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    Los vecinos de la localidad de San Fabián de Alico, en la región de Ñuble, pidieron al gobierno frenar las expropiaciones para la construcción del Embalse Punilla, afirmando que el proceso está en marcha a pesar que el catastro de familias está desactualizado.

    Según consigna radio Bío Bío, la solicitud fue realizada en una reunión con el gobernador de la provincia de Punilla, Cristóbal Martínez. Allí, los habitantes de esta zona cordillerana -cuna de Nicanor Parra- realizaron la petición y señalaron a la autoridad que han recibido amenazas de desalojo por parte del Ministerio de Obras Públicas y la empresa Astaldi, a cargo del proyecto.

    De acuerdo al reporte de la emisora, los pobladores se resisten a dejar el sector porque el Plan de Desarrollo Social está desactualizado, lo que no entrega garantías mínimas para rehacer sus vidas. Al respecto, el abogado la ONG Defensa Ambiental, Francisco Astorga, afirmó que esta medida se analizó hace al menos tres años.

    “Ellos debieran haber actualizado el plan de desarrollo social noventa días antes del inicio de las obras del embalse Punilla, pero ahora tratan de acreditar de alguna manera, con unos papeles carentes de peso jurídico, que actualizaron el plan”, declaró el abogado a la emisora.

    Este catastro incluye a 83 familias, sin embargo, los dirigentes afirman que hay al menos otras 20 que no están incluidas en el Plan de Desarrollo Social del embalse Punilla. El presidente de Ñuble Libre, Ignacio Chianale, aseguró en ese sentido que el proceso de expropiación está en marcha y que tendrían plazo hasta diciembre para irse.

    “El proceso de expropiación ya está en marcha, hay amenazas de desalojo mediante el uso de la fuerza pública, que es lo que nosotros consideramos más grave. Constantemente se ha ido postergando esa amenaza, pero ahora se está diciendo que en diciembre los vecinos ya tendrían que desalojar el lugar”, puntualizó Chianale.

    Finalmente, desde el gobierno, tras algunas señales poco claras, se ha adquirido un compromiso para ayudar a resolver el conflicto. El abogado de la ONG Defensa Ambiental dijo en este punto que el Gobernador se comprometió a tratar la solicitud de los vecinos con todos los involucrados, además de generar las instancias de diálogo para resolver esta situación que está afectando la calidad de vida y las actividades productivas de las familias.

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