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    En junio del año 2016, el Estado de Chile suscribió un Acuerdo de Solución Amistosa con el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh), luego que esta organización presentara, en mayo de 2012, una petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), señalando que el Estado habría vulnerado una serie de artículos de la Convención Americana sobre DDHH en perjuicio de un grupo de personas homosexuales que no pudo contraer matrimonio.

    En el marco del análisis de admisibilidad de la petición, las partes manifestaron ante la CIDH su interés por alcanzar un acuerdo de solución amistosa. En noviembre de 2014, en el contexto de la visita de la relatora para Chile y los Pueblos Indígenas de la CIDH, Rose Marie Antoine, se llevó a cabo una reunión entre agentes estatales y representantes del Movilh, con el fin de iniciar un proceso de acuerdo, el cual finalizó dos años después, con la suscripción del documento.

    Dentro de los puntos convenidos, se establece que el Estado de chile se compromete a “impulsar en conjunto con los peticionarios un proceso de discusión pública, que se inicia con la suscripción del presente acuerdo, en torno al matrimonio igualitario, y que involucre a la sociedad civil y a representantes del gobierno, y se invite a participar al Congreso nacional, entre otros”.

    Asimismo, el acuerdo contempla la obligación para el Estado de “ingresar a tramitación legislativa dentro del primer semestre del año 2017, un proyecto de ley de matrimonio igualitario”; y “adoptar las medidas necesarias, incluidas acciones de promoción, para impulsar la iniciativa del matrimonio igualitario como un asunto que constituye un interés legítimo en una sociedad democrática e inclusiva”.

    Sin embargo, el pasado 2 de octubre, representantes de Gobierno asistieron a una reunión en Estados Unidos con los abogados del Movilh –Ciro Colombara y Hunter Carter–, encuentro que también contó con la participación del actual relator de la CIDH para Chile, Luis Ernesto Vargas.

    Firma del proyecto de ley de matrimonio igualitario

    En la cita, el Movilh denunció que el Estado, y en particular la administración de Sebastián Piñera, no ha impulsado el proyecto de matrimonio igualitario para lograr su aprobación, pese a que la iniciativa fue ingresada al Congreso en agosto de 2017, durante el gobierno de Michelle Bachelet.

    Desde el Gobierno sostuvieron que el Estado chileno no está obligado a impulsar ni a aprobar el matrimonio igualitario. Por medio de una minuta publicada por La Tercera, la administración piñerista plantea que “esta circunstancia muestra que la firma del acuerdo nunca significó que el Ejecutivo, cualquiera fuera el Presidente, debiese asumir el compromiso de promover el proyecto en el Congreso, o bien de obtener la aprobación del mismo”.

    Por otro lado, el Ejecutivo alega que “el Estado, a través del Ejecutivo, no podría haberse obligado a ejecutar una acción que compromete a otro Poder del Estado (Poder Legislativo)”.

    Contraloría dio luz verde

    En marzo de este año, la Contraloría General de la República descartó que existiera ilegalidad en el Acuerdo de Solución Amistosa (ASA) alcanzado entre el Movilh y el Estado, ante la CIDH. La entidad calificó como “vinculantes” los compromisos asumidos.

    Para la Contraloría, los acuerdos alcanzados en virtud de la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH), como ocurre con el ASA firmado por el Estado y el Movilh, “constituyen la aplicación de un medio de solución de controversias implantado bajo la jurisdicción de un organismo internacional, cuyas normas son parte del ordenamiento jurídico nacional, al tratarse de un tratado internacional suscrito, ratificado y promulgado por la República de Chile”.

    “Bajo tal predicamento, los acuerdos adoptados al alero de esa preceptiva –y por tanto, las obligaciones y derechos que emanan de esa convención–, resultan vinculantes para el Estado que los suscribe”, agregó la Contraloría.

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