Justicia investigará 30 mil casos de tortura en dictadura tras denuncia ingresada por Bachelet

Una información publicada este viernes por el diario español El País señala que un día antes de terminar su mandato, la presidenta Michelle Bachelet, a través de la Subsecretaría de Derechos Humanos, denunció ante la Justicia cerca de 30 mil casos de torturados durante la dictadura de Augusto Pinochet, los que constan en el informe de la Comisión Valech.

La orden fue ejecutoriada por la subsecretaria Lorena Fríes, quien afirmó que «desde el Gobierno me autorizaron» a presentar la denuncia. Asimismo, se indica que Bachelet había presentado un proyecto para levantar el secreto de 50 años impuestos al Informe Valech, cuya comisión fue creada durante el Gobierno de Ricardo Lagos, sin embargo, la iniciativa no prosperó.

La denuncia presentada por Fríes será investigada por el ministro de la Corte de Apelaciones Mario Carroza, quien, según la nota de El País, «decidió no rechazarla y darle curso, es decir, investigará los 30.0000 casos». En tanto, el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) deberá definir si levanta el secreto de la comisión Valech de manera parcial o total o si finalmente será una decisión «caso a caso».

Además, según Fríes, el Gobierno de Bachelet estaba por incorporar una indicación sustitutiva al proyecto de ley que permitiera que los tribunales conocieran los antecedentes hasta ahora secretos, «pero estableciendo un mecanismo de resguardo y de privacidad para las víctimas», lo que no se logró antes del receso legislativo de enero.

«Lo hicimos al final porque tuvimos bastantes dificultades en poder avanzar en una agenda con las personas que fueron sobrevivientes de la tortura», dijo Fríes al diario español.

Otra negativa de Campos

La ex subsecretaria contó también que otra de las iniciativas pensadas antes de terminar el Gobierno era la creación de una comisión permanente al alero del Ministerio de Justicia, en la que se pudieran revisar los testimonios rechazados en la Comisión Valech 2. Sin embargo, Fríes declara que «la autoridad -refiriéndose al ex ministro de Justicia, Jaime Campos- no firmó el decreto, con lo que estos planes no se pudieron echar a andar».

«Esto estaba listo para noviembre. En diciembre señaló que desde el Ministerio del Interior no le daban el pase y finalmente tuvimos una reunión con los ex presos políticos el 29 de enero donde se cerró la mesa de negociación y se acordó que se iba a avanzar, que no había razones para no firmarse el decreto. Aun así, no se firmó. Y quien tenía que firmar era Campos», concluyó Fríes.

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