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    Trascurridos nueve meses de iniciado el gobierno de la presidenta Bachelet,
    hay antecedentes claros que indican que la política de su administración
    hacia los pueblos indígenas no solo ha mantenido las indefiniciones que
    fueran características de la política de su antecesor en La Moneda en la
    materia, sino también, las contradicciones entre el discurso y la práctica.
    Cabe recordar que siendo candidata Michele Bachelet se comprometió a que
    durante su gobierno tendría presente el informe de la Comisión de Verdad
    Histórica y Nuevo Trato a los Pueblos Indígenas, así como el del Relator de
    la ONU para los derechos indígenas sobre Chile, ambos de 2003. Los dos
    informes habían recomendado la introducción de reformas constitucionales
    que posibilitaran el reconocimiento y protección de los derechos de los
    pueblos indígenas sobre sus tierras y recursos naturales, así como de su
    derecho a la participación política y económica. También coincidían en la
    necesidad de que Chile ratificase el Convenio 169 de la OIT. El informe del
    Relator de la ONU, además, instaba al estado a no criminalizar la protesta
    social indígena, y a poner termino al uso de la fuerza pública en contra de
    los indígenas y a la aplicación de leyes especiales, como la ley
    antiterrorista, para perseguir los delitos que pudiesen haber cometido.

    Reiterando sus compromisos electorales la Presidenta Bachelet, con ocasión
    de la celebración del año nuevo indígena, señaló en La Moneda el 23 de
    junio pasado: “Queremos un país cada vez más participativo, digno y justo
    para todos. Y también, por cierto, para los pueblos indígenas, para
    nuestros pueblos originarios. Un país inclusivo, sin discriminaciones.”

    Pues bien, lamentablemente las actuaciones de los entes públicos en
    relación a los pueblos indígenas en lo que va corrido de su mandato han
    estado muy lejos de orientarse por estos lineamientos. Por el contrario,
    tales actuaciones nos hacen pensar que estos pueblos y sus derechos, o bien
    siguen siendo ignorados por las autoridades, o están subordinados a otras
    políticas que resultan prioritarias para la agenda gubernamental. Por de
    pronto, en el plano jurídico, a pesar de los anuncios no se ha otorgado
    hasta ahora la urgencia demandada por los pueblos indígenas al proyecto
    para la ratificación del Convenio 169 de la OIT, convención internacional
    cuya aprobación por el Senado sigue pendiente.

    Tampoco hay avances en lo que dice relación con la reforma de la
    Constitución para el reconocimiento de los pueblos indígenas y de sus
    derechos. La urgencia otorgada por el ejecutivo a esta iniciativa durante
    el primer semestre debió retirarse luego de que las autoridades se
    percataran de que el texto del proyecto sobre el cual recaía dicha
    urgencia, lejos de permitir tal reconocimiento, lo impedía. Ello, dado que
    el texto aprobado por la Cámara de Diputados a la fecha rezaba: “La nación
    chilena es una e indivisible.” El párrafo alusivo a los pueblos indígenas y
    a sus derechos, a pesar de sus insuficiencias a la luz del derecho
    internacional, no había sido aprobado por la Cámara.

    En cuanto a la labor impulsada por la Corporación Nacional de Desarrollo
    Indígena, esta se ha visto seriamente dificultada por las dinámicas
    partidarias que persisten en su interior, así como por la influencia que
    ejercen en sus decisiones los dirigentes indígenas que integran su Consejo
    nacional. Cabe señalar que estos últimos, mas que abogar por las demandas
    más sentidas y urgentes de los pueblos indígenas y de sus movimientos, se
    han convertido en mediadores de los intereses de los sectores que
    representan, muchas veces en desmedro de los derechos de otros sectores
    indígenas.

    Ello se ve claramente reflejado en la política de su Fondo de Tierras de
    tierras, donde dicho Consejo nacional, a instancia de los representantes
    indígenas, ha favorecido la adquisición de predios para sectores cuyas
    reclamaciones de tierras son dudosas, en desmedro de las comunidades que
    las reclaman por ser parte de su territorio ancestral, creando serios
    conflictos en este caso, al interior del pueblo mapuche. De este modo,
    aunque el incremento del presupuesto de esta entidad previsto para el
    próximo año resulte valorable, no queda claro como CONADI, con las
    limitantes antes señaladas, favorecerá los procesos de reconstrucción
    territorial en que hoy están empeñados los pueblos indígenas.

    Dudas semejantes surgen de la anunciada segunda etapa del Programa
    Orígenes, iniciativa que de no ser reestructurada con criterios
    profesionales y con la participación activa de los pueblos indígenas,
    seguirá favoreciendo el clientelismo y la cooptacion indígena, como ocurrió
    en su primera etapa de acuerdo a los análisis de diversos sectores,
    incluyendo el propio BID, que financia en parte este proyecto.

    Otro de los planos en que la acción gubernamental no ha sido congruente con
    los compromisos y la retórica presidencial – de participación, dignidad, no
    discriminación, etc.- es el que dice relación con el sistemático respaldo
    otorgado por las instancias públicas encargadas de la aprobación de
    proyectos de inversión a aquellas propuestas privadas o públicas a ser
    ejecutadas en territorios de propiedad o en reclamo por los pueblos
    indígenas.

    Así, la Comisión Regional del Medio Ambiente de la Región de Atacama, bajo
    la actual administración, rechazó el recurso de reclamación presentado por
    la comunidad diaguita de Huasco Alto en contra de la resolución que la
    misma entidad había dictado aprobando el segundo Estudio de Impacto
    Ambiental del polémico proyecto Pascua Lama, de la compañía canadiense
    Barrick Gold. La reclamación desestimada por la Corema impugnaba el
    proyecto en razón de su emplazamiento en tierras ancestrales indígenas y de
    sus implicancias ambientales (recordemos que el proyecto consideraba la
    remoción de los glaciares que alimentan el río Huasco que sustenta la
    economía de los diaguita, remoción que aunque no fue aprobada en definitiva
    por la Corema, no elimina los riesgos de contaminación de sus aguas). En
    los meses de invierno el gobierno, también a través de la Corema, esta vez
    de la Región de Los Lagos, dio su respaldo a la empresa Celco para que esta
    siguiese adelante con los estudios para la construcción de un ducto para
    verter al mar los desechos de su planta de celulosa en Valdivia, en las
    aguas costeras de las que viven los mapuche lafkenche. Ello a pesar de sus
    peticiones y movilizaciones para evitar que ello sucediera.

    En la Araucanía, además de respaldar cerradamente la construcción de 17
    plantas de tratamiento de aguas servidas, la mayoría de las cuales se
    realizan sin estudios de impacto ambiental (salvo la de Villarrica por
    resolución de la Corte Suprema frente a recursos de protección de la
    comunidad), la Corema aprobó, bajo la presión del Intendente regional, la
    construcción de un nuevo aeropuerto en la localidad de Quepe. Se trata de
    un aeropuerto que se emplaza en un área rodeada de comunidades mapuche, las
    que al igual que las autoridades del Municipio de Freire en que se emplaza
    el proyecto y varios consejeros regionales, lo han rechazado y han exigido
    que se estudien otras áreas para su emplazamiento.

    La aprobación gubernamental de estos proyectos de inversión en territorios
    indígenas, no solo da cuenta de la nula consideración que la actual
    administración tiene para con las demandas de los pueblos indígenas
    relativas a la protección de sus ecosistemas y la definición de su propio
    desarrollo, sino que constituye una demostración evidente de que el
    desarrollo productivo constituye para ésta una prioridad que está por sobre
    los pueblos indígenas y que no se está dispuesta a negociar.

    En el plano de los derechos individuales, la Presidenta, luego de una larga
    huelga de hambre que los presos mapuche por ley antiterrorista realizaran a
    comienzos de año, manifestó su decisión de no seguir aplicando dicha
    legislación en contra de los mapuche para perseguir sus acciones de
    protesta vinculadas a sus reclamaciones de tierras, como lo había hecho el
    presidente Lagos. Sin embargo, las iniciativas impulsadas por
    parlamentarios de la Concertación, y por el propio ejecutivo con miras a
    posibilitar la libertad de quienes se encuentran cumpliendo condena por
    cargos de terrorismo, no han tenido éxito a la fecha, por lo que esta
    demanda indígena en esta materia sigue sin respuesta.

    En un ámbito relacionado, una práctica que ha seguido inalterada bajo la
    administración Bachelet, es la que dice relación con los abusos que los
    agentes del estado siguen cometiendo en contra de integrantes de
    comunidades indígenas que se encuentran en conflictos con proyectos de
    inversión, o con propietarios no indígenas. Todas las informaciones
    existentes dan cuenta de que tales abusos, lejos de desaparecer, se han
    intensificado el ultimo año, siendo estos cada vez más graves, y poniendo
    en riesgo la vida y la integridad física de integrantes de comunidades,
    incluyendo entre ellas a mujeres, ancianos y niños.

    El caso más dramático es el de la comunidad de Temucuicui, en la comuna de
    Ercilla, la que ha sido allanada siete veces este año año. En el último
    allanamiento, verificado el 30 de noviembre pasado, carabineros, con el
    apoyo de un helicóptero, registró las viviendas de los comuneros,
    golpeando, entre otras personas, a una mujer embarazada que se opuso a
    ello. A comienzos del mes de noviembre la policía civil disparó desde un
    auto sin identificación, en contra de un grupo de integrantes de la misma
    comunidad reunidos pacíficamente, hiriendo a uno de ellos en una pierna.
    Hechos similares ser repitieron el 7 de diciembre pasado, cuando producto
    de un violento operativo policial desarrollado en las afueras de la ciudad
    de Ercilla, resultaron heridos a bala 10 comuneros mapuche, uno de ellos
    con proyectiles en sus dos piernas. Los policías, que actuaron sin que
    mediara provocación alguna de las víctimas, habrían estado tras los pasos
    de dirigentes mapuche de la comunidad de Temucuicui.

    Las órdenes de detención que pesan sobre varios de los integrantes de esta
    comunidad por diversos acciones delictivas que se les imputan, entre ellas
    la agresión en contra del ex Director de Conadi, Jaime Andrade, hecho por
    cierto condenable, no pueden justificar, en caso alguno, al menos en un
    estado de derecho, el actuar abusivo e impune de la policía.

    La muerte del lonko mapuche Juan Collihuín, de 71 años de edad, y las
    lesiones a bala provocadas a sus dos hijos Juan y Emilio Collihuín en
    agosto pasado, como consecuencia de la actuación –sin orden judicial- de
    carabineros al interior de un predio de propiedad de la víctima en la
    comuna de Nueva Imperial, por una investigación en un caso de abigeato, y
    sin que mediara resistencia alguna, constituye otro ejemplo de abuso
    policial ocurrido bajo la actual administración que a la fecha sigue
    impune.

    Las denuncias de abusos policiales cometidas en contra de personas
    indígenas que han sido realizadas a las autoridades de gobierno, incluyendo
    entre ellas al Ministro del Interior, no han sido siquiera respondidas. Los
    hechos no han sido investigados, ni menos castigados, lo cual no solo
    genera frustración en las comunidades afectadas y en los pueblos indígenas
    en general, sino que determina que quienes los han perpetrado se sientan
    autorizados para volver a realizarlos, cada vez con más violencia, como de
    hecho ha ocurrido.

    Finalmente, en los últimos meses las organizaciones de pueblos indígenas y
    de derechos humanos que han realizado denuncias frente a las situaciones
    abusivas antes referidas y asumido la defensa de las victimas, han sido
    objeto de actos de hostigamiento, con la completa indiferencia, y por lo
    mismo complicidad, de las actuales autoridades.

    Así por ejemplo, la sede de la organización mapuche Consejo de Todas las
    Tierras en Temuco fue objeto de un asalto nocturno por desconocidos hace un
    mes atrás. En la ocasión desconocidos sustrajeron de dicha sede los
    computadores con que contaban para el desarrollo de sus actividades, sin
    que los autores se llevaran otros bienes de valor allí existentes, y sin
    que las denuncias realizadas por esta organización a la policía y a las
    autoridades hayan permitido identificar a los responsables.

    Un hecho similar ocurrió el 9 de diciembre, cuando desconocidos entraron
    haciendo uso de fuerza a las oficinas del Observatorio de Derechos de los
    Pueblos Indígenas en Temuco, en momentos en que estas se encontraban
    desocupadas, procediendo a sustraer los discos duros de los seis
    computadores con que contamos para el desarrollo de nuestro trabajo. Al
    igual que en el caso anterior, dejaron en dicha oficina otros objetos de
    valor, tales como impresoras y centrales telefónicas, dejando en evidencia
    la intencionalidad del robo.

    Se trata de hechos graves que afectan seriamente la labor de defensa de los
    derechos humanos de los pueblos indígenas, labor que el estado chileno se
    encuentra obligado a respetar en virtud de la Declaración de la ONU sobre
    el derecho y el deber de los individuos, los grupos y las instituciones de
    promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales
    universalmente de 1999.

    Todos estos hechos demuestran entonces que el gobierno de Bachelet está
    dando continuidad a una contradictoria política hacia los pueblos
    indígenas. Se trata de una continuidad que no solo desconoce los derechos
    colectivos de los pueblos indígenas hoy internacionalmente reconocidos,
    sino que vulnera derechos básicos de sus integrantes, haciendo – al menos a
    las víctimas de estas violaciones y a quienes hemos podido constatar su
    realidad- recordar los días oscuros del dictador recientemente fallecido.

    Igualmente grave, dicha política resulta peligrosa, ya que afecta a un
    sector de la sociedad históricamente discriminado por la sociedad y el
    estado chileno, generando, como en el pasado, una violencia en su contra
    que puede tener impredecibles consecuencias para el futuro de sus
    relaciones interétnicas en el país.

    José Aylwin. Abogado, Co Director del Observatorio de Derechos de los
    Pueblos Indígenas.

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