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    El intento de magnicidio ejecutado el pasado sábado 4 de agosto contra el Presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, está vinculado a un acto terrorista perpetrado en 2017, hecho que es investigado -desde entonces- por el Ministerio Público (MP), informó este lunes el Fiscal General de la República, Tarek William Saab.

    En rueda de prensa ofrecida desde la sede del MP en Caracas, Saab ofreció detalles sobre los adelantos que llevan las autoridades del Estado venezolano sobre el fallido intento de magnicidio contra Maduro, atentado efectuado en las inmediaciones de la avenida Bolívar de Caracas, mientras el jefe de Estado participaba en la actividad para celebrar el 81 aniversario de la Guardia Nacional Bolivariana, uno de los componentes que integran las Fuerzas Armadas de Venezuela.

    Saab informó que las primeras averiguaciones -que realizan los cuatro fiscales asignados al caso- más lo adelantado por el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) y Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim), se demuestra que el atentado tuvo intenciones de “masacre”, pues en la tribuna presidencial -además del Primer mandatario- se encontraban todos los jefes de los Poderes Públicos del Estado, el Alto Mando Militar, Cilia Flores (esposa de Maduro), entre otros miembros de la FANB y miembros del Ejecutivo Nacional.

    El Fiscal también informó que las investigaciones, realizadas desde que ocurrieron los hechos, han permitido identificar a los autores materiales y colaboradores inmediatos del hecho; así como también los lugares desde donde los implicados operaron ambos drones.

    Además, en el lugar desde se manejaban los objetos voladores, se obtuvieron pruebas y fueron detenidas en flagrancia las dos personas que manejaban los aparatos desde un vehículo. Esto se logró gracias a las denuncias efectuadas por personas que identificaron a los involucrados.

    Identificados autores materiales del magnicidio y sus cómplices

    Saab adelantó que las autoridades ya saben dónde estuvieron alojados los implicados durante los días previos al incidente. También –dijo- se tiene conocimiento sobre quienes fueron los “explosivistas” que participaron en el hecho y han determinado las primeras conexiones con miembros internacionales de este grupo, que dejó a siete efectivos militares heridos.

    Acotó que el Tribunal 38 en primera instancia del Área Metropolitana de Caracas es el responsable de llevar el caso; del cual se ya se han determinado siete delitos por los que serán imputados los presuntos culpables: Traición a la Patria, Homicidio intencional calificado en grado de frustración, Homicidio frustrado y lesiones graves, Lanzamiento de artefacto explosivo en reuniones públicas, Asociación para delinquir, Terrorismo y Financiamiento al terrorismo.

    Violencia opositora reiterada

    El Fiscal destacó que este incidente forma parte de una serie de eventos violentos auspiciados y perpetrados por sectores de oposición alejados del orden constitucional, la política y el Estado de derecho que de manera cronológica se han efectuado en Venezuela desde 1999, cuando llegó a la Presidencia de la República, Hugo Chávez.

    Saab recordó hechos como el golpe de Estado de abril de 2002 -donde varios francotiradores pagados por la oposición asesinaron a mansalva a varios ciudadanos-, el paro sabotaje petrolero que dejó pérdidas cuantiosas a la República, las acciones de violencia promovidas por Henrique Capriles Radonski en 2013, el fallido Plan La Salida liderado por Leopoldo López en 2015 y que dejó 43 muertos, la extrema violencia desatada en 2017 que registró un saldo de 130 personas asesinadas, más de 1.000 heridos, así como millonarios daños al patrimonio público y privado; así como otros incidentes descubiertos antes de ser ejecutados y otros que han buscado romper el orden democrático en el país.

    “Es un sector que no quiere entender que Venezuela desea paz”, sentenció Saab, quien agregó que la gran mayoría de los venezolanos desean que el país tenga estabilidad social, política y económica por la vía pacífica y recordó que prueba de ello fueron las liberaciones dadas a las personas que estuvieron implicadas en los hechos violentos registrados en el país entre 2013 y 2017.

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