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    El Juzgado de Letras del Trabajo de Iquique -Región de Tarapacá-, condenó al intendente Miguel Ángel Quezada (UDI) a pedir disculpas e indemnizar al periodista Nicolás Candel y su familia, por las vulneraciones sufridas antes, durante y después de su despido, ocurrido el 14 de mayo del año 2018.

    La sentencia fue emitida por la jueza Marcela Díaz, quien ordenó el pago de casi 40 millones de pesos, debido a la vulneración de los derechos constitucionales de libertad de trabajo, de no discriminación arbitraria y por infracción al derecho a la vida e integridad física y psíquica, además de una indemnización por lucro cesante.

    La magistrado decidió aplicar el tope de las indemnizaciones señaladas en el inciso 4° del artículo 489 del Código del Trabajo, debido a la gravedad de los hechos denunciados. Así, el Gobierno Regional deberá desembolsar $23.387.727 por concepto de vulneraciones cometidas en contra de los derechos constitucionales y $15.946.188, por lucro cesante, ambas cifras con intereses y reajustes.

    Además, se suma la carta con las excusas correspondientes que Quezada debe dirigir a Candel, su esposa y cuatro hijas por los hechos vulneratorios sufridos.

    Desde el Gobierno Regional señalaron que no comentarán los fallos judiciales, en especial aquellos que no están firmes ni ejecutoriados, e indicaron que a través del Departamento Jurídico se ejercerán las acciones y los recursos establecidos en la legislación laboral.

    En tanto, Nicolás Candel, que ahora se desempeña como jefe de prensa de una radio, no quiso referirse al tema, consignaron desde Radio Cooperativa.

    Los hechos

    De acuerdo a un reporte del portal Edición Cero, el periodista Nicolás Candell Pozo, fue contratado el 13 de octubre de 2015 por el Gobierno Regional, durante la gestión de la ex Intendenta Claudia Rojas, cumpliendo roles en la Dirección de Comunicaciones del GORE, bajo la modalidad de honorarios.

    A los 2 meses, pasó a “contrata”, en grado 9 E.U.R. del estamento profesional, según indica la demanda. Dicha contratación se fue renovando, con una remuneración de un poco más de $ 2 millones de pesos, cifra que consideró la sentencia, más el bono trimestral que reciben los funcionarios públicos, por cumplimiento de metas.

    Respecto de las funciones que cumplía el periodista Nicolás Candel Pozo, señala el documento: “…dicen relación con dar cobertura de medios a las actividades comunicacionales de las autoridades del Gobierno Regional, producción de notas de presa, videos, publicaciones en plataformas digitales oficiales, relacionamiento con medios de comunicación local y nacional, entre otras labores”.

    Asimismo, se indica que cumplió las funciones a cabalidad, y que nunca fue objeto de procesos sumariales, ni de anotaciones de demérito.

    Pero, al asumir al actual gobierno de Piñera y habiendo tomado posesión del cargo de Intendente Regional, Miguel Ángel Quezada, el periodista comenzó a sufrir una serie de situaciones que con el paso del tiempo, le ocasionaron una enfermedad profesional.

    Esto, porque pese a que se le informó que seguiría en funciones en otra división del GORE, ya que “había trabajado en la otra administración” y que se le autorizó un feriado legal, al regreso de éste sólo le dieron tareas en forma verbal para luego no recibir nunca más instrucciones, quedando de brazos cruzados.

    “A poco andar la jefa de división, señora Grace Greeven Frank, le informa a mi representado, que había sido advertida por el señor Intendente, que no podía recibir más asignaciones laborales”, indica la defensa del profesional.

    De ahí para adelante la situación se puso complicada para el periodista Candel. Su trabajo fue asignado a un proyecto de restauración de fachadas del Paseo Baquedano, mientras el Intendente Quezada prohibía que le asignaran tareas.

    Según le señaló la misma Grace Greeven: “El Intendente me pidió que te dijera que no quería verte en reuniones con empresas ni saludando a los consejeros regionales”.

    Como no podía realizar el trabajo asignado formalmente, le dieron otras tareas. “Pero, como una forma de hostigamiento, se instruyó que en algunas actividades fuera designado como conductor para cometidos que realizarían otros compañeros de trabajo, como se apreciará en los correos electrónicos que incorporaremos en la etapa procesal pertinente”, puntualiza la defensa.

    Toda esta situación le provocó a Candel una enfermedad profesional, como consta en la demanda, la que fue acreditada por la Superintendencia de Seguridad Social y que lo llevó a presentar varias licencias médicas. Sin embargo, su estado de salud también fue cuestionado, recibiendo un trato desigual, discriminatorio y vejatorio como trabajador, concluyeron desde su defensa.

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