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    La Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) acaba de poner un freno a la guerra jurídica que adelanta la “justicia” ecuatoriana contra el expresidente Rafael Correa (2007-2017), al rechazar el pedido de difusión roja en su contra.

    La respuesta a la solicitud hecha en julio por la jueza nacional Daniella Camacho la comunicó la organización en un informe enviado este 5 de diciembre a la Corte Nacional de Justicia ecuatoriana.

    “Tras haber examinado detenidamente todos los elementos concernientes a la situación jurídica del Solicitante, la información disponible a la Comisión reveló que la retención de los datos en el Sistema de Información de Interpol no era compatible con la obligación de Interpol de asegurar la efectiva cooperación entre autoridades policiales dentro del marco de respeto a la Declaración Universal de Derechos Humanos”.

    Por esta razón, la Comisión anunció que decidió suprimir los datos de Correa de su sistema.

    El exmandatario se preguntó si ahora renunciará la jueza. Foto: EFE.

    Según manifestó la Corte, esta decisión “no cumple con los requisitos establecidos en el (…) estatuto” de la Interpol y “está sujeta a revisión”. Además, aclararon que “la notificación roja y la extradición son trámites independientes”.

    Tras conocerse la decisión, el exmandatario se pronunció a través de su cuenta en Twitter.

    “Más claro no canta un gallo: rechazan alerta roja por no ser compatible el caso con el respeto a los derechos humanos. ¿Se irá preso el exfiscal? ¿Renunciará la “jueza” Camacho? ¿Qué pasará con Chicaíza y Falcón, los testigos falsos? ¿Y con los “peritos”? Todo fue un gran fraude”.

    En otro mensaje, Correa advirtió que es “muy grave para el país” que Interpol haya rechazado el pedido de la “justicia” por atentar contra los derechos humanos. “Esto es solo el principio. Los derrotaremos en todas las instancias internacionales, donde no hay ‘transitorios’ ni prensa corrupta“, agregó.

    A Correa se le vincula con el caso del secuestro del exlegislador Fernando Balda. Foto: Web.

    La campaña contra Correa empezó con una supuesta vinculación ―que carece de pruebas fehacientes― al secuestro del exlegislador Fernando Balda, hecho que ocurrió en 2012, en Bogotá, Colombia.

    La arremetida tomó dimensiones mayores cuando Camacho resolvió que, a partir del 2 de julio, Correa debería presentarse cada 15 días en Quito, condición “imposible de cumplir”, ya que desde que culminó su mandato vive en Bélgica, a miles de kilómetros de distancia y con el océano Atlántico de por medio.

    A pesar de que Correa se presentó en el consulado en Bélgica, la jueza ordenó el 3 de julio la prisión preventiva y solicitó la difusión roja a la Interpol.

    El exmandatario niega las acusaciones y denuncia “falso testimonio, pruebas forjadas y chantaje”, en una investigación con la que buscan sacarlo del juego político.

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