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    La Coordinación de Apoyo al Pueblo Mapuche en España y representantes de más de 130 organizaciones y personalidades firmantes de Europa y América Latina, han hecho entrega de una carta sobre el asesinato de la activista medioambientalista chilena, Macarena Valdés, en las embajadas de Austria y Chile en Madrid, la que también extendieron a sedes en otros países de Europa.

    La muerte de “la negra” -sostienen en la misiva-, se consideró como un “suicidio” tanto por Carabineros como por el Servicio Médico Legal, pero esa tesis fue descartada por sus conocidos desde un primer momento, y después de un año, tras la exhumación del cadáver con dinero reunido por amigos y la misma familia, se pudo obtener una segunda autopsia cuyo resultado, hecho público el pasado 16 de enero, fue claro y contundente para los forenses: “se descarta tesis de suicidio de activista ambiental Macarena Valdés”.

    En ese sentido, destacan que se ha demostrado que fue un homicidio, ocurrido en el marco de un conflicto territorial de los habitantes con la transnacional austriaca, RP Global, pues Macarena Valdés y su esposo, Rubén Collío, se oponían a la construcción de la central hidroeléctrica y sus tendidos eléctricos, por lo que fueron objeto de amenazas junto a otras familias del territorio.

    En la misiva entregada en las sedes diplomáticas se denuncia que Collío, werkén de la comunidad de Tranguil, había hecho públicas las amenazas de muerte que había recibido “la negra”. Junto con ello se detalla que un día después de la muerte de Macarena, el 23 de agosto de 2016, mientras se desarrollaba su funeral las empresas RP Global y Saesa comenzaron las faenas de instalación del cableado del tendido eléctrico apoyados por Carabineros, acción necesaria para la conectividad de las centrales hidroeléctricas.

    Los denunciantes sostienen que todo esto “involucra atropellos de derechos territoriales mapuche a causa de los intereses empresariales en sus negocios de electricidad”. Además, manifiestan que hay diversos testimonios que dan cuenta de que, previo a la muerte de Valdés, “hubo una serie de graves amenazas en contra de esta familia por parte de personas sindicadas como sicarios y/o mercenarios ligados a los intereses hidroeléctricos de la transnacional RP Global”.

    En ese sentido, relatan que las amenazas se han extendido a otras familias del territorio que se oponen a la imposición de centrales hidroeléctricas, llevándose a cabo “una serie de actos arbitrarios desde la propia empresa, en compañía de agentes estatales represores, para imponer por la fuerza los cableados vinculados a la conectividad hidroeléctrica”.

    “Negocio y lucro a costa de afectación de territorios y derechos mapuche”

    También relevan que RP Global es parte del Grupo Hydrocontracting, que tiene una serie de “denuncias relacionadas con malas prácticas y transgresiones, las que detonaron con mayor fuerza luego de la muerte de Macarena Valdés”. Acusan a la trasnacional austriaca de ser también la responsable del “escenario de violencia generado en el territorio de Panguipulli, por sus proyectos de minicentrales hidroeléctricas y de transgredir los derechos de comunidades mapuche, vulnerando el Convenio 169 de la OIT”.

    En cuanto al impacto al medio ambiente, se enumeran una serie de efectos que han provocado las líneas de transmisión eléctricas -tanto durante la construcción como en la operación-, entre los que destacan la tala de bosques, la fragmentación del hábitat, la visibilidad y efecto paisajístico y el cruce por zonas densamente pobladas o ambientes frágiles. Por otra parte, aseguran que las actividades de RP Global no son de energía renovable y sustentable como declara la empresa, sino que lo califican como “un negocio y lucro a costa de la afectación de territorios y derechos del Pueblo mapuche”.

    Es por todo lo anterior que exigen que el Estado austriaco se responsabilice por las actividades de la empresa en el territorio mapuche; que RP Global se retire inmediatamente de Wallmapu, que se apliquen las ordenanzas correspondientes contra la vulneración de los Derechos Humanos y del Convenio 169 de la OIT en territorio mapuche por parte de RP Global, y que haya juicio y castigo a los responsables del asesinato de Macarena Valdés.

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