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    La Organización de las Naciones Unidas (ONU) presentó una iniciativa mundial para apoyar a los defensores ambientales, y lo hizo en Brasil, el país más peligroso para los activistas

    Según cifras de la ONG Global Witness, uno de los socios de la ONU , “año tras año en una amarga lucha por la tierra, ambientalistas y defensores son asesinados en Brasil, más que en cualquier otro lugar del mundo”.

    En  respuesta a la escalada de violencia que enfrentan los activistas que trabajan en primera línea por la protección ambiental en el mundo, la ONU busca aproximar la protección del medioambiente a las personas, ayudándolas a entender mejor sus derechos y cómo defenderlos y ayudar a los Gobiernos a implementar las obligaciones de derechos ambientales, a través de un trabajo conjunto con los medios de comunicación y el sector privado.

    De acuerdo con la ONU, aunque los derechos ambientales están consagrados en más de 100 constituciones del mundo, la coyuntura actual muestra que los activistas están en constante amenaza por defender el hábitat. “Nunca estuvimos en un momento tan amenazador para quien defiende la comunidad, el modo de vida o el medioambiente”, señaló Leo Heileman, director y representante regional del Programa de las Naciones Unidas para el Medio ambiente (PNUMA).

    Los datos son corroborados por otras ONG como la Comisión Pastoral de Tierra (CPT), que señaló que el mayor problema que enfrentan los defensores ambientales es que el Gobierno brasileño no garantiza que los activistas puedan hacer su trabajo.

    “Brasil necesita un sistema de protección que esté articulado entre las regiones y el Estado” algo que en el país “no tenemos”, señaló Tarcisio Feitosa, director de una organización vinculada al Episcopado brasileño.  “Entre 1985 a 2017 hubo 1.905 asesinatos de defensores ambientales en Brasil y de esos solo 115 casos fueron juzgados”, dijo.

    El alto nivel de impunidad fue reconocido por la procuradora general de la Nación, Raquel Dodge, quien también participó en el evento. “La impunidad es elevada y las autoridades (en Brasil) no han conseguido investigar o castigar los crímenes ambientales“, señaló durante su intervención. Esta situación se ha agravado en Brasil debido a la falta de presupuesto que ha “impedido” desarrollar un programa nacional de derechos humanos.

    Según el ministro de Derechos Humanos de Brasil, Gustavo do Vale Rocha, esa cartera ha sido una de las más afectadas por los recortes presupuestarios que hizo el presidente Michel Temer desde 2017, para salir de la crisis causada por la recesión que sufrió el país entre 2015 y 2016 y de la que apenas comienza a salir. De los 26 estados brasileños, “apenas nueve tienen un programa específico de derechos humanos”, y el resto lo asume el Gobierno federal “pero no da abasto”, señaló el ministro.

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