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    Dos importantes académicos de derecho constitucional indicaron este miércoles que el proyecto de ley “Aula Segura” -al cual el Gobierno puso suma urgencia-, no respeta el debido proceso del estudiante, presentando serios “vicios de constitucionalidad”.

    Los docentes participaron de una sesión de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento del Senado. El primero fue Jaime Bassa, experto constitucionalista de la Universidad de Valparaíso, quien fue tajante en señalar que el proyecto es inconstitucional, ya que no respeta el debido proceso que debe tener el estudiante, entregando un exceso de atribuciones al director de un colegio.

    Bassa añadió que el proyecto además no establece mecanismos que permitan prevenir eventuales errores en los procedimientos de expulsión: “El proyecto le entrega una competencia desmedida al director de los colegios, quien estaría autorizado para expulsar (a un alumno) sin contrapesos al interior de la institución”, afirmó Bassa, citado por radio Bío Bío.

    Por su parte, el profesor de derecho constitucional de la Universidad Católica de Valparaíso, Manuel Núñez, sostuvo que de la redacción del proyecto se desprende que la sanción de expulsión se aplicará antes de que se inicie la respectiva investigación, transgrediendo los derechos constitucionales.

    “Si es esa la intención del proyecto, esa lectura yo creo que es contraria a la Constitución porque lo que hace es tratar de resguardar la convivencia, la seguridad de la comunidad escolar con una sanción que se anticipa”, detalló Núñez.

    Tras la sesión, el senador de la Democracia Cristiana y presidente de la Comisión de Constitución, Francisco Huenchumilla, aclaró que el informe que emitirá la instancia no es vinculante ni tendrá efecto en la tramitación de la iniciativa, agregando que ésta puede comenzar su revisión en la Comisión de Educación.

    “Es una constitucionalidad de fondo la que estamos viendo y quien tiene que resolver sobre esos temas es el Tribunal Constitucional a requerimiento de senadores o diputados que quieran resolver ese tema. Pero no es facultad, ni de las comisiones ni del Senado, pronunciarse sobre constitucionalidades de fondo”, concluyó el parlamentario.

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