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    Este viernes se formalizó la investigación en contra de un ex funcionario de Carabineros de la subcomisaría de Huasco, que fue dado de baja esta semana y a quien se le atribuye su participación en distintos delitos, dentro de los que aparecen cohecho, tráfico de drogas y estafa, entre otros.

    De acuerdo a lo expuesto por el fiscal Jorge Hernández, además de estos ilícitos, otro hecho que se indaga indica que a solicitud de una mujer, el imputado ordenó a otros funcionarios de la unidad policial, los cuales estaban bajo su mando, revisar y entregar antecedentes personales de un tercero.

    La Fiscalía investiga además la participación del detenido en el delito de tráfico de droga, esto, a partir de la amistad que generó con dos imputados por este ilícito, con quienes mantenía contacto permanente, y a quienes aportaba información de procedimientos policiales que se desarrollaban en la provincia destinados al combate del tráfico de droga y estupefacientes.

    Además, el imputado se encargó personalmente de controlar la medida cautelar de arresto domiciliario de estas personas, a las que daba aviso del día y la hora en que concurriría a su domicilio para verificar el cumplimiento de la cautelar.

    Otro delito dado a conocer por el Ministerio Público da cuenta de estafas reiteradas cometidas en contra de particulares por parte del ex uniformado, quien cobró distintas sumas de dinero con el argumento que realizaría gestiones con supuestos conocidos en el ámbito judicial y así evitar la tramitación de sus causas por manejos en estado de ebriedad. Acciones que resultaron ser falsas, apropiándose del dinero de estas personas.

    Pero eso no es todo, ya que se desarrolla una investigación por la adquisición y venta de falsos títulos de capacitación que el imputado compró a un organismo público con subvención del Estado en Santiago y que luego vendió a distintas personas en la comuna. Documentos falsos en que no se concretó ninguna hora de estudios.

    Según el fiscal, todos estos delitos resultan graves y hacen que el imputado sea considerado un peligro para la seguridad de la sociedad, esto porque con su actuar afectó la fe pública, además de la salud de la comunidad a partir de su posible responsabilidad en el delito de tráfico de drogas, razón por la que solicitó la medida cautelar de prisión preventiva en su contra, petición que fue otorgada por el juez de turno, quien sustentó la determinación ante la contundencia de los antecedentes presentados por la Fiscalía, decretando un plazo de 180 días para el cierre de la investigación.

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