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    La casa de memoria Londres 38 recuerda que el pasado 9 de marzo el ex ministro de Defensa, José Antonio Gómez, envió a la presidencia de la Cámara de Diputados el Informe sobre la destrucción de archivos en el Ejército, donde se declara que “se incineraron archivos, señalando quién lo hizo y de dónde provino la orden”. Parte del informe fue conocido en diciembre de 2017 y fue firmado por el general Ricardo Martínez, actual Comandante en Jefe del Ejército, quien reconoce que “en 1980 y 1982 hubo destrucción de información”.

    Londres 38 se ha manifestado al respecto, sosteniendo que la quema de archivos “no conforma un hecho aislado, sino una concatenación de hechos y acciones por parte de organismos estatales para efectos de mantener la impunidad y obstaculizar el esclarecimiento de delitos de lesa humanidad”.

    En ese sentido, agregan que la sola afirmación de la destrucción de archivos no debería ser suficiente para darla por acreditada. “En distintos momentos, el Ejército ha informado sobre la destrucción de documentación, lo que pone en duda la veracidad de estas diferentes versiones porque, si es efectivo que se destruyeron, cabe preguntar: ¿cuándo fue realmente?”, cuestionan desde el sitio de memoria.

    Sin perjuicio de aquello, en diciembre pasado Londres 38 presentó una querella contra quienes resulten responsables de los delitos de “sustracción y supresión de documentos en el Ejército”, así como de “encubrimiento de homicidios y secuestros calificados”, exigiendo una investigación que dé con los responsables y acabe con la impunidad. “Emplazamos a las actuales autoridades políticas, a los tribunales y al Congreso a asumir su responsabilidad y a disponer las medidas que permitan establecer la verdad sobre la destrucción de archivos y a derogar la ley N° 18.771 que legalizó el encubrimiento”, exige la organización.

    Punta Peuco

    Sobre los “beneficios” solicitados por los 70 reos de Punta Peuco violadores de los derechos humanos, Londres 38 señala que el Gobierno debe tener presente el derecho internacional: “Como ha señalado el Grupo de Trabajo sobre Desaparición Forzada de Naciones Unidas, la ejecución de una pena a través de beneficios o reducciones vuelve ilusoria o ineficaz a la pena misma, lo que se convierte en una forma de encubrimiento”, apuntan.

    Agregan que el otorgamiento de beneficios debe analizarse más allá de las circunstancias particulares, “como la edad o estado de salud de cada reo”. En ese sentido, plantean que según el Estatuto de Roma y la Corte Penal Internacional, la situación personal es solo un elemento “insuficiente para reducir una condena por crímenes de lesa humanidad” y que para ello “tienen que concurrir una serie de condiciones, entre ellas la colaboración eficaz durante la ejecución de la pena y la evaluación del impacto que ello tendría sobre las víctimas”. “Desde la perspectiva de los derechos humanos la víctima debe ser el centro de la atención del Estado, no el victimario”, añaden.

    Londres 38 seguirá impulsando la campaña #TodaLaVerdadTodaLaJusticia, exigiendo “avanzar en el establecimiento de la verdad y la justicia en los miles de casos de desaparición forzada y ejecuciones durante la dictadura, que aún siguen en la impunidad”.

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