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    La indexación consiste básicamente en el establecimiento de un mecanismo ad hoc que sirve para reajustar los precios. Según la fórmula de la indexación, esta se producirá de manera instantánea para mantener una relación estrecha con la evolución de los precios. Por ejemplo, la UF establece un reajuste automático de ciertos precios en relación con el IPC.

    Hasta ahora, la UF ha permitido proteger los ingresos de los grupos más acomodados en detrimento de los grupos más pobres debido a que mantiene el poder de compra de los ingresos provenientes de retornos financieros, así como también encarece una serie de precios que afectan el bolsillo de los hogares más pobres.

    Esta relación se acentúa por la inexistencia de mecanismos de indexación de los salarios, con lo que los aumentos en el nivel de precios son absorbidos por los sectores más postergados, acentuando la concentración del ingreso en nuestro país.

    Desde la década de los sesenta se han establecido en Chile una serie de mecanismos de diversa índole destinados a frenar la erosión del poder adquisitivo causada por la inflación. El más duradero de ellos, la UF (Unidad de Fomento), consiste en una unidad de medida indexada al índice de precios al consumidor (IPC), indicador que muestra la variación de precios de una canasta de bienes representativa del consumo de una familia promedio. La UF, en este sentido, se ha utilizado para poner precio a artículos de venta o para especificar cantidades de dinero que deberán ser pagadas a futuro.

    Actualmente la UF es utilizada predominantemente en el sector financiero de manera que se encuentran indexados: todo tipo de préstamos, el valor de las hipotecas y otros contratos en el mercado de la vivienda, los instrumentos financieros gubernamentales de largo plazo. También existen algunos tipos de ingresos indexados como son las pensiones alimenticias y algunos beneficios del sistema de seguridad social.

    En un comienzo el valor de la UF estaba a cargo de la SBIF (Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras) y era ajustado tres veces en el año, con lo que presentaba un rezago respecto de la variación del IPC. A partir del año 1977 y hasta hoy, el valor de la UF es actualizado diariamente en base al IPC del último mes, de manera que existen menores rezagos en los precios vinculados a esta. Desde 1990 la institución encargada de fijar los valores diarios de la UF es el Banco Central.

    Cuando ha sido utilizada, la indexación financiera ha cumplido de manera bastante eficaz su objetivo de proteger los retornos financieros de la inflación. Las utilidades netas de las instituciones financieras muestran una fuerte tendencia al alza entre 1990 y 2007. Además, estas parecieran encontrarse aisladas de las variaciones en el nivel de actividad económica, de manera que las caídas en el crecimiento del PIB no se reflejan en descensos similares en las utilidades de estas instituciones. Resalta, en este sentido, que estas apenas se hayan visto perjudicadas por la contracción del PIB en 1999, disminuyendo apenas su ritmo de crecimiento para retomar rápidamente el curso de crecimiento acelerado que han presentado hasta la fecha.

    Lo mismo puede apreciarse respecto de las instituciones bancarias que utilizan la indexación financiera como modo de proteger los retornos de sus colocaciones. También en este caso las utilidades netas y tasas de rentabilidad del sector parecieran encontrarse aisladas de la evolución del conjunto de la economía. Destaca que las tasas de rentabilidad de los bancos superen en varias veces el crecimiento del PIB para el período 1999-2004.

    Más grave aún, las altas utilidades percibidas por las instituciones bancarias se encuentran de nuevo altamente concentradas. Apenas tres bancos, el Santander-Santiago del grupo Santander, el Banco de Chile del grupo Luksic y el BCI del grupo Yarur concentran más del 55% de las utilidades en el período 1999-2004.

    No es distinto el caso general de las sociedades anónimas. Los datos encontrados para los años 2002 a 2007 muestran un crecimiento sostenido de las utilidades netas, nuevamente con independencia del nivel de actividad económica. Peor aún, esto coincide con una tendencia a la concentración: las 20 sociedades anónimas que muestran las mayores utilidades cada año representaban el 23,4% y 35,4% de las utilidades totales en el 2002 y 2003; 60% en 2004 y 2005; 84,7% y 90,4% en 2006 y 2007.

    Si bien a lo largo del siglo pasado se establecieron mecanismos de indexación salarial obligatorios que regían el conjunto de los contratos de trabajo celebrados, el año 1985 se flexibilizó esta normativa permitiéndose que fuera objeto de negociación entre el empleador y el trabajador particular. A partir de entonces y hasta el día de hoy la actualización del salario en función del nivel de inflación está sujeta a las posibilidades de los trabajadores de incluir en sus contratos cláusulas de indexación, principalmente a través de los procesos de negociación y convenios colectivos.

    Los mecanismos de negociación colectiva en Chile, entre 1990 y 2007, no alcanzan a cubrir al 15% del total de ocupados de cada año. Este contexto de desmovilización y baja participación sindical ilustra la poca efectividad de dejar a los propios trabajadores la misión de negociar periódicamente el reajuste de sus salarios conforme a la variación de los precios. Por lo demás, tiende a privilegiar a los sectores que históricamente han tenido mayores niveles de organización sindical y contribuir a la condición de desprotección de los trabajadores informales y con problemas de empleo.

    A diferencia de lo observado respecto de las utilidades, las remuneraciones han presentado una tendencia a la baja. El crecimiento de los salarios nominales mostró casi una década de disminuciones (1995-2004) volviendo a aumentar a contar de 2005. Recién en 2007 se alcanza el nivel de crecimiento experimentado por los salarios nominales una década antes. Si se observan en términos reales, el crecimiento de las remuneraciones cae a la mitad entre 1995 y 2000 para luego estabilizarse y volver a aumentar recién en 2007 a los niveles de 11 años atrás.

    Este contexto de indexación financiera y desindexación salarial ha producido una situación en que las ganancias de las empresas y en especial de las instituciones financieras y bancos se encuentran protegidas a costa de los ingresos de los trabajadores, especialmente aquellos de menores recursos, de modo que ha incentivado la concentración de los ingresos incluso al interior mismo del grupo que percibe mayores ingresos.

    Iniciativa Legislativa

    Es más o menos evidente la enorme distancia que existe ente el mecanismo de indexación –la Unidad de Fomento- de que disponen sectores privilegiados, como las sociedades anónimas y el sector financiero, y el mecanismo disponible para los trabajadores –la negociación colectiva-, lo que ha tenido como consecuencia no sólo la desprotección salarial frente a la inflación, sino también, el deterioro de los salarios reales, los que están actualmente por debajo de los niveles de mediados de los noventa. A su vez, las sociedades anónimas y el sector financiero, no sólo han sido protegidos frente a la inflación sino también frente a los ciclos económicos recesivos, mostrando un incremento sistemático en el tiempo.

    Necesariamente esto ha implicado un crecimiento de la desigualdad y un deterioro de las condiciones de vida de los trabajadores, quienes no sólo están desprotegidos frente a la inflación pues no gozan de ningún mecanismo de indexación eficaz, sino que tampoco tienen acceso masivo a los procesos de negociación colectiva, los que en la medida que son extendidos y permiten la expresión del poder negociador de los trabajadores, pueden constituir mecanismos eficaces para la protección de los salarios reales.

    El compromiso de la Concertación y del gobierno de la Presidenta Bachelet con los sectores más postergados del país, nos obliga a institucionalizar mecanismos eficaces de protección de los trabajadores y es por ello que postulamos la necesidad de crear un mecanismo de indexación automática del salario mínimo, a fin de que este sea referente tanto en los procesos de negociación colectiva como en los contratos de trabajo.

    Un principio mínimo de justicia es que a todos se les apliquen las mismas reglas del juego, es por ello que si ciertos sectores de la economía gozan de los privilegios de la UF, también los otros tengan ese mismo derecho: o todos con UF o ninguno.

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