• EC | Edición Mundo
  • El Ciudadano | Edición Chile
  • El Ciudadano | Edición Venezuela
  • Una sociedad plural y democrática necesita diferentes miradas del mundo. Desde El Ciudadano diaria y oportunamente, nuestras letras están en favor de construir una mejor sociedad y un mundo más justo.
    Que exista periodismo independiente también depende de ti.

    Hasta Santiago llegaron representantes del Lof Mapu Trankura de Curarrehue (región de La Araucanía) para interponer un recurso ante la Corte de Apelaciones de Santiago contra el Ministerio de Energía, con motivo de la dictación de un decreto que permite la instalación de una central hidroeléctrica en territorio ancestral.

    Según el documento ingresado el pasado 29 de marzo por Silverio Loncopán Calfumán, miembro de la comunidad Camilo Coñoequir Lloftunekul, el Decreto Nº 82 (publicado el 1 de marzo de este año) vulnera las garantías constitucionales relacionadas con la igualdad ante la ley, libertad de conciencia y ejercicio libre de todos los cultos, además del derecho de propiedad. En este sentido, la acción patrocinada por el abogado Felipe Guerra Schleef busca dejar sin efecto el acto administrativo del Ministerio de Energía.

    Simón Crisóstomo Loncopan

    Los recurrentes ante la Corte señalan además que el proyecto Central Hidroeléctrica Añihuerraqui (a cargo de CPA SpA, con una inversión de $14 mil millones) genera un impacto en el patrimonio cultural y religioso de las comunidades que ha sido definido como “inmitigable, irreparable e incompensable”. Esto por los sitios de significación cultural presentes en el sector: Eltuwe (cementerio), Guillatuwe (espacio ceremonial), los cerros Peñewe y Pünowemanke, áreas de recolección de plantas medicinales y el estero Pichitrankura.

    En conversación con El Ciudadano, Simón Crisóstomo Loncopán, werken del Lof Trankura, explica que el proyecto afecta “al corazón de nuestro lof, porque está en el sitio más importante, se podría decir que sagrado, para que la gente comprenda”.

    Sin embargo, el dirigente inscribe el repudio a la iniciativa en el marco de un conflicto más amplio, puesto que -explica- el proyecto “está inserto en territorio mapuche y eso para nosotros merece el rechazo absoluto, porque se están colocando estos proyectos en territorios donde uno busca recuperar tierras, en vez de que las quiten más todavía”.

    Concesión eléctrica y Consulta Indígena

    La acción ante el tribunal de alzada incorpora un cuestionamiento a la tramitación de la Solicitud de Concesión Eléctrica definitiva, puesto que uno de los terrenos particulares indicados por el Decreto Nº 82, para la instalación del proyecto, corresponde al predio de Pablo Calfuman Coñoequir, el cual detenta la condición de Tierra Indígena, según la ley 19.253, que establece las normas sobre protección, fomento y desarrollo de los indígenas y crea la CONADI.

    A este argumento, los recurrentes suman “la crisis hídrica que actualmente se vive en la Región [Araucanía] que ha llevado a los cauces de agua a tener caudales bajísimos, por lo que la instalación de una Central Hidroeléctrica significaría una seria amenaza al modo de vida y la subsistencia de la Comunidad Indígena Camilo Coñoequir Lloftunekul”, por lo que solicitan la implementación de un proceso de Consulta Indígena, particularmente, para este punto en controversia.

    De todas formas, el proyecto fue aprobado en julio de 2015 por la Comisión Evaluadora Ambiental de la región de La Araucanía y contó con un proceso de Consulta Indígena, cuyos resultados no fueron determinantes en el destino de la hidroeléctrica. Las organizaciones consultadas en ese momento, manifestaron “de manera explícita e inequívoca su voluntad de no entregar su consentimiento a la instalación de dicho proyecto, por cuanto éste significa una sería afectación y amenaza a su sistema de vida y costumbres, y de sus derechos territoriales”.

    En diálogo con este medio, Simón Crisóstomo Loncopán describe la decepción que tuvo la comunidad tras el proceso consultivo. “Nos dimos cuenta que no servía absolutamente nada. Estamos hablando de que fue un proceso de mejora a los proyectos, porque preguntan qué es lo que no gusta para que la empresa lo mejore y sea más sustentable frente al Gobierno, que es el que vota y aprueba esto, porque las comunidades no tienen capacidad de decisión, no es vinculante”, afirma el werken. Junto con eso, sostiene que “a pesar de que en la Consulta Indígena dejamos expresado que no queríamos esta hidroeléctrica con argumentos culturales, políticos y judiciales, no nos tomaron en cuenta y solo se tomó la palabra de la empresa, porque el proyecto era sustentable económicamente para la gente local”. 

    “Ellos dicen que nos van a dejar mucha plata, pero acá no queremos plata, no nos interesan los millones de utilidades que puedan entregarnos. Nosotros queremos que nuestro territorio siga libre y eso no tiene precio. Lamentablemente, el Estado solo ve plata y lo cuantificable, pero no el daño que nos está haciendo”, agrega.

    “Dos visiones que chocan”

    El portavoz del Lof Trankura comenta que llevan dos años “haciendo resistencia”, tiempo en el que han impedido las faenas relacionadas con la hidroeléctrica. “La única maquinaria que ha entrado fue expulsada del territorio, porque no estamos en una posición de decir que nos vamos a confiar de las leyes chilenas y de los tribunales. Tenemos que estar atentos para defender nuestra tierra, eso hemos estado haciendo y seguiremos hasta que la empresa se vaya”, asevera.

    Cuenta además que en las últimas semanas han observado un incremento del personal de Fuerzas Especiales de Carabineros en el sector, aun cuando las acciones de resistencia no se reducen al “control territorial”, sino que también realizan actividades de “resistencia interna” y “fortalecimiento cultural”, frente a otro tipo de amenazas que surgen en esta disputa con el capital empresarial.

    En este sentido, Crisóstomo Loncopán dice que “el daño más fuerte en la comunidad local es la división. Estamos hablando de que compran gente, compran firmas a cambio de migajas. El daño social es el que más duele”.

    Para el dirigente, este tipo de prácticas desbordan aquello que podría ser comprendido como una disputa medioambiental. “No vemos este conflicto como un conflicto ambiental. Lo analizamos dentro del conflicto entre el Estado chileno y el pueblo Mapuche”, indica. El problema –según piensa– tiene que ver con “la forma de ver el mundo” y con “dos visiones que chocan: una que es netamente comercial de la tierra y el agua como recursos naturales, y otra que es todo lo contrario”.

    Suscríbete a nuestros boletines informativos y recibe diariamente la información más importante publicada en elciudadano.com

    * indicates required

    A qué ediciones te quieres suscribir?


    •  
    •  
    •  
    Loading...