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    El director de Bienestar de Carabineros, general Mario Rozas Córdoba, respondió este miércoles a las declaraciones formuladas por el contralor Jorge Bermúdez, quien se refirió a algunos indicios de una “corrupción mayor” en el departamento de Bienestar de la institución, por una suma cercana a los 23 mil millones de pesos.

    Al respecto, Rozas explicó que la repartición había presentado todos los documentos requeridos por Contraloría, agregando antecedentes sobre el destino de los fondos, y descartó que existiese fraude o delito: “Efectivamente, durante 2017, por un espacio de 9 meses, Contraloría realizó indagaciones respecto a los años 2017 y 2016. Se le entregaron todos los documentos y antecedentes, pero los inspectores de esta entidad comenzaron a auditar otros años y llegaron hasta 1991”, señaló Rozas.

    “Así, plantearon algunas observaciones, pero todas estas ya fueron justificadas por la Dirección de Bienestar, presentando las escrituras, documentos bancarios y de pago que establecerían que esa cifra de dinero estaría justificada con las propiedades (compradas), que básicamente son conjuntos habitacionales y centros recreacionales para nuestros carabineros y sus familias”, agregó el director de Bienestar.

    Requerido sobre la posible existencia de un fraude, Rozas insistió su planteamiento, pero agregando la existencia real de las propiedades, las que estarían siendo destinadas actualmente a su uso: “De acuerdo a los cargos que nos hace Contraloría, ese ‘delta’ de dinero está justificado por la presentación de escrituras, pagos, cheques, cartolas, y eso obedece a la compra de conjuntos habitacionales y centros recreacionales. Por lo tanto, los antecedentes fueron exhibidos a la vista de los auditores de Contraloría”.

    En ese sentido, el uniformado reconoció que, al ampliarse la investigación de la Contraloría, existieron documentos requeridos que no pudieron presentarse, ya que no existen físicamente: “En algunos años no existe documentación, ya que por normativa interna de la institución, de acuerdo a un reglamento de documentación, algunos antecedentes desde 1991 hasta 2005, fueron incinerados”, afirmó Rozas.

    Finalmente, consultado por las declaraciones del Contralor sobre una “corrupción mayor” en el departamento de Bienestar, el director respondió que “no está dentro de mi ámbito de competencias opinar sobre eso, sólo referirme a lo que ha hecho la Dirección de Bienestar, de transparentar y entregar toda la información que nos solicitan las autoridades”.

    Foto portada: ATON

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