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    Desde hace un mes, Chile ha observado las manifestaciones de los secundarios, que exigen como punto central de sus demandas la derogación de la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza (LOCE). Este legado de la dictadura que se publicó justo el día antes del comienzo de la transición a la democracia, desestima absolutamente el rol del Estado y deja al mercado como el gran instrumento de administración de la educación chilena.

    En Chile, la disparidad entre los colegios municipales y privados es abismante. Como referencia, en la prueba SIMCE esta brecha entre la enseñanza estatal y la privada se manifiesta grotescamente. En el 2004, por ejemplo, el 70% de los colegios que reciben a alumnos de estratos bajos mantuvo los malos resultados expresados en todas las pruebas anteriores. Incluso, un 12% empeoró el rendimiento. En términos de inversión, la desigualdad es evidente: el país gasta en un alumno de colegios privados -en promedio- $ 140 mil mensuales, en cambio, la inversión en un estudiante de escuela municipal apenas alcanza los $ 30 mil. Téngase presente que en los colegio privados sólo se educa el 8,5% de los estudiantes, por lo que resulta evidente que una enorme mayoría de estudiantes (más del 90%) recibe una pésima educación. De allí es que no nos puede sorprender la fuerza y consistencia de la movilización estudiantil.
    Pero, no sólo está el problema de la desigualdad, también el de la calidad. Según la prueba internacional TIMSS del 2003, aplicada a octavos básicos, Chile está a la altura de países como Filipinas, Botswana, Ghana y Sudáfrica. Todos extremadamente pobres.
    La estructura educacional en Chile está en crisis, y esto se explica por la subordinación del derecho a la educación ante la búsqueda del lucro. Considerando que una parte del problema es de financiamiento, se debería aumentar la inversión a $ 90 mil mensuales por estudiante del sistema público y subvencionado, a fin de establecer los requerimientos básicos para desarrollar estándares mínimos de calidad en la enseñanza pública. Para esta verdadera revolución se requiere una inversión anual de 3.529 millones de dólares adicionales. Esto sería perfectamente posible si se aplicara un royalty del 30% a la minería, a la salmonicultura y a los sectores forestal y pesquero. Sólo con esta medida se alcanzaría una recaudación cercana a los US$ 4.618 millones. Es más, si se estableciera un impuesto a la renta del 31% a las utilidades del 1% de las empresas exportadoras que hacen el 96% de las exportaciones chilenas, habría disponibles US$ 3.620 millones adicionales.
    Los secundarios han remecido el opaco escenario político que reina en Chile desde hace 16 años. Tres lustros de desesperanza contenida han brotado de la mano de los estudiantes, marchando en las calles, resistiendo la dura represión policial y elevando una protesta que -como de costumbre- las autoridades desautorizan. Hoy, esas autoridades observan a 850 mil escolares movilizados.
    Los estudiantes comenzaron el diálogo y las peticiones hace un año. Obviamente, los compromisos asumidos por las autoridades educacionales del gobierno del ex Presidente Lagos fueron desestimados. Hoy surgen voces que apuntan al ex mandatario como el responsable de la actual crisis educacional.
    Lamentablemente, ministros y tecnócratas se han prestado para enmascarar una situación indignante y aberrante: el Estado de Chile prefiere que las grandes empresas ganen mucho dinero a que los jóvenes tengan la formación adecuada para el futuro, de ellos y del país. Para el Estado es preferible que Luksic, Matte y Angelini sean conspicuos representantes de Chile en el ranking de los más ricos del mundo, a que los jóvenes chilenos se eduquen como personas y ciudadanos.
    Es por ello que presidentes, tecnócratas y ministros que se prestan para enmascarar a estos grupos económicos y financieros, tales como el ex presidente Ricardo Lagos, quien calificó a Luksic y Angelini como los nuevos forjadores de la Patria, son quienes siembran de desesperanza y violencia el futuro. Ellos son los responsables de mucha de la violencia, la drogadicción, el suicidio y la mala vida que muchos jóvenes sufrirán como resultado de una mala formación que los condenará al “pateando piedras” que Los Prisioneros ya denunciaban en los ochenta.

    Por Marcel Claude,
    economista y director
    ejecutivo de Oceana

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