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    El ex fiscal de Alta Complejidad que denunció irregularidades en las pruebas de la denominada “Operación Huracán”, Luis Arroyo, nuevamente será investigado por el Ministerio Público, esta vez por supuesta obstrucción a la investigación.

    Según La Tercera, el fiscal regional de Aysén, Carlos Palma, quien encabeza la investigación por presunta falsificación de evidencia para inculpar a las personas detenidas en el marco del controvertido operativo policial, decidió separar el caso Huracán y abrir una nueva línea indagatoria contra su colega.

    Tres querellas se dirigieron contra el persecutor de Temuco, todas provenientes de ex policías formalizados por el caso. El capitán (r) Patricio Marín, de la Unidad de Inteligencia Operativa Especializada de Temuco (UIOE); el general (r) Gonzalo Blu, ex jefe de Inteligencia de Carabineros; y el mayor (r), Leonardo Osses, acusan a Arroyo por obstrucción a la investigación.

    La última querella fue la presentada por Osses, mediante su abogada, Marisa Navarrete, a fines de agosto. La acción señalaba que “el fiscal Luis Arroyo sí conocía de los procedimientos de la UIOE y, además, habría tenido en su poder un borrador del Oficio N° 130 previo a su entrega del 20 de septiembre, contradiciendo lo vertido por este en su querella y en su declaración presentada ante el fiscal de la causa”. Además, afirma que “el fiscal Arroyo habría borrado las conversaciones que lo vinculaban con esos hechos, antes de hacer entrega voluntaria de sus celulares en la fiscalía”.

    [NdR: El oficio Nº130 incluía una lista de nombres que Carabineros apuntaba como responsables de una serie de atentados incendiarios a camiones. El documento contenía las supuestas conversaciones vía WhatsApp y Telegram entre las personas detenidas en septiembre de 2017].

    La primera investigación a Arroyo

    El fiscal nacional, Jorge Abbott, aún no decide quién tomará la nueva investigación contra Arroyo. Esto porque Palma se inhabilitó para asumir el caso. Por otro lado, LT consignó la versión del Ministerio Público, entidad que indicó que la designación de Palma “tenía como objetivo investigar el delito de violación de secreto y las falsificaciones realizadas en el marco de la denominada Operación Huracán. Sin embargo, las querellas que posteriormente fueron interpuestas en contra del fiscal Luis Arroyo por presunta obstrucción a la investigación están fuera de las facultades entregadas en dicha resolución”.

    En enero de este año, Arroyo presentó una querella contra funcionarios de la Dirección de Inteligencia Policial de Carabineros (Dipolcar). El persecutor los acusaba de realizar un montaje de pruebas para acusar a una de sus abogadas asistente de participar en la filtración de informaciones a una de las personas detenidas en la Operación Huracán.

    Blu, Marín y Osses

    El Juzgado de Garantía de Temuco acogió a trámite la acción judicial del fiscal Arroyo. En el documento se indicaba que el 26 de diciembre fue notificado de la investigación contra Mónica Palma, abogada asistente, por el delito de obstrucción a la investigación. Además, se menciona un supuesto encubrimiento que Arroyo habría concretado sobre esta situación, que tendría su origen una supuesta relación sentimental con la funcionaria.

    En la querella, el persecutor expuso que la investigación tuvo origen en un oficio emitido por la Dirección Nacional de Inteligencia, Drogas e Investigación Criminal de Carabineros, en el cual el general inspector Gonzalo Blu relata al fiscal nacional, Jorge Abbott, que tras invocar la Ley de Inteligencia, se obtuvieron mensajes de la abogada Palma, quien habría entregado en septiembre de 2017 información que llegó a manos de miembros de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM). El fiscal Arroyo aseguró que todo se trata de un montaje de pruebas orquestado por funcionarios policiales de Inteligencia, puesto que él se negó a acceder a herramientas por fuera de la ley –como los policías le habrían sugerido– para investigar sobre hechos de violencia rural en La Araucanía.

    El fiscal Carlos Palma investigó igualmente a Arroyo y a la abogada Mónica Palma por el delito de violación de secreto. Sin embargo, en junio de 2018, el Juzgado de Garantía de Temuco decretó el sobreseimiento definitivo para ambos. De acuerdo a los resultados de la investigación, “no se encontró evidencia alguna respecto de la violación de un secreto”.

    En marzo de este año, la abogada Palma dio una entrevista a diario La Tercera descartando su participación en los hechos que dieron origen a la investigación del Ministerio Público.

    “No conozco a ninguna persona acá de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM) u otra organización a la que me dijeron yo estaba filtrando información. De hecho yo en Alta Complejidad veo delitos económicos y funcionarios, ni siquiera soy de los abogados que trabajan los casos que se denominan de violencia rural”, señaló en esa oportunidad.

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