enrique Rangel López.

    Estas personas prófugas de la justicia están siendo culpados de los delitos de corrupción propia, concierto de funcionario contratista, tráfico de influencia, peculado culposo, asociación para delinquir y otros.

    Moya obtuvo una tarjeta corporativa sin autorización pagada por la sucursal que utilizó para su consumo personal no autorizados por una suma que alcanza los casi 60 mil dólares al tiempo que designó al auditor de Pdvsa Gas de manera fraudulenta.

    El fiscal William Saab señaló que con el dinero de la empresa, Moya adquirió 239 boletos aéreos, entre ellos dos de ida y vuelta a París, así como 73 pasajes con ruta Bogotá-Caracas-Bogotá a José Márquez, quien pasó de ser empleado a contratista de Pdvsa Gas Colombia.

    Para ello, ha sido asignado el fiscal 26 con competencia plena en la materia, para continuar combatiendo la corrupción que “trasciende de manera inescrupulosa y se coloca en la frontera como un verdadero cartel”.

    Este es el caso número 18 de corrupción que lleva la fiscalía desde la nueva gestión

    Este pasa a ser el caso número 18 que adelanta el organismo de justicia dentro de la empresa estatal Pdvsa y sus filiales para combatir los casos de corrupción en el país.

    Los exfuncionarios que están siendo buscados por la justicia venezolana poseen vinculación directa con el exministro de Petróleo y presidente de Pdvsa, Rafael Ramírez y Diego Salazar Carreño, quienes están dentro de la misma trama de delincuentes que con “alevosía y planificación buscaron causarle daño a los bienes de la República, por lo que deben ser perseguidos dentro y fuera del país”.

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