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    El Séptimo Juzgado Civil de Santiago, tras una petición del Consejo de Defensa del Estado (CDE), ordenó retener bienes del ex dictador y genocida Augusto Pinochet, avaluados en 17 millones de dólares, y que iban a pasar a sus herederos.

    La medida fue tomada luego de la la sentencia judicial que puso fin al emblemático Caso Riggs de malversación de fondos públicos: “Existe evidencia probatoria más que suficiente para estimar plenamente demostrado que Augusto Pinochet Ugarte incurrió en conductas que importaron sustracción de caudales públicos”, explicó la presidenta del CDE, María Eugenia Manaud.

    Recordemos que el 24 de agosto pasado, la Corte Suprema emitió su fallo final del llamado Caso Riggs, condenando a tres ex oficiales del Ejército que ayudaron a Pinochet a ocultar dinero sustraído de las arcas fiscales en cuentas bancarias en el ya desaparecido Riggs Bank de Estados Unidos, a nombre de él, miembros de su familia y algunos seudónimos.

    Por ello, el máximo tribunal ordenó también la confiscación de 1,6 millones de dólares del monto total defraudado por el militar, de los que se comprobó su origen ilícito y que escaparon a los plazos de prescripción. Sin embargo, el fallo final determinó que el patrimonio total de Pinochet ascendía a 21,3 millones de dólares, de los cuales 17,8 millones tenían un origen ilícito.

    El dinero debía ser restituido a la viuda del ex dictador, Lucía Hiriart -de 95 años-, y a sus cinco hijos, incluyendo una veintena de propiedades: “Se ha accionado en contra de todos los herederos de Pinochet pues si bien ni se acreditó que hubieren tenido participación en los ilícitos, son los destinatarios de un enorme provecho económico, fruto de una conducta delictual plenamente acreditada”, agregó la presidenta del CDE.

    El Caso Riggs estalló en 2004, cuando una investigación del Senado de Estados Unidos encontró las cuentas corrientes a nombre de Pinochet y su familia en el marco de sus investigaciones por el origen ilícito de dinero para financiar el terrorismo tras el ataque a las torres gemelas en 2001.

    Por este caso, el ex dictador alcanzó a ser procesado por la justicia chilena, que además ordenó su arresto domiciliario por algunas semanas, pero no fue condenado.

    Fuente: La Nación

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