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    Amenazas de muerte a indígenas, una casa apedreada y otra incendiada, muertes sin investigar en las comunidades. Este es solo un breve resumen de la situación por la que están pasando mujeres líderes sobre todo en Pastaza.

    Según organizaciones sociales e internacionales, allí se evidencia un contexto de riesgo para las defensora de derechos humanos y de la naturaleza. En esa provincia existe explotación y concesiones petroleras.

    María José Veramendi, investigadora de Amnistía Internacional (AI) para Sudamérica, visitó Quito la semana pasada para hacer seguimiento a los casos.

    Así lo sostiene María José Veramendi, investigadora de Amnistía Internacional (AI) para Sudamérica. Ella visitó Quito la semana pasada para reunirse con funcionarios públicos. Dice que han observado con preocupación cómo desde enero de 2018, en un corto periodo de tiempo, se han incrementado los ataques a las defensoras y que no existen avances en las investigaciones en la Fiscalía.

    Cita como ejemplo, el ataque a Patricia Gualinga, dirigente del pueblo Sarayacu. El 5 de enero pasado, una persona desconocida arrojó piedras a su casa que rompieron varias ventanas. Ella estaba en su vivienda, en el Puyo, junto a sus padres, hermano, esposo e hija. El agresor gritó varias amenazas contra la dirigente. Veramendi afirmó que desde enero hasta la fecha no hay avance en esta investigación. “Esto coloca a las mujeres en una situación de mayor riesgo y vulnerabilidad al ver que en sus casos no se sancionan a los responsables”.

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    Patricia Gualinga

    El caso más reciente fue el de Margoth Escobar. Ella es defensora desde hace más de veinte años y ha sido atacada en más de una ocasión. En el 2015 también fue detenida y agredida después de participar en una marcha contra la política petrolera en la Amazonía. Pero el hecho más reciente ocurrió el 29 de septiembre pasado cuando desconocidos incendiaron su casa en el Puyo. El 2 de octubre presentó la denuncia ante la Fiscalía. Su casa era la sede de las reuniones de las mujeres amazónicas. Además la Defensoría del Pueblo la nombró defensora de defensores en Pastaza.

    A estos casos se suman los de Nema Grefa, Salomé Aranda, Gloria Ushigua, Alicia Cawiya e Ivonne Ramos, según un reporte de Acción Ecológica.

    Ante esta situación, el 9 de agosto pasado AI, Acción Ecológica, Fundación Pachamama, la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos y Amazon Watch publicaron una carta abierta al presidente de Lenín Moreno en la manifestaban su preocupación por la ausencia de mecanismos de protección, así como la ausencia de resultados en las investigaciones por las amenazas y ataque a esta dirigentes. De esta carta, según Veramendi, no recibieron respuesta.

    “Creemos que es necesario que Ecuador cuente con una política pública de protección a los defensores y que debe ser construida con la participación de las nacionalidades indígenas. Además que se cuente con un protocolo de investigación de crímenes contra personas defensoras”, dijo a Plan V la investigadora.

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