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    Tal como subrayó el Secretario General de la ONU la declaración será vinculante solo en la medida que los gobiernos promulgen leyes locales que reconozcan sus artículos. Lo acontecido genera renovadas expectativas en el movimiento indígena. También interpela a los estados a dar pasos sustantivos en el resguardo de aquellos derechos que, en el caso chileno, en absoluto se acercan a los estandares aprobados por la comunidad internacional.

    – Foto de Tatiana Cardeal.

    (+) Naciones Unidas aprobó en Nueva York Declaración de derechos indígenas

    A pesar de la resistencia de potencias como Estados Unidos, Canadá, Australia y Nueva Zelanda, 143 de los 192 países decidieron adoptar la Declaración Universal.

    Tal como subrayó el Secretario General de la ONU, Ban Ki-moon, la declaración será vinculante solo en la medida que los gobiernos promulgen leyes locales en su favor.

    Los pueblos indígenas de todo el mundo tienen a partir de esta semana el derecho a la autodeterminación, al control de sus tierras y recursos naturales, y la preservación de su cultura y tradiciones, según señala la declaración aprobada por la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas (ONU) el pasado jueves en Nueva York. A pesar de la resistencia de potencias como Estados Unidos, Canadá, Australia y Nueva Zelanda, donde los pueblos indígenas reclaman vastos territorios con ricas reservas, 143 de los 192 países decidieron adoptar la Declaración Universal de Derechos de los Pueblos Indígenas, finalizando de esta manera un proceso de dos décadas de largas negociaciones entre los respresentantes de los estados y diplomáticos indígenas de todo el orbe.

    El texto aprobado está compuesto de 46 artículos y crea parámetros básicos de respeto a los derechos de los pueblos indígenas, que incluyen propiedad de la tierra, acceso a los recursos naturales en los territorios donde se asientan, respeto y preservación de sus tradiciones culturales, idioma, religión, entre otros importantes avances. El documento establece además el derecho a la autodeterminación de los pueblos indígenas, incluyendo el “derecho a la autonomía o autogobierno en temas relacionados con sus asuntos internos y locales, así como caminos y formas para financiar sus funciones autónomas”, un tema polémico, que significó la inclusión de “enmiendas” a última hora por parte de los estados africanos y que no impidieron el rechazo de Estados Unidos, siempre renuente a tratar a los pueblos indígenas como sujetos de derechos políticos. Es decir, algo más que mera “población nativa en riesgo”, sujetos de asistencialismo y beneficencia.

    La aprobación de esta Declaración guarda especial relevancia. Particularmente en países en vías de desarrollo, los pueblos indígenas denuncian año tras año malos tratos, violaciones a los derechos humanos, pérdida de libertades civiles, así como la invasión de sus territorios por parte de grandes consorcios transnacionales. Esta situación no solo ha sido corroborada por múltiples y prestigiosos organismos internacionales de derechos humanos, tales como Amnistía Internacional, Human Rigths Watch y el Grupo Internacional de Trabajo Sobre Asuntos Indígenas (IWGIA), sino tambien por la propia ONU a través del Relator Especial para Cuestiones Indígenas, Rodolfo Stavenhagen. La dirigencia indígena abriga hoy esperanzas de que esta situación pueda cambiar tras la aprobación de un documento que establece, entre otros puntos, que no deben ser sujetos de “ningún acto de genocidio u otro acto de violencia”, asi como tampoco ser desplazados de sus tierras o territorios.

    Lo acontecido en la ciudad de Nueva York contrasta con la situación que sufren en Chile los pueblos indígenas en general y el Pueblo Mapuche en particular. Esta se caracteriza por la desprotección jurídica de sus territorios, la folclorización de sus ritos y conocimientos ancestrales y, en el último tiempo, una feroz persecución político-judicial contra organizaciones y dirigentes tradicionales que demandan tierras ancestrales y que han sido condenados con leyes promulgadas por la dictadura militar de Pinochet. Solo a modo de ejemplo, tras casi dos décadas del retorno de la democracía al país, los sucesivos gobiernos de la Concertación aun mantienen pendiente la promesa realizada el año ¡1989! de reconocer a los mapuche como Pueblo y ratificar el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, que protege territorios y garantiza un piso básico de derechos colectivos, hasta hoy inexistentes en la débil legislación indígenista local.

    La presidenta Michelle Bachelet a señalado que bajo su administración estas “promesas electorales” serán cumplidas finalmente. Su voto a favor de la aprobación de la Declaración en la Asamblea General puede ser considerado un pequeño paso. Resta observar aun las medidas que su gobierno implementará a objeto de adecuar políticas públicas y modelo económico de desarrollo a este nuevo escenario internacional de derechos. Y es que tal como subrayó el Secretario General de la ONU, Ban Ki-moon, la declaración será vinculante – y no una mera carta de buenas intenciones- solo en la medida que los gobiernos promulgen leyes locales que reconozcan el documento y garanticen la aplicación de sus 46 artículos. Lo acontecido en Nueva York genera renovadas expectativas en el movimiento indígena. También interpela a los estados a dar pasos sustantivos en el resguardo de aquellos derechos que, en el caso chileno, en absoluto se acercan a los estandares aprobados por la comunidad internacional /

    Pedro Cayuqueo
    Director Periódico Azkintuwe

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