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    Todos somos migrantes

    En su Informe 2017, la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) señala que los gobiernos europeos celebran que durante dicho año las migraciones hayan disminuido en 43%.  Al mismo tiempo, OIM agrega que la tasa de mortalidad de los migrantes se ha elevado de 1,2% en 2016 a 2% en el año siguiente, convirtiendo al Mediterráneo  en un cementerio acuático.

    Para llegar a Europa, los migrantes recorren en botes de goma  los 500 km que separan a Libia de Italia para dejar atrás las crisis y las guerras de sus países.  En el trayecto, los sobrevivientes son golpeados, vendidos como esclavos sexuales o, tras haber recibido falsas promesas de trabajo, gastan todo lo que tienen para emprender el viaje.  Esto, porque los traficantes han convertido la migración en una industria.

    Por su parte, Médicos sin Fronteras ha acusado a la Guardia Costera de Libia de múltiples violaciones a la ley marítima y a los derechos humanos, al interrumpir operaciones de rescate, exigiendo a los pasajeros de inseguras balsas  su dinero y artículos personales, amedrentándolos con disparos al aire.

    Durante su participación en Puerto de Ideas, Andrea Staid, antropólogo italiano, profesor de la Nuova Academia de Belle Arti (NABA) de Milán y director de la editorial Meltemi, especializada en antropología, dijo que “la situación de los inmigrantes en la Unión Europea ha llegado a niveles inaceptables: existen las cárceles étnicas –donde hay miles de seres humanos cuyo único delito es no ser europeo-; las mafias han “ampliado el negocio”, puesto que a la esclavitud se ha sumado el ofrecer viajes a cambio de un hígado.  De hecho, ha sido encontrada una fosa común con muertos por estos casos.  Los que llegan a Europa lo hacen sin papeles.  Y sin papeles no tienen derecho a nada”.  El antropólogo agregó que “la mafia está en toda la cadena de abusos y criminalidad de los migrantes.  En los últimos 20 años han migrado unos cinco millones de personas a Europa, muchos de ellos huyendo de guerras hechas por la Unión Europea”.  En consecuencia, “para solucionar de verdad el problema de las migraciones tenemos que acabar con el colonialismo económico y político en Africa y Medio Oriente”, (porque) “la economía no puede ser construida sobre la esclavitud de la gente”.

    Lo que acontece en Europa: ¿es diferente a la migración en Chile?

    En nuestro país, durante el siglo XIX hubo una migración europea dirigida desde el Estado, bajo el principio de “mejorar la raza”.  Tras la Segunda Guerra Mundial fueron acogidos en Chile muchos refugiados.  Todos ingresaron con el signo del progreso.  Producido el golpe de Estado de 1973,  la doctrina de seguridad nacional también impregnó las relaciones internacionales, por lo que fueron expulsados numerosos refugiados políticos de países de América Latina, imponiéndose así la discriminación y la discrecionalidad como principios.

    Debido a la imagen de país económicamente “exitoso” y “atractivo” para vivir en él, se ha producido un flujo migratorio en los últimos años.  Pero la Constitución de 1980 no había contemplado este fenómeno y, por tanto, no estaba regulado.  Es así como el 9 de abril de 2018 se hizo pública una “reforma de política migratoria” que consta de un proyecto de ley migratoria y de “medidas administrativas de efecto inmediato y nuevos tipos de visación”.

    En estricto rigor, se trata de una minuta que carece de significado jurídico, pues ha emanado del Ejecutivo, sin discusión en el Congreso, además de afectar los principios básicos  de igualdad y de no discriminación.  La “normalización migratoria” tiende a presentar a los migrantes como un problema, ocultando  a “quienes se favorecen con las migraciones y a quienes profitan del estatuto precario del trabajador migrante”, así como también  respecto de “la centralidad de la fuerza de trabajo barata en el sector agrícola”, dado que “la fuerza de trabajo local no acepta las condiciones de trabajo y salarios que ofrece la agricultura”.  Luego, “los migrantes no quitan los empleo a los chilenos, sino que el modelo exportador los necesita para asegurar la producción y abaratar los costos de la mano de obra”.  (Cfr: Valdés, X., “Le Monde Diplomatique”, edición chilena, mayo 2018, pág. 6).

    Por su parte, la Fundación Helmut Frenz en declaración pública (5-5-18) junto a Misión Migrante y el Servicio Evangélico Migrante, expresaron que lo expuesto por el Presidente de la República para “garantizar  una migración segura, ordenada y regular, que abra las puertas a lo que hace bien a Chile y cierra las puertas a lo que nos causa daño”, pareciera ser que “lo que “causa daño al país”, estaría asociado, entre otras cosas, a la comunidad haitiana (…) lo que no tiene asidero, en los hechos, toda vez que el número de ingresos es ampliamente superado por el de otras nacionalidades, ocupando la sexta posición”.  La citada declaración indica que “la distinción entre extranjeros que emigran a nuestro país no puede fundarse exclusivamente en el interés del Estado ni menos en prejuicios sociales”, para agregar que la tramitación de visas consulares de residencia crea mayores incentivos a la comisión de delitos que afectarían  a los migrantes y a la sociedad chilena, como el tráfico de personas, la trata, la explotación, los mercados negros y la muerte de personas en cruces inseguros.

    Es innegable que el proyecto de normalización migratoria busca cerrar la frontera para los haitianos, quienes ya han cumplido con la cantidad de mano de obra más barata aún que la de los trabajadores chilenos.  Previamente ha habido una campaña expresada en el “caso lepra” (31-7-17); el ”adiós Haití” (enero 2018); en la negativa de ingreso al país de 62 haitianos que debieron permanecer en el aeropuerto de Santiago durante semanas; en el episodio del avión Boeing 767 sin logo; en la suspensión de los vuelos de la empresa LOW, que había creado un corredor migratorio entre Puerto Príncipe y Santiago; en las especificaciones sobre haitianos del proyecto de normalización migratoria  que les otorga una visa de ingreso como turista por treinta días (9-4-18); y en el trágico caso de Joane Florvil, quien el 30 de agosto de 2017 fue sacada con esposas desde su casa, llevada a una comisaría, luego a la Posta Central y durante siete meses su cadáver permaneció en el Servicio Médico Legal, para retornar a Haití en un ataúd, dejando a su esposo y a su hija.  También en 2017 murieron Benito Lalane, de hipotermia y Djon Benjamín, por golpes y perdigones.

    No ha sido la única situación similar a la ocurrida en la madrugada del 18 de mayo  de 2018: un incendio de una casona del centro de Santiago, subarrendada principalmente por haitianos, dejó sin hogar a 120 personas, dos muertos, mujeres con pérdidas de embarazo, intoxicados por monóxido de carbono, lesionados por lanzarse desde los pisos segundo y tercero.

    Al respecto, el Servicio Jesuita a Migrantes (SJM) ha dicho que el fenómeno migratorio no puede ser prioritario sólo para el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, sino también para otros ministerios, intendencias, gobernaciones y municipalidades, puesto que “la migración ordenada, segura y regular se logra con integración a la sociedad, no sólo con el ingreso al país”.  De esta manera se podrían regular los arriendos de viviendas, actualizar los currículos educacionales, reconocer los estudios previos, tener programas de integración social, etc.

    El respeto a los derechos humanos exige la igualdad y la participación de todos quienes formamos parte de la humanidad.  No concuerda con el respeto a la dignidad humana una política migratoria carente del enfoque de derechos humanos.  Ello conduce a dramáticas consecuencias para personas y familias.  La persona humana no puede ser tratada desde una perspectiva utilitarista.  Ya la Biblia lo ratifica: “No torcerás el derecho del extranjero ni del huérfano, ni tomarás en prenda la ropa de la viuda”.  (DT. 24,17).

    Por Hervi Lara B.

    Santiago de Chile, 23 de mayo de 2018.

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