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    La violencia contra la mujer y la comunidad LGBTIQ+ es un problema a nivel mundial, cuya consecuencia más grave es el femicidio o los crímenes de odio. Internet no es ajeno a esta realidad. De hecho, comportamientos como el sexismo, homo/lesbo/transfobia y racismo llegan al llamado “mundo digital” y se amplifican, amparados en la distancia física, instantaneidad y anonimato.

    A pesar de que este tipo de violencia tiene consecuencias serias en las vidas de las víctimas, afectando su seguridad e integridad psicológica, poco se aborda esta problemática, ya sea a nivel judicial, policial o a nivel educativo. Y existen tan pocos estudios o cifras al respecto, que se encuentra oculto, ya que se asume que lo que ocurre en Internet es “efímero” o “no es real”.

    Ante esto, se hace imperativo investigar y aproximarse a las formas de acoso y violencia más comunes en Chile y Latinoamérica e indagar cómo afecta a mujeres, la comunidad LGBTQI+ y activistas de los DDHH. En Chile, en particular, existe una escasez de información acerca de la frecuencia con que ocurren este tipo de hechos entre adultos, y más aún, se desconoce la dimensión de género que puede abarcar.

    Es por ello que la Fundación Datos Protegidos, gracias al financiamiento de Privacy Internacional, y con la colaboración del Departamento de Derecho Penal de la Universidad Alberto Hurtado y la ONG Amaranta, elaboró el primer informe de Violencia de Género en Internet en Chile, el cual incluyó una encuesta realizada a mujeres y comunidad LGBTI sobre esta materia.

    El estudio fue presentado el jueves 4 de octubre en el seminario “Violencia de género en Internet e intervención desde el derecho penal”, el cual abarcó las exposiciones de Fundación Datos Protegidos y ONG Amaranta, entregando el informe, Acoso.online y ABOFEM, dando a conocer sus experiencias en el tema, y la participación de los académicos del Derecho, Laura Mayer, Carlos Reusser y Luis Emilio Rojas, quienes buscaron darle una respuesta penal a este tipo de hechos.

    Datos más que inquietantes

    En el estudio, el total de las afectadas declaró haber recibido algún grado de agresión digital. Los casos más frecuentes incluyeron el acoso en línea (también conocido como cyberstalking), el que abarca las amenazas violentas, difusión de mentiras con la intención de dañar a la víctima, invasión a la privacidad y divulgación de imágenes sexualmente explícitas, entre otros.

    Llevándolo a las cifras, un 88,14% de quienes respondieron la encuesta declararon haber sufrido violencia verbal, la cual comprende burlas, insultos, humillaciones.

    La segunda forma de violencia más frecuente fue el acoso y el hostigamiento, la cual afectó al 66,1% las encuestadas; mientras que la tercera forma de violencia más común, fue el envío de imágenes o videos agresivamente sexuales sin que la persona lo pidiera (40,68%).

    Además, un 30,51% sufrió la exposición de información falsa sobre su vida personal, afectando su dignidad, tales como injurias y calumnias. Un 22% sufrió amenazas explícitas y otro 18,64% sufrió la pérdida de redes sociales o del correo a través de hackeos.

    En menores porcentajes, las personas encuestadas declararon haber sufrido la difusión de imágenes íntimas sin consentimiento (13,56%), suplantación de identidad (11,86%), extorsión (10,17%), publicación de datos personales en webs o foros (8,47%) y la grabación y difusión de imágenes íntimas sin consentimiento en ninguna parte del proceso (6,78%). Dos personas encuestadas declararon que los ataques pasaron del plano virtual al físico.

    En tanto, un 71,19% de los ataques ocurrieron en Facebook, siendo la plataforma en la que ocurrieron la mayoría de los ataques. Le sigue WhatsApp (30,51%), Twitter (28,81%), mail (22%) e Instagram (16,95%). Además, un 25,42% sufrió ataques en otras plataformas, entre las que se mencionaron: Fotolog, Tumblr, foros y páginas pornográficas.

    Al preguntar si conocían a sus atacantes, un 42,37% dijo conocerlos, un 37,29% dijo que eran desconocidos y un 20,34% declaró haber conocido a algunos de quienes la o lo atacaban. Si bien un 57,63% de las personas encuestadas eran mayores de edad al momento de sufrir la violencia, un 15,25% declaró haber sido menor de edad cuando ocurrió y otro 27,12% afirmó que le ocurrió en ambos momentos de su vida.

    La principal forma de respuesta ante la violencia fue el aumento de seguridad en redes sociales y otras plataformas basadas en tecnologías, estrategia que tomó el 62,71% de quienes respondieron la encuesta. Otra estrategia importante fue el bloqueo, utilizado como mecanismo de defensa en el 61% de los casos. La tercera principal estrategia era la conversación del tema con personas del entorno cercano y de confianza, presente en el 49,15% de los casos.

    Además, algunas personas fueron a terapia psicológica o similar (27,12%), otras optaron por cerrar sus redes sociales (22,03%) y otras intentaron denunciar a Carabineros, PDI o el juzgado local, sin resultados (18,64%); en contraposición, solo a un 6,78% le recibieron la denuncia. Un 13,56% denunció el ataque en redes sociales y hubo un porcentaje similar que optó por no hacer nada.

    También, una persona declaró haber llevado el caso ante autoridades universitarias, y otra afirmó que “cambié mis números de teléfono y bajé todos mis datos públicos (incluso currículums)”. Hasta la fecha, del 6,78% de las mujeres (cis y trans) a las cuales les acogieron la denuncia, ninguna ha resultado en condena penal, sanción o alguna forma de reparación hacia las víctimas afectadas, incluso cuando las pruebas incluían la identidad de los agresores.

    Finalmente, se informó que un total de 62,71% de las encuestadas señaló haber conocido a uno o más de sus atacantes, lo que también indica que Internet se transforma en un espacio para aproximar aún más los ataques que podrían llegar a perpetrarse de forma física.

    Sería interesante -y urgente- en una próxima investigación ahondar en la cantidad de femicidios o intentos de femicidio ocurridos en Chile y cuántas de esas víctimas sufrieron acoso, hostigamiento y otras actitudes predatorias de su atacante a través de RRSS e Internet.

    Vía El Clarín

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