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    La Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (ACIN) y la Organización Nacional de Indígenas de Colombia (ONIC) denunciaron nuevas amenazas a varios de sus miembros en Tumaco, Nariño y Cauca, departamentos al suroccidente del país.

    La ACIN denunció en un comunicado que Enrique Fernández, comunero indígena y defensor de derechos humanos, ha recibido amenazas a través de llamadas telefónicas y mensajes de texto. Uno de los mensajes que dio a conocer la Asociación aparece firmado por la AGC, las Autodefensas Gaitanistas de Colombia.

    No descansaremos hasta ver a Colombia libre de comunistas como usted comandante Enrique Fernández, no les bastó el Cauca para hurtar tierras y ahora están sacando gente de bien en Meta; saludos de condolencias a sus familias” se lee en un mensaje recibido por Fernández.

    No es la primera vez que este líder indígena es amenazado. De acuerdo con la Asociación, el pasado 19 de febrero, a Fernández, en el municipio de Caloto, “le instalaron al frente de su casa un paquete bomba, que fue destruido de manera controlada por la fuerza pública”, señala el comunicado.

    No podemos callar

    Por su parte, la ONIC denunció que, en el corregimiento de Llorente, municipio de Tumaco, un líder indígena del pueblo Awá fue nuevamente blanco de amenazas. “Grupos armados ilegales que hacen presencia en el territorio Awá vuelven a amenazar al consejero de la Guardia Indígena y al Gobernador del Resguardo de Inda Sabaleta”, señaló la organización.

    Con esta nueva amenaza, ya son tres los hostigamientos recibidos en los últimos meses por el pueblo Awá, según señala la Organización. De acuerdo con cifras de la ONIC, desde enero de 2017 hasta la fecha han sido asesinados 17 indígenas Awá.

    “El Awá es un pueblo de paz, que busca pervivir en medio de este conflicto armado que no les pertenece, hacemos un llamado al respeto por la vida, la autonomía, la cultura y el territorio. El pueblo Awá son los hijos de la Selva y luchan por la pervivencia como pueblo, así como los 102 pueblos indígenas en Colombia”, manifestó la ONIC.

    A las denuncias y el rechazo a la violencia por parte de las comunidades indígenas en el país también se sumó la Asociación de Cabildos Indígenas de Antioquia, quienes señalaron que sólo en esa región, en lo que va corrido del año, han asesinado a 7 líderes indígenas.

    “Los sectores sociales, étnicos y organizaciones indígenas, no podemos callarnos ante los hechos victimizantes que atentan contra la integridad física de los líderes y lideresas sociales, negros e indígenas; en especial los que se registran en Antioquia, en el Norte, Urabá, Bajo Cauca antioqueño, en los departamentos de Nariño, Cauca y Chocó, en el Bajo Atrato Chocoano, en el Sur de Córdoba y en la zona del Catatumbo” señaló la Asociación.

    Los gobiernos de Santos y Uribe han sido permisivos con las bandas paramilitares. Foto: Archivo

    Amnistía Internacional condena el silencio

    Colombia enfrenta una grave crisis como consecuencia de los reiterados asesinatos selectivos de personas defensoras de los derechos humanos, ante la mirada impávida de las autoridades, manifestó Amnistía Internacional.

    En departamentos como Antioquia, Cauca, Chocó y Nariño, la violencia no cesa, a pesar de las reiteradas denuncias de las comunidades. Según la Defensoría del Pueblo de Colombia, un órgano estatal, cada tres días se reporta el asesinato de un defensor de los derechos humanos. Los principales afectados son personas que ejercen liderazgos comunales, indígenas, afrodescendientes y quienes defienden los derechos de las víctimas del conflicto armado.

    El silencio cómplice de las autoridades colombianas no puede continuar. Con el asesinato de quienes defienden los derechos humanos se va destruyendo el tejido social de comunidades que históricamente han enfrentado cruelmente las consecuencias del conflicto armado, y ahora se encuentran en mayor riesgo por la reorganización de grupos paramilitares que se reciclan y reemergen con fuerza, reviviendo el sufrimiento causado en el país”, dijo Erika Guevara Rosas, Directora para las Américas de Amnistía Internacional.

    “La lenta implementación del Acuerdo de Paz en aquellas zonas más afectadas por el conflicto armado y el abandono del Estado es la fórmula para que actores armados coopten territorios y continúen asesinando con impunidad a aquellas personas que defienden los derechos humanos”, agregó.

    Por último, detalló que “la violencia selectiva contra personas defensoras de derechos colectivos alcanza ya un carácter generalizado y se constituye en una vulneración masiva de los derechos humanos. Es altamente preocupante la poca información y respuesta de las autoridades en todos los niveles para condenar estos hechos y tomar medidas urgentes de prevención y protección. El conflicto armado recrudece ante los ojos inertes del Gobierno saliente y el silencio cómplice del Gobierno electo”.

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