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    La representante del Movimiento Alternativo Indígena y Social (MAIS) de Colombia, Martha Peralta, denunció que 48 indígenas fueron asesinados en el país desde la fecha en la que se firmó el acuerdo de paz entre el Gobierno y la guerrilla desmovilizada de las FARC, hasta marzo de 2018.

    “Desde el 24 de noviembre de 2016 a marzo de 2018 nuestra organización tiene registrados los asesinatos cometidos contra líderes indígenas. Es una cifra desproporcional para una época de paz que se espera que viva el país”, indicó.

    La denuncia fue hecha en la audiencia “Colombia: Desplazamiento Interno“, en el 169 período de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Allí también se expusieron 27 homicidios de integrantes de comunidades afrodescendientes, solo entre enero y febrero de 2018.

    La integrante de MAIS indicó que hay 4.281 indígenas desplazados internamente en Colombia debido al conflicto. Aseguró que 133 miembros de pueblos originarios están bajo amenaza. “Vienen amenazas de grupos denominados como las Águilas Negras, los Rastrojos, el Clan Úsuga, las Autodefensas Gaitanistas, el Ejército Nacional de Liberación  y el Ejército Popular de Liberación”, mencionó.

    La”No hay garantías para proteger a nuestros líderes, nos siguen matando. Hay medidas de protección individuales para algunos, pero son insuficientes”, sostuvo la representante indígena. Peralta añadió que 36 de los 102 pueblos indígenas que viven en Colombia están en vías de extinción.

    Necesidad de una política de Estado

    Francisco Barbosa, alto consejero presidencial para los Derechos Humanos y Asuntos Internacionales de Colombia, indicó que bajo la administración de Iván Duque desde el pasado 7 de agosto, existe la necesidad de posicionar el respeto por los derechos humanos como una política de Estado.

    “El Gobierno ha insistido en una estrategia para prevenir agresiones contra defensores de derechos humanos y líderes sociales”, sostuvo Barbosa, quien afirmó que el Ejecutivo prepara una política pública con acciones para proteger a las personas que se encuentran amenazadas.

    El comisionado y relator para Colombia en la CIDH, Francisco José Eguiguren, aseveró que la firma del acuerdo de paz fue un hecho importante para el país pero que, como ha sucedido, no se esperaba que resolviera todos los problemas asociados al conflicto.

    “Tenemos la evidencia de la continuidad de muertes. Las causas son conocidas. Es muy positivo que el nuevo Gobierno tenga plena conciencia del problema y las nuevas medidas que anuncia para enfrentar la situación”, indicó Eguiguren.

    Las actuales sesiones de la CIDH se cumplen en la ciudad de Boulder, ubicada en el estado de Colorado, en Estados Unidos.

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