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    Los escándalos de Arcis-Ical, Penta, Caval y SQM han producido un grave daño al sistema vigente en Chile, pero no constituyen una seria amenaza para el mismo; sus efectos no pueden, por ende, ser considerados en el carácter de ‘crisis institucional’. No han dañado su economía que, incluso, ha mostrado signos de recuperación, ni han afectado a la generalidad de las estructuras estatales. No han alcanzado, siquiera, a dañar en su conjunto al aparato jurídico/político del modo de producción vigente sino, apenas, su área política. En otras palabras, afectan solamente a la escena política de la nación que, fundamentalmente, comprende la administración estatal y la producción legislativa. La crítica del Sr. Contralor condenando la descarada irrupción de prácticas corruptas, el llamado a poner fin a la crisis a través del establecimiento de una verdadera Asamblea Constituyente y aquella que reclama tanto a los miembros del Ejecutivo como del Legislativo hacer dejación de sus cargos son conceptos que es necesario considerar.

    La frase aquella ‘que se vayan todos’ no está dirigida al conjunto de las estructuras que existen en la nación sino a la representación tanto natural como espuria de las clases dominantes. Y puesto que las críticas están dirigidas solamente a un aspecto determinado del modo de producción vigente, no corresponde aceptar las aseveraciones irresponsables de algunos políticos, como la formulada por el ex ministro Sergio Bitar,  en el sentido que tales soluciones poco menos que implicarían un llamado a las Fuerzas Armadas a tomar, una vez más, el control de la nación. La afirmación aquella sólo tiene por objeto salir en defensa de sujetos que han profitado de privilegios y prebendas de los que no goza la inmensa mayoría de la población nacional durante estos 25 años de democracia protegida; y de todos aquellos que, a pesar de los escándalos, se niegan a abandonar los cargos que desempeñan para seguir engañando a la ciudadanía.

    La historia de la República nos muestra que toda vez que ha existido una crisis de esa naturaleza se han empleado mecanismos jurídicos importantes para resolverla, tales como la entrega del mando al presidente de la Corte Suprema para la convocatoria a elecciones generales que, una vez realizadas, le permitan transferir dicho mando a quien (o quienes) resulte(n) elegido(s).

    Así pues, convocar a ‘que se vayan todos’ y exigir una Asamblea Constituyente no es un llamado a un golpe de Estado ni, tampoco, a ‘limpiar completamente’ el espectro político de la nación, sino la única solución posible dentro de los marcos democráticos a una crisis que, de continuar profundizándose, sí podría dar origen a una solución de fuerza con resultados imprevistos.

    Por el Comité de Defensa de los Derechos Humanos y Sindicales – Codehs (Fundado por Clotario Blest Riffo en 1970):

    Raúl Elgueta González                                                          Manuel Acuña Asenjo

    Presidente                                                                                  Secretario General

    Santiago, abril de 2015

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