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    A pocos días de un nuevo veredicto en el Caso Luchsinger-Mackay por el Tribunal de Juicio Oral de Temuco, el Observatorio para la protección de los Defensores de Derechos Humanos, programa conjunto de la FIDH y la OMCT, llama a las autoridades de Chile a absolver nuevamente a la defensora de derechos humanos machi Francisca Linconao y a los mapuche procesados bajo la Ley Antiterrorista, y a poner fin a la criminalización en su contra.

    Entre el 9 y el 12 de abril, una delegada del Observatorio asistió a una audiencia del juicio –el cual fue suspendido el 9 de abril–, y se entrevistó con autoridades de agencias estatales como el jefe de la Oficina Regional del Instituto Nacional de Derechos Humanos, el Defensor Regional de la Región de la Araucanía, el Fiscal Regional de la Región de la Araucania, con la defensora de derechos humanos machi Francisca Linconao y algunos de los abogados defensores.

    En esta segunda Misión de observación judicial, se mantienen las observaciones generales ya realizadas en la primera nota, relativas a los problemas identificados en la arquitectura del sistema penal chileno, la aplicación de la Ley Antiterrorista contra el Pueblo Mapuche y la realización de actividades de inteligencia, elementos que evidencian un patrón de criminalización en su contra. Se reiteran las siguientes observaciones específicas:

    i) No se demostró la existencia de “un plan elaborado y coordinado” destinado a provocar temor en los agricultores de la zona, lo que excluyó el argumento de la “causa mapuche” -utilizado frecuentemente para su criminalización a través de la legislación penal de excepción -;

    ii) No existe prueba directa de la participación de ninguno de los acusados en los hechos;

    iii) Las pruebas de cargo adolecieron de defectos insuperables;

    iv) La única fuente que los vincula y “de la que derivan todas las demás probanzas de imputación” son las declaraciones de José Peralino Huinca en calidad de co-imputado delator, quién habría tenido la intención de lograr beneficios procesales ofrecidos por la Fiscalía, que efectivamente solicitó para él una pena “sustancialmente menor que aquella requerida para el resto de los encausados”.

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