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    Tras la reclamación que presentó la Red Metropolitana No Alto Maipo al Tribunal Ambiental, acción que busca impugnar la autorización que entregó la Superintendencia de Medioambiente (SMA) al Plan de Cumplimiento de Alto Maipo, la empresa ha iniciado una fuerte ofensiva para silenciar la oposición e intentar cercenar las atribuciones del Tribunal. Eso acusan las organizaciones opositoras al proyecto de AES Gener.

    Según exponen, la presentación al Tribunal Ambiental da cuenta de una estrategia de Alto Maipo que busca que la reclamación interpuesta por la Red Metropolitana No Alto Maipo sea declarada como inadmisible, lo que, a juicio de la Red, es una “maniobra jurídicamente violenta” y “antidemocrática”.

    Para la Red, el actuar de los representantes del proyecto “evidencia la cercanía política de la SMA con Alto Maipo, que llevan negociando el Plan de Cumplimiento (PdC) durante casi un año, y, como muestra de dicha complicidad, el proceso que se abrió en el ente fiscalizador con nueve infracciones graves, ha concluido sin ninguna sanción”.

    El argumento que esgrime Alto Maipo SpA se relaciona con que los únicos que pueden intervenir en la reclamación serían la SMA y ellos mismos, pues han venido trabajando durante casi doce meses negociando el Plan de Cumplimiento. Sin embargo, desde la Red sostiene que “esta explicación es completamente inconsistente ya que dejaría afuera a las organizaciones sociales que fueron justamente las que entregaron a partir del año 2013 las contundentes denuncias y antecedentes que la misma SMA consideró para abrir el proceso infraccional, que hoy está siendo impugnado por las organizaciones ya que a cinco años de dichas denuncias no existe ninguna sanción”.

    La Red Metropolitana No Alto Maipo cuestiona esta “jugarreta” y “leguleyada” de Alto Maipo, y espera que la solicitud de AES Gener sea rechazada. La agrupación considera que las argumentaciones de Alto Maipo ante el Tribunal “no van al fondo del asunto”, por tanto no abordan “a protección ambiental, territorial y social por las que las instituciones estatales deben velar para hacer cumplir el derecho a vivir en un ambiente libre de contaminación”.

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