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    La denominada Comisión de Infancia ha sacado ronchas al interior del Frente Amplio debido a la táctica piñerista de saltarse el parlamento y aparecer rescatando una supuestamente extraviada “política de los acuerdos”. No obstante, más allá del marketing político, la participación del FA en dicha instancia tenía un componente ético difícil de soslayar. Desde esa lógica entendemos la participación de dos de nuestros parlamentarios en dicha instancia.

    La problemática de la niñez y adolescencia en Chile, especialmente aquella en condición de vulnerabilidad, requiere soluciones impostergables. Algunos cambios pueden ahora mismo mejorar sustancialmente la calidad de vida de muchos/as niños/as que lo están pasando mal (por decirlo livianamente) en centros de internación. No por nada la niñez y adolescencia era una de las prioridades del Programa de [email protected] del Frente Amplio, en el que proponemos medidas urgentes y concretas en la materia.

    Al evaluar el resultado de la comisión, sin duda existen, como se esperaba, muchos elementos al debe. El primer de ellos es que se inyectan recursos a los organismos colaboradores (OCAS) sin tocar el perverso sistema de voucher por niño atendido, que perjudica el proceso de desinternación de los niños en tanto resulta más rentable mantenerlos que egresarlos de las instituciones.

    Respecto a estrategias para erradicar la violencia hacia la niñez, el Acuerdo por la Infancia se centra fundamentalmente en el trabajo con las familias, necesario por cierto, pero sin considerar la violencia institucional ni un elemento clave como es la readecuación de los protocolos de las policías (a propósito de la reciente y brutal represión de Carabineros en el interior del Instituto Nacional o los reiterados allanamientos en comunidades Mapuche que tienen como víctimas colaterales a muchos niños y niñas).

    Y podemos seguir. No existe ninguna mención a la ley identidad de género. Las medidas sobre participación social de niños/as y adolescentes son un refrito de cosas ya existentes sin ninguna incidencia para lograr su real empoderamiento. Tampoco se señalan explícitamente, más allá de un guiño, mejoras concretas a las precarias condiciones laborales de los/as trabajadores de SENAME y que sin duda afectan el bienestar de los/as niños/as al interior de los centros.

    A pesar de lo anterior, hubo al menos un elemento muy importante dentro del Acuerdo que desde el Frente Amplio y las organizaciones sociales empujamos y rescatamos: no senamizar la protección a la niñez. Ello es fundamental, ya que aleja el principio de focalización, reconociéndose la necesidad de un Estado garante de derechos universales para niños y niñas. De esta manera, se le da urgencia a la Ley de Sistema de Garantías de Derechos de la Niñez actualmente en el parlamento, agregándole además a la ley una indicación fundamental para su funcionamiento futuro: instancias territoriales de protección administrativa, las que ayudarán a dar cumplimiento a los derechos. En ese sentido, queda de manifiesto que igual de apremiante que transformar SENAME es evitar que más niñas y niños ingresen a los centros de internación.

    Queda fiscalizar y ejercer presión desde la sociedad organizada para que este acuerdo se concrete donde realmente importa, el Congreso. Una ley que otorgue un marco jurídico que delimite la responsabilidad real de los agentes del Estado ante niños, niñas y adolescentes ha sido esperada por 28 años desde el retorno a la pseudodemocracia por las organizaciones sociales. Su eventual promulgación sería un pequeño avance en la tarea de desmontar el actual Estado subsidiario neoliberal.

    Por Felipe Cáceres Merello y Stephanie Bolomey, Coordinadores del Frente de Niñez del Frente Amplio

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