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    Desde la sede del Ministerio Público el Fiscal General de la República, Tarek William Saad, informó que fue desmantelada una red de trata de personas, “un delito transnacional, que puede ser considerado parecido a la esclavitud”.

    Las víctimas fueron captadas por una mujer que les ofrecía trabajo como modelos y otros oficios, las citaba en Plaza Venezuela (localidad de la capital de Venezuela) para luego llevarlas hasta el inmueble donde eran retenidas y obligadas a ejecutar actos sexuales.

    La  banda actuaba en el estado Mérida noroeste de la nación suramericana y en la capital de la nación.

    Saad detalló que la investigación inció luego de la denuncia de tres de las víctimas “dos mujeres y 1 hombre informaron a funcionarios de la Policía del Estado Miranda que habían sido retenidos y obligados a prostituirse y grabar videos en una casa en Baruta”.

    La comisión policial se trasladó hasta la quinta Villa Real y allí encontró en flagrancia a personas realizando actividades sexuales frente a cámaras de video, las cuales eran transmitidas en vivo a través de una página web con acceso internacional
    Por este hecho fue aprehendido David Ferrer, quien había sido acusado el 10 de febrero de 2018 ante el Tribunal 4° de Control de Mérida por el delito de pornografía.

    También fueron detenidos Héctor Quintero, Glaismar Espinoza y Yonathan Páez en la quinta en Baruta. Al igual que Ferrer, tienen un proceso penal pendiente en Mérida.

     


    La investigación es adelantada por las fiscalías 46° nacional en materia antiextorsión y secuestro, 54° contra legitimación de capitales, así como 64° y 82° nacional con competencia en defensa de la mujer.

    En total se han detenido 28 personas (15 mujeres y 13 hombres) por este caso, quienes fueron presentadas ante el Tribunal 5° de Control del Área Metropolitana de Caracas.

    A estas personas se les imputaron los delitos de trata de personas, asociación, pornografía, porte ilícito de arma de fuego, resistencia a la autoridad y peculado de uso.

     


    El referido tribunal privó de libertad a 26 de los 28 detenidos y otorgó medidas cautelares a 2 de ellos.

    El fiscal informó que a propósito de la lucha contra este flagelo entre agosto de 2017 y agosto de 2018 han sido imputadas 99 personas, otras 71 privadas de libertad y 71 acusadas

    “Es la primera vez que el país conoce un golpe tan certero y de esta magnitud. Significa que perseguiremos en donde quiera que estén a los venezolanos o extranjeros que usen a nuestras mujeres o menores de edad para esclavizarlas o secuestrarlas” manifestó Saab.

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