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    Al día siguiente que el Consejo de Pueblos Atacameños interpusiera el recurso de protección en el que solicitan que el contrato entre Corfo-SQM, que extiende la concesión del litio hasta el 2030, quede sin efecto, la Corte de Apelaciones decretó su admisibilidad. Sin embargo, negó una orden de no innovar, que era una medida cautelar que hubiera permitido dejar sin efecto el acto inmediatamente antes de decretar la sentencia definitiva. Este jueves 22 los tribunales rechazaron otra medida cautelar interpuesta por asociaciones de regantes y agricultores de Atacama en contra del convenio.

    Desde la agrupación indígena reafirman que “ya estamos en el juicio y vamos a desplegar todos los argumentos que tenemos para salir bien en este proceso”, explica a El CiudadanoAna Ramos, presidenta del Consejo de Pueblos Atacameños, pues -para ellos- se incurrió en una ilegalidad al omitir la realización de la Consulta Indígena.

    El juicio ya fue admitido a tramitación y, lo que corresponde es notificar a los recurrentes para que preparen sus defensas y las presenten en el plazo que estableció la Corte. “Lamentamos que no se haya acogido la solicitud de no innovar, pero técnicamente ya estamos en un juicio” contra el convenio SQM-Corfo, explica Ramos, pues están convencidos de que tienen los argumentos legales que les permitirán retrotraer el acuerdo.

    Ramos acusa que SQM y Corfo incurrieron en una serie de ilegalidades, entre ellas “la vulneración de derechos que existe y el tema de la Consulta Indígena, pero también hay temas ambientales, incluso de corrupción, que son de conocimiento público, entonces son una serie de elementos que nosotros los tenemos detallados”, explica.

    Para el pueblo likanantay lo fundamental es que se haya llegado a este acuerdo para extender en el tiempo la cuota de extracción y no exista un modelo hidrogeológico en la cuenca del Salar de Atacama, que es “un ecosistema muy frágil”, según describe Ana Ramos.

    En ese sentido, a la dirigenta le urge que se realice uno cuanto antes, pues no solamente está SQM ahí, sino que -explica- hay otras empresas que también extraen agua. “A nosotros lo que nos interesa es preservar la vida en la cuenca del Salar de Atacama y eso significa que las comunidades sigan existiendo por siempre, y eso se garantiza mediante el cuidado del agua, y mientras eso no tengamos garantizado consideramos que están vulnerando nuestros derechos y la continuidad de nuestro pueblo en el sector”, espeta.

    ¿Es cierto que en el convenio entre SQM y Corfo se propuso que realizaran un estudio hidrogeológico de la cuenca para poder identificar lo que usted plantea?

    Claro, la misma empresa propone hacer un estudio hidrogeológico… ¡y que va a ser visado por SQM! Entonces, se pierde toda objetividad.

    Es decir, ¿ustedes proponen que sea un estudio independiente?

    Claro, tiene que ser un estudio independiente donde todas las empresas, más allá de SQM, pongan sobre el escritorio los derechos de agua que tienen para ver hasta dónde va a dar esto.

    O sea, ¿se aprueba un convenio para ampliar el plazo de extracción y no hay claridad de la cantidad de agua disponible en la cuenca del Salar?

    Como le digo, no hay un estudio ni un modelo hidrogeológico. De hecho, hace un tiempo SQM cambió un punto de captación de un pozo de agua, porque seguramente el otro ya lo habían secado, y ni siquiera solicitaron el cambio, sino que hicieron el pozo y fue la Dirección General de Aguas (DGA) quien los denunció. El juicio llegó a la Corte Suprema y hace tres días le dio el favor a la DGA. Entonces hay muchas irregularidades que no gozan de la efectividad de la información que ellos entregan.

    “Gesto de mala fe”

    El recurso de protección busca que se anule el acuerdo firmado el 17 de enero entre Corfo y SQM, debido a que no hubo Consulta Indígena en el marco del Convenio 169 de la OIT. Esto porque Eduardo Bitrán, vicepresidente ejecutivo de Corfo, días antes de anunciar el convenio sostuvo reuniones por separado con algunas comunidades indígenas y luego se reunió con el Consejo.

    Tal como narró a El Ciudadano Oriana Mora, representante de la Comunidad de Peine -una de las 18 asociaciones que integran el Consejo de Pueblos Atacameños-, consideraron que eso fue “un gesto de mala educación” y “de mala fe”. Además, se acusa que Bitrán ofreció cierto porcentaje para las comunidades, pero -sostiene la dirigenta- “lo que estamos viendo nosotros es un tema de supervivencia de nuestro un pueblo”.

    Se espera que en los próximos días Corfo y SQM remitan al tribunal los antecedentes que existen en su poder sobre el asunto que ha motivado los recursos, pues se cumple el plazo de cinco días desde que la acción de protección fue admitida por el tribunal.

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