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    Para quienes hemos seguido el itinerario delictivo y criminal de Colonia Dignidad, el reconocimiento de los expertos del lugar exacto donde se procedió a la quema de cuerpos pertenecientes a detenidos/desaparecidos y ejecutados en ese enclave no ha sido sorpresa.

    La primera vez que escuché acerca de la existencia de hornos en el siniestro lugar, fue en una conversación con Winfried Hempel, abogado de un grupo de colonos que exige justicia por sus años de esclavitud en el enclave. Intercambiando informaciones sobre lo que ocurría al interior, mientras el juez Mario Carroza investigaba las fosas, me contó sobre la existencia de un testigo que hablaba de un horno crematorio al cual llegaban los restos de víctimas cada dos o tres días. Aunque la información era escalofriante, no me sorprendió. Lo que resultaba paralizante era que el testigo, como en otros casos, se negaba a declarar públicamente y ante la justicia la información que compartía en privado.

    Desde hace mucho tiempo, la justicia conocía las declaraciones del principal guardaespaldas de Paul Schaffer, el ex jerarca Gerard Mücke, actualmente preso en la cárcel de Cauquenes, por su colaboración en la violación y abuso de menores. Mücke, había declarado su participación en la exhumación de un conjunto de cuerpos humanos, enterrados en diversas fosas al interior de la Colonia, para ser quemados con fósforo químico y arrojados al río Perquilauquen, que atraviesa el enclave.

    La confirmación, revelada la semana pasada por los expertos que pudieron identificar el lugar preciso donde se llevó a cabo al menos una de las operaciones de cremación, solo viene a confirmar la información oficial y no oficial sobre estos procedimientos.

    A estas alturas, no suena exagerado nombrar a Colonia Dignidad como el Auschwitz chileno. No es casual que buena parte de la cúpula de la Colonia haya pertenecido a diversos servicios y eslabones del régimen nazi. Tampoco suena descabellado pensar que la dictadura chilena, como otras del continente, buscaran una “solución final”, cuyo objetivo era borrar todas las huellas posibles del genocidio desatado en nuestros países, en respuesta a la agitación marxista.

    El dolor de las madres que sobreviven, las hijas y hermanas que han continuado la infinita búsqueda, radica en que aún no sabemos los nombres, ni el número de los ejecutados en el enclave. De acuerdo a las declaraciones de los testigos, se trata a lo menos de unas 40 personas. Pero esta operación pudo realizarse varias veces, a lo largo de los 17 años, por lo que en general, los investigadores hablan de unas 100 personas asesinadas, enterradas en los bosques del sector Chenco y cuyos restos habrían sido exhumados a partir de la Operación “Retiro de Televisores”, siendo quemados y arrojados finalmente a las aguas del Perquilauquén.

    Colonia Dignidad ha sido, después de la DINA, la asociación ilícita criminal que ha gozado de mayor impunidad. Al punto que solo uno de los ex jerarcas ha sido condenado por secuestro y tortura, contra una ciudadana chilena. Ha logrado hasta ahora zafar del pago de indemnizaciones por los menores violados y abusados, por los colonos esclavizados durante 30 o 40 años, además de los chilenos torturados durante semanas y meses, en dicho enclave.

    El haber permitido convertir este lugar en un complejo turístico, constituye una de las más vergonzosas operaciones de blanqueo realizada en democracia, y resulta una afrenta a todas las víctimas y al mundo civilizado, democrático.

    Es de esperar que la justicia siga realizando su trabajo, avanzando en verdad, por dolorosa y cruenta que sea. Haremos el duelo por aquellos compatriotas cuyo destino se selló, en las manos criminales de quienes vinieron bajo la justificación de “auxiliar a los huérfanos y apoyar a los pobres”.

    Por Gabriel Rodríguez
    Periodista y escritor

    Crónica Digital

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