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    Cuando se atiende el debate educativo, en seminarios, en escuelas, universidades o en el diálogo con  los actores educativos, a pesar de la evidencia y de la propia realidad que se vive en los territorios, persisten argumentos que ven como buenas medidas para mejorar la educación, castigar a los “malos profesores” y los “malos estudiantes”, rigidizar los estándares de aprendizaje, privatizar la gestión de los establecimientos y/o instalar una gestión educacional basada primordialmente en el accountability y los incentivos. La fuente de tales argumentos es un destacado cuerpo investigativo y técnico que trabaja en darle proyección a un determinado modelo educacional y por que no decirlo de país. Estos son los conocidos “centros de pensamiento”, cuerpos técnicos especializados que inciden directamente en el debate de las políticas públicas chilenas.

    Los lineamientos educativos de estos centros son fácilmente observables en los argumentos que algunos de ellos usaron en la discusión sobre la Ley General de Educación. En su defensa de la libertad de enseñanza, muchos de estos actores defendieron la vigencia de directrices educativas de dudoso carácter público, por ejemplo: la selección de estudiantes como forma de garantizar la aplicabilidad de un proyecto educativo particular, la facultad de expulsar o suspender matrícula a los estudiantes,1 impedir la participación de los padres en los reglamentos internos de los establecimientos, promover la segregación por competencia, defender la autonomía total de los establecimientos “para buscar sus propias maneras de llegar a los resultados”, incluso hasta cuestionar la necesidad transversal de instalar prácticas participativas en las instituciones educativas o impedir que el Estado promueva valores y contenidos de interés público en los colegios que él financia2, etc. (Carolina Velasco de libertad y Desarrollo, José Joaquín Brunner de Fundación Chile, Arturo Fernandois de la Universidad Católica, Alberto Vial Eguiguren  de LIBEDUC, en sus intervenciones en la cámara, extraídas del Informe Comisión de Educación, Cultura, Deportes y Recreación. Cámara de Diputados. Recaído en el proyecto que establece una Ley General de Educación. Boletín: 4070-04).

    Los medios de comunicación legitiman constantemente las directrices emanadas de estos centros, en el caso de la educación,  tales directrices reciben un importante respaldo de medios como “El Mercurio” y “ La Tercera” que han sido implacables en destacar que el problema de la educación esta en “la escasa subvención y la mala calidad de los profesores que se amparan en una institucionalidad laboral rígida”, o la necesidad flexibilizar los controles sobre el mercado educativo”, y la legitimación de una “visión de cambio educativo, en la perspectiva de los estándares de desarrollo económico del país”. 3 Estos centros reducen la complejidad de los procesos educativos, como lo señala lúcidamente una columna aparecida hace algunos días,  al “conductismo”.4

    Estos “think thans” se articulan entre ellos, reciben un fuerte financiamiento por parte del empresariado y, en ocasiones, del propio Estado. En el caso de la educación han sido los principales defensores teóricos del concepto de escuela privada y la competencia educativa, asociado a la “transversalmente” deseada calidad educativa. Contamos entre los distintos conglomerados al Centro de Estudios Públicos, ligado a la familia Matte, al grupo Angelini, y  a otros importantes empresarios nacionales, como Juan Andrés Fontaine, presidente de la bolsa electrónica;  miembro también del consejo del Instituto Libertad y Desarrollo donde también se encuentran Patricia Matte, Hernán Felipe Errázuriz, también miembro del consejo de redacción del diario el Mercurio. A este grupo transversal de la derecha podemos agregar a la institución promotora de la libertad de enseñanza llamada LIBEDUC, en cuyo consejo están M. Luisa Vial Cox, Harald Beyer Burgos (también del CEP) y José Weinstein, Director de Educación de la Fundación Chile (institución que sostiene el portal http://www.educarchile.cl), quien además integra como investigador el nuevo centro de estudios avanzados en educación de la Universidad Católica. Casi todos personajes ligados a los grandes capitales nacionales y a corporaciones educacionales privadas.5

    Parece no ser novedad este tipo de relaciones en nuestra elite, hoy es norma en chile que el pensamiento conservador se ligue a las elites económicas, con las cuales constituye un discurso común. Lo alarmante es que este discurso hoy comienza a consolidarse en los sectores llamados progresistas, como es el caso de la tecnocracia concertacionista representada por el think tank  Expansiva, entre otros o decididamente críticos al modelo educativo actual, como es el caso de los propios profesores u otros actores educativos que son permeables las exigencias de excelencia y competencia, al control y la sanción. Hace algunos días dos investigadores del OPECH acudieron a una reunión de una organización de base que discutía acerca de las necesidades educativas de su comuna. En esta reunión en donde entre otras personas también había profesores, uno de ellos comenzó a exponer lo que el pensaba eran medidas indispensables. Se debía agrupar al 20% de los mejores profesores de la comuna y al resto había que despedirlos, lo mismo había que hacer con las escuelas que no se ajustaran en cierto plazo a los estándares más exigentes de calidad y excelencia, los planes de mejora debían ser guiados por una asesoría externa, ojalá extranjera. Las escuelas  públicas debían ser competitivas igual que las mejores escuelas privadas. Preocupante disolución del verdadero sentido de la escuela pública, expropiada de un lenguaje propio para hacerse entender. El lenguaje económico y competitivo termina reduciendo los objetivos educativos a los intereses de un sector de la sociedad, que en el sentido común medio tiene hoy una importante fuente de legitimación. A esto es a lo que se le llama hegemonía. Una hegemonía que no para de consolidarse ante la falta de crítica a  los preconceptos que los propio actores y organizaciones sociales, inocentemente, sustentan.

    Hace algunos días una noticia sorprendió a la ciudadanía, en una iniciativa inédita en el país, los centros de estudios de derecha y concertación más algunas universidades se unieron en un consorcio para la reforma del Estado. El comité ejecutivo que dirigirá el Consorcio estará conformado por María de los Ángeles Fernández de Chile 21, Jorge Marshall de Expansiva, Ignacio Irarrázabal de la Universidad Católica, Alejandro Ferreiro, Harald Beyer del CEP y Cristián Larroulet de Libertad y Desarrollo. Los dos últimos han sido designados como voceros de la agrupación.

    El conductismo educativo, el imperio de la economía sobre la política y lo privado sobre lo público se consolida, en un terreno inédito, los think tanks, que en una suerte de privatización de las funciones  del Estado podrían terminar por resignificar definitiva y peligrosamente los sentidos de lo público.

    Juan González López
    Observatorio Chileno de Políticas Educativas- Universidad de Chile
    www.opech.cl

    Ver

    Columna Jorge Inzunza en “El Conductismo de Libertad y Desarrollo” en www.versus.civiblog.org

    Reportaje de Luz María Zambrana V.“El ambicioso proyecto de los “think tanks”chilenos” en Economía y Negocios “El Mercurio” 02 de Agosto 2008.

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