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    13 07 16 - comisión transporte senado 600x400El registro podrá ser consultado por los organismos o personas interesadas, aun cuando se rechazó la indicación para que tuviera un carácter público. Esta iniciativa forma parte de la discusión del proyecto que modifica la Ley de Tránsito y la Ley 18.287 y que considera una serie de penas y multas para los infractores y evasores del sistema de transporte público.

    El rechazo a la indicación, que hacía público el registro, se debe al potencial mal uso que podrían recibir los datos. El senador socialista e integrante de la Comisión de Transporte y Telecomunicaciones, Juan Pablo Letelier, es partidario de hacer visible el registro, por lo que criticó la decisión.

    “Ha sido sorprendente que senadores de la oposición no quieren un registro público, se dan vuelta con mil excusas pero lo cierto es que no quieren que sea de dominio público…el registro público se trata de un mecanismo de sanción colectiva, sanción social y espero que esa norma la logremos reponer”, comentó.

    En tanto, el presidente de la comisión, el senador DC Manuel Antonio Matta, señaló que “respecto al registro público no hubo acuerdo, pero no por mantener un registro de evasores, sino que por el uso de los antecedentes y de los datos que puede darse por el mal uso de terceros”.

    Una opinión similar manifestó el senador de RN, Manuel José Ossandón, al señalar que “nosotros queremos un registro público en que las personas puedan verlo, pero que tengan ciertos resguardos para que no exista el mal uso… no tengo ningún problema con que sea público, siempre y cuando nos garanticen que eso no se pueda usar para otras cosas”.

    Dentro de las sanciones contempladas en la normativa, se encuentran penas de presidio menor en cualquiera de sus grados y multas que van desde las 6 a las 50 UTM –entre $275.000 a $2.295.000, aproximadamente–, para quienes falsifiquen cualquier dispositivo de pago o que maliciosamente hagan uso de un sistema falsificado para acceder a servicios de transporte.

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