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    En menos de una hora la jueza del Octavo Juzgado de Garantía, Ely Cecilia Rothfeld Santelices, emitió el fallo que absuelve de todos los cargos al periodista Javier Ignacio Rebolledo, acusado de injurias graves con publicidad, delito tipificado en el Código Penal chileno.

    La magistrada determinó que por falta de pruebas no había méritos para determinar si hubo o no delito, por lo cual no se avanzó a otra etapa del juicio. El acusado y sus abogados quedaron conformes de no enfrentar riesgo de prisión. Los querellantes pedían tres años de cárcel, representados por el abogado del militar condenado por delitos de lesa humanidad Raúl Quintana, preso en la cárcel de Punta Peuco, y la hija del mismo.

    Tras el fallo, la organización Reporteros Sin Fronteras celebró que Rebolledo quede libre de los cargos, y se manifestó en redes sociales declarando que “la historia de un país no puede ser ocultada ni censurada. El periodismo serio informa sobre algunos episodios históricos”.

    Pero los abogados y el periodista no quedaron del todo satisfechos, pues a su juicio no se avanzó en el proceso para poder abordar el tema de fondo: “Nosotros traíamos las pruebas para poder probar mi inocencia, sin embargo la jueza sugirió que no se viera el fondo y fui declarado no culpable”, lo cual les parece insuficiente.

    Lo grave, según la abogada Alejandra Arriaza, defensora de Rebolledo, es que en la legislación chilena se pueda procesar a los y las periodistas por publicar lo que investigan, con riesgo de cárcel, lo cual es un mal precedente, según la jurista, porque si bien se “decretó la absolución de Javier Rebolledo respecto del delito de injurias, este fallo tiene que ver con la forma, por cuanto la parte querellante no fue capaz de acreditar que se había cometido el hecho ilícito”, pero no “se entró a discutir el fondo del asunto, que tiene que ver con el ejercicio profesional y con la libertad de expresión”.

    La abogada, especializada en temas de derechos humanos, explicó que es un tema que les preocupa en el sentido que no fue determinante para generar un antecedente, “puesto que podrían iniciarse nuevas acciones en contra de Rebolledo u otros periodistas por personas, quienes sintiéndose aludidas en su investigación profesional, pudiesen atentar en contra de la libertad de expresión”.

    Por ello, Rebolledo anunció que estudia acciones legales en contra de los querellantes, y que junto a los abogados, al Colegio de Periodistas de Chile, y un grupo de colegas, más algunos diputados encabezados por Tucapel Jiménez, pretenden “presentar un proyecto de ley que derogue el delito de injurias del Código Penal para que este tipo de situaciones no afecte en ocasiones posteriores tanto al resto de los periodistas, como a la ciudadanía en general”.

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