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    El país debe asumir que estamos en pleno desarrollo de una nueva y severa crisis institucional. Es evidente que las relaciones entre los poderes y las instituciones del Estado están tensionadas y que, en su conjunto, éstas no tienen capacidad o simplemente no quieren atender las demandas populares. Se toman medidas económicas que sirven los intereses de los exportadores y no de los consumidores. Se avanza en una nueva institucionalidad educacional de espaldas a los planteamientos de maestros, estudiantes y apoderados. Se aplica un doble estándar en la administración de la justicia cuando se aplican drásticos castigos a los delincuentes juveniles, mientras que a los narcotraficantes se les deja escapar y a los políticos corruptos se los sobresee o aplica sanciones ridículas.

    Los chilenos viven en un estado de malestar. Los sueldos y salarios del 70 por ciento de los trabajadores no satisfacen sus demandas esenciales, en tanto que una cúpula empresarial se ufana de inscribir sus fortunas entre las más onerosas de la Tierra. Asimismo, millonarios recursos y medidas se destinan a favor de las policías y Fuerzas Armadas a fin de aplacar su histórica voracidad, disuadir la protesta social y cualquier amenaza exterior a una soberanía totalmente humillada, en la práctica, por la recolonización de nuestros yacimientos, bosques, aguas fluviales y oceánicas.

    La clase política pudo abusar de sus conciliábulos y privilegios mientras se nos infundió temor con la posibilidad de que los militares volvieran alzarse, en el largo tiempo que cuesta recuperarse, además, del miedo paralizante y los traumas ocasionados por la represión cruel y sistemática. Sin embargo, cuando se ha empatado el tiempo entre dictadura y post dictadura, continuar gobernando sin los ciudadanos y postergando sus derechos tiene como riesgo un nuevo quiebre en nuestra convivencia, el surgimiento de de nuevos autoritarismos y, esta vez, la posibilidad de que el país se hunda en una inestabilidad y confrontación de todavía peores consecuencias.

    Hasta aquí, los dos bloques políticos gobernantes –la Concertación y la Alianza por Chile- no reconocen los cambios que hay que impulsar para darle efectiva representatividad al Congreso Nacional, cuanto afianzar mecanismos efectivos de consulta ciudadana. Con esta renuencia, lo que alientan es que las expresiones sociales se radicalicen y recurran a la violencia legítima o desquiciada para derribar un sistema político, social y cultural que, como tantos coinciden, consagra las inequidades y se solaza en la ideología perversa de que el progreso económico descansa en el trabajo precariamente pagado y en sus organizaciones inermes.

    A esta altura es completamente ingenuo confiar en que los próximos comicios municipales, parlamentarios o presidenciales pueda vislumbrase siquiera un haz de esperanza para la justicia social. Por algo es que los que ya se postulan son los mismos de siempre y de probada capacidad para frustrar las demandas de sus propios electores; personajes que, para colmo, carecen de toda imaginación y están completamente embadurnados por sus impunidades. Lo que parece mucho más razonable es que surja la demanda de una Asamblea Constituyente y que el pueblo se haga oír con el fortalecimiento de sus organizaciones de hecho y una movilización social que impida nuevas e insultantes leyes y decretos que burlan, incluso, el sentido común. Como ha quedado en evidencia con la Ley General de Educación, el abusivo impuesto específico a los combustibles y el rescate del Banco Central de la divisa norteamericana, en perjuicio de nuestra moneda y el logro de una discreta inflación.

    En una demostración flagrante de que se gobierna de la mano de las grandes entidades patronales y bajo el influjo del mandamás mundial que hasta tiene representantes en el propio Gabinete Presidencial, como en ese conjunto de articulistas que nos tiran línea a través de la prensa que nunca pudo recuperar verdadera independencia desde que recibió sobornos para desestabilizar nuestro régimen republicano, ahogar los ideales de justicia social y avalar, posteriormente el terrorismo de estado. Como, ahora, “la democracia protegida”. Protegida del pueblo, naturalmente.

    Juan Pablo Cárdenas

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