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  • El encargado de las Relaciones Internacionales de la organización mapuche Consejo de Todas las Tierras, Aucan Huilcaman Paillama, denunció que en el marco de la denominada “Operación Huracán” fue intervenida su “comunicación telefónica”, en momentos en que se encontraba en campaña por un cupo en el Senado (por la región de La Araucanía) como independiente, pero en una lista del Frente Amplio.

    “Llama poderosamente la atención que la Corte de Apelaciones de Temuco, en particular el ministro Aner Padilla, haya actuado con tan poco criterio para autorizar la interceptación de mis comunicaciones, considerando que en ese momento realizaba mi campaña de candidato a Senador y, al mismo tiempo, todas mis actividades son conocidas públicamente en la región y el país”, manifestó el dirigente mapuche.

    Para Huilcaman, el ex subsecretario de Interior, Mahmud Aleuy, y la ex presidenta Michelle Bachelet, “tienen responsabilidad política con consecuencias jurídicas en la Operación Huracán”, por tanto adelantó que adoptará “las acciones correspondientes para establecer su responsabilidad jurídica”.

    “Anuncio que pondremos en conocimiento a los órganos internacionales de protección a los derechos humanos, considerando que las acciones de la Operación Huracán contravienen los derechos constitucionales y las normas del derecho internacional”, añadió el representante del Consejo de Todas las Tierras.

    El dirigente anunció además que en los próximos días acudirá a tribunales “para reparar la inminente amenaza y el daño causado, considerando además que no hay una medida judicial que haya puesto fin a la interceptación a mis comunicaciones y hasta el momento he constatado que siguen intervenidas, poniendo en riesgo mi integridad física y psicológica”.

    En septiembre de 2017, ocho comuneros mapuche fueron detenidos por Carabineros en el marco de lo que se conoció como “Operación Huracán”. Los dirigentes quedaron en libertad tras recurrir a la Corte Suprema, pero la causa no quedó ahí, puesto que a comienzos de este año el Ministerio Público concluyó que las pruebas entregadas por la policía uniformada estaban alteradas, por lo que abrió una investigación por falsificación de instrumento público y obstrucción a la investigación, actualmente en manos del fiscal Carlos Palma.

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