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    La iniciativa implica el traspaso de 9,5 millones de afiliados de las AFJP al sistema público de pensiones, luego de que las administradoras privadas perdieran hasta el 20 por ciento de su rentabilidad. El fisco recibirá sólo durante este año 15 mil millones de pesos que, de no aprobarse la ley, irían a parar a los grandes grupos económicos. De las 445 mil personas que jubilaron en el sistema privado, 179 mil ya recibían complementos estatales que equilibraban una pensión que no alcanzaba el mínimo. Otros 33 mil cotizantes habían quedado sin fondos y dependían del Estado argentino. “Estamos haciéndonos cargo de las consecuencias de las políticas de saqueo”- dijo Cristina Fernández.

    La presidenta de Argentina, Cristina Fernández, envió ayer al Congreso el proyecto de ley que jubilará a las Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones (AFJP), transformándolo en un Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), dependiente del Estado.

    “Siempre que hay pérdidas el Estado debe hacerse cargo de todo, incluso en aquellos sectores donde nos decían que el mercado y su derrame lo resolverían todo”- dijo la presidenta Argentina al anunciar la medida junto a todos los ministros del gabinete, algunos  gobernadores, sindicalistas, las madres de Plaza de Mayo, diputados y senadores. Afuera del edificio, en la Avenida Callao, se concentraron cientos de personas convocados por las organizaciones sindicales, quienes cantaban y tocaban bombos festejando la medida.

    Fernández sostuvo que en el contexto de la crisis económica mundial, la decisión fue  estratégica. “En el mundo, una vez más, cuando vemos que aparecen las pérdidas, es que vuelve a aparecer la figura del Estado para hacerse cargo de todo, como siempre ha sucedido en la historia de la economía de la humanidad”- sostuvo la presidenta transandina.

    Fernández de Kirchner no tuvo empacho en declarar al régimen de capitalización instaurado en por Carlos Menem y Domingo Cavallo, y que rigió en la Argentina durante 14 años como “un sistema que constituye un despojo y una clausura a todo lo que ha sido la base del sistema previsional en todo el mundo: la solidaridad”.

    El fisco recibirá sólo durante este año 15 mil millones de pesos argentinos que, de no aprobarse la ley, irían a parar a los grandes grupos económicos. También el Estado argentino absorberá a los 11 mil trabajadores de las AFJP.

    La iniciativa legal fue firmada por la presidenta, el ministro de Trabajo, Carlos Tomada, y el jefe de Gabinete, Sergio Massa. El aporte personal para la jubilación correspondía al 11% del salario, según la ley argentina.

    Actualmente aportan a las AFJP unos cinco millones de personas y al Estado unos 3,5 millones.

    El Estado absorberá el sistema privado y garantizará a los afiliados y beneficiarios de las AFJP “la percepción de iguales o mejores prestaciones que los que gozan actualmente”. “El sistema de capitalización deja el futuro de los ingresos de nuestros trabajadores y jubilados a merced de los avatares del mercado financiero, es decir, sujeto a operaciones de riesgo, tal como se hace evidente ante la crisis financiera internacional”- señala el mensaje del proyecto legal.

    La medida va en sintonía con las adoptadas por países europeos, e incluso Estados Unidos, para hacer frente a la crisis económica. “Aquel relato que inundó nuestras vidas sobre la inviabilidad de un Estado fuerte, se derrumbó estrepitosamente” – señaló Fernández. Por su parte, el titular de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), Amado Boudou, agregó que países como Estados Unidos, Francia, España y Canadá sostienen un sistema previsional público. “Cuando las medidas estatistas las toma Estados Unidos, resultan simpáticas. Si las tomamos nosotros, nos tildan de setentistas” – dijo la Presidenta.

    Socialización de pérdidas

    Copiado de Chile, el modelo de cotización individual en asociaciones privadas fue instaurado hace 14 años por el ministro de Economía de Carlos Menem, Domingo Cavallo, acusado posteriormente de corrupción.

    Los medios transandinos reconocen que el sistema privado no cumplió con ninguno de sus objetivos: no estimuló el blanqueo de trabajadores; las comisiones de los bancos y las empresas se comieron durante años una buena tajada de los aportes; y no logró consolidarse un mercado de capitales privados.

    La iniciativa de Fernández implica el traspaso de todos los 9,5 millones de afiliados a las AFJP al sistema público de pensiones. El Estado también se hará cargo del pago de las 445 mil personas que jubilaron en el sistema privado, a quienes se les reconocería el mayor haber del último año, aunque ya 179 mil de ellos ya recibían complementos estatales que equilibraban la reducida pensión de las AFJP, que no alcanzaba el mínimo. También el Estado se había hecho cargo de la pensión total de otros 33 mil cotizantes del sistema privado a quienes las AFJP no les daban ni uno al haberse terminado sus fondos.

    Los ahorros acumulados en las cuentas de capitalización individual suman casi 98 mil millones de pesos, de los cuales están invertidos en títulos públicos un 55%; en acciones, un 10,9%; a plazos fijos, un 7,47%; en acciones en el extranjero, un 6,5%; fideicomisos financieros, 4,74%; fondos comunes de inversión, 4,71%.

    Las AFJP podrán seguir administrando las cotizaciones de aquellos empleados de sueldos más altos –ejecutivos o profesionales de clase media – que están en condiciones de ahorrar voluntariamente en una cuenta de capitalización para el momento de su retiro. Estos  representan el 0,3% de los afiliados.

    La respuesta del ‘mercado’

    La bolsa de valores de Argentina reaccionó negativamente con la medida, cayendo un 10,99%, siendo las acciones bancarias las que encabezaron las pérdidas con hasta un 21%. La mayor parte de los bancos son accionistas en las AFJP. Durante el mes de octubre la  bolsa transandina acumula una pérdida de un 34,51%.

    Debido a la estampida bursátil de los especuladores, la justicia prohibió a las AFJP operar en el mercado con bonos y acciones durante siete días. La orden la dio el juez federal Claudio Bonadio tras una denuncia del fiscal Marijuán.

    Frente a las críticas a la medida, provenientes de la banca y de economistas neoliberales, Fernández preguntó a “los que quieren seguir con las AFJP, ¿a qué caja defienden o quieren representar”, además de poner como ejemplo los casos de Aerolíneas Argentinas y Aguas Argentinas, también vueltas a dominio público, proceso en el que el Estado trasandino tuvo que  incorporar a un millón de personas que habían quedado fuera de la jubilación.

    La medida la justificó la mandataria argentina diciendo que estamos adoptando esta decisión en un contexto internacional en donde los principales estados, integrantes del G8, están adoptando una política de protección hacia bancos y en nuestro caso hacia jubilados y nuestros trabajadores”.

    Boudou calificó el sistema previsional en manos de privados como un experimento fracasado, argumentando que hoy “miles de afiliados a las AFJP dependen del pago que les hace el Estado”. Luego agregó que la medida es para “rescatar de la incertidumbre a nuestros jubilados y a los que tiene el régimen de capitalización. Bien podríamos hablar de un saqueo. Ese saqueo fue la instauración misma del régimen de capitalización en la Argentina. Con esa decisión los argentinos nos endeudamos en millones de dólares adicionales”.

    Boudou terminó anunciando que “venimos a dar nacimiento al sistema previsional argentino. Un sistema de reparto de base solidaria y de administración estatal.  Venimos a dar por terminado el experimento fracasado del régimen de capitalización en la Republica Argentina. Venimos a darlo por terminado, porque en realidad no es un seguro. Es un sistema que no tenia una red. Y lejos de dar previsibilidad y tranquilidad venía a agregarle incertidumbre”

    La próxima semana la Cámara de Diputados deberá discutir el proyecto, discusión que promete ser dura, ya que los dirigentes opositores al gobierno de Fernández anunciaron que harán todo lo posible para evitar la nueva ley. El nuevo modelo sería similar al que está en vigencia en Brasil y España. “Habrá muchas presiones, de toda índole. Son pocos los intereses en juego pero muchos los dividendos”- advirtió Fernández a sus legisladores.

    Mauricio Becerra R.

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