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    Tras la presentación de dos recursos de amparo vinculados con solicitudes de información que fueron denegadas, el Consejo para la Transparencia (CPLT) ordenó a Gendarmería informar sobre la identidad de los reos condenados que se encuentren cumpliendo penas efectivas por crímenes de lesa humanidad en los establecimientos penitenciarios.

    Según consigna La Tercera, la entidad liderada estableció de esta manera que se trata de información pública, desechando los argumentos que se esgrimieron para denegar la entrega de los antecedentes. Ambos pronunciamientos “se sustentan en decisiones anteriores y en el hecho de que se trata de datos que provienen de fuentes accesibles al público”.

    “Los listados con nombres y números de identificación son parte del registro que debe existir en cada centro penitenciario del país con la sentencia definitiva ejecutoriada por la cual se encuentran privados de libertad”, añadieron desde el Consejo para la Transparencia.

    En esa línea, teniendo en cuenta que Gendarmería entregó información parcial, pues tacharon antecedentes al entregar los datos, el CPLT en su decisión subrayó que “no resulta aplicable el régimen general de protección relativo al tratamiento de los datos personales, puesto que, tanto la Constitución Política de la República como la Ley, establecen el carácter público de los antecedentes relativos a condenas penales, las que, además, actualmente se encuentran en cumplimiento”.

    Lo anterior deriva de los descargos del órgano requerido, el que argumentó para denegar la información las causales de secreto o reserva establecidas en el artículo 21 de la Ley de Transparencia. Esto dado que Gendarmería considera que la divulgación de lo solicitado afectaría no solo a la vida privada de los internos, los cuales no por estar privados de libertad pierden su derecho a la intimidad, sino también la seguridad e intimidad de sus familias o cercanos.

    Eso sí, se señaló que la decisión aún no está a firme ni en condiciones de ser cumplida, puesto que las partes podrían presentar reclamos de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones. En caso de no presentarse alguna acción legal, la entrega de los listados podría partir el 8 de enero, concluye el reporte del matutino.

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