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    Tal como se informó durante la semana, el 10 de marzo, es decir, un día antes de terminar su mandato, la ex presidenta Michelle Bachelet, a través de la Subsecretaria de Derechos Humanos, Lorena Fríes, hizo llegar a la Justicia una denuncia para que se investiguen los más de 30 mil casos de víctimas de tortura, incluidos en las comisiones Valech I y II.

    La acción judicial fue aceptada por el juez Mario Carroza. Sin embargo, esta labor podría complicarse, ya que en 2003 se decidió que la información contenida en el informe Valech I quedaría en secreto por 50 años. En ese sentido, Lorena Fríes afirmó que en el caso de que ciertas indagatorias ya se encuentren en curso, no se alterará el proceso. En cambio, si las víctimas ya fallecieron, las pesquisas se apoyarán en documentación y en los datos aportados por familiares.

    “El imperativo era que no quedara esto fuera y que pudiéramos seguir avanzando en verdad, justicia y reparación”, comentó la abogada a La Tercera.

    Por su parte, Lorena Pizarro, presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, señaló que ahora todo dependerá del Poder Judicial.

    “Todos ya saben nuestra opinión respecto de la falta de voluntad política para enfrentar las demandas de derechos humanos que tuvo el Gobierno de Bachelet, pero ahora hay que poner los ojos en la Justicia para que se investigue, de una vez por todas, el genocidio de la dictadura que se encuentra en absoluta impunidad”, señaló.

    “Es importante que la Justicia cambie la lógica de en la medida de lo posible y empiece a avanzar de verdad en función de enjuiciar a los violadores de DDHH”, añadió Pizarro.

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